22 de febrero 2021
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El régimen Ortega Murillo ha continuado la demolición de los estudios de televisión del canal de cable 100 % Noticias y de CONFIDENCIAL, después que en diciembre de 2018 la Policía ocupó ilegalmente nuestras redacciones, se robó todos nuestros equipos de producción, y encarceló a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda durante seis meses.
Según los rótulos oficiales que han instalado en ambos medios de comunicación, siempre resguardados por policías armados, estas oficinas ahora “son propiedad del Ministerio de Salud”. En la redacción de CONFIDENCIAL, Esta Semana, y las oficinas de Cabal, que operaban desde 2004 en ese mismo edificio, instalarán una “Casa Materna para el Distrito I”, y donde funcionaba 100% Noticias desde 2006, construirán un “Centro de atención a personas con adicción de alcoholismo y/o drogadicción”. Adicionalmente, en la sede del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en Juigalpa, ahora hay un puesto de salud, y en la propiedad del Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade) se instalará un “Centro para diabéticos”.
Con estas publicitadas “obras de salud”, que se presentan como un acto loable del “comandante y la compañera” ante los partidarios del régimen, se pretende sellar el cierre de dos medios de comunicación, ejecutado manu militari, y la clausura de varias organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos humanos y la cultura de valores democráticos y derechos ciudadanos.
En realidad, estamos ante un burdo intento de “lavar” un crimen de Estado contra las libertades de prensa, de expresión, y de asociación, con la complicidad del Ministerio de Salud. El Gobierno ha violado el artículo 44 de la Constitución Política, que de forma taxativa establece que en Nicaragua “está prohibida la confiscación de bienes”. Y al apropiarse de estas oficinas, las tres titulares del Ministerio de Salud, Martha Reyes, Sonia Castro, y Carolina Dávila, son corresponsables de esta violación a la Constitución y, según el mismo artículo 44, “deben responder por los daños inferidos”.
Las titulares del Minsa premiadas por Ortega con la adjudicación ilegal de estas propiedades, son también encubridoras de la mentira oficial que ha sido propagada por el gobernante ausente sobre la tragedia humanitaria provocada la covid-19. En 2020, en Nicaragua murieron más de 7600 personas a causa de neumonía, infarto al miocardio, diabetes e hipertensión, cuatro enfermedades agravadas por el coronavirus, cuya letalidad se disparó de forma exponencial con la pandemia. Las estadísticas oficiales demuestran que nunca había ocurrido algo similar en los últimos 25 años. Pero las Ministras de Salud —no los médicos y trabajadores de la salud del Minsa— se han burlado del dolor de miles de familias nicaragüenses y alegan que solo han fallecido 172 personas.
Según Ortega y Murillo, a contrapelo del silencio obligado ante miles de entierros exprés que hemos presenciado, Nicaragua es un ejemplo mundial en la efectividad para prevenir la pandemia. Pero si esto fuera cierto, entonces ¿por qué el Gobierno se niega a permitirle a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizar una auditoria en Nicaragua? ¿Por qué siguen ocultando los resultados de las pruebas de covid-19 que se realizan en Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Minsa, y por qué mantienen centralizados los test?
El sector privado y la población han demandando que se descentralicen las pruebas de la covid-19, para que se puedan hacer en distintos laboratorios, y que se rebaje el costo oneroso de los 150 dólares impuesto por el monopolio del Minsa. Pero en el reino de la opacidad de la dictadura, no hay respuesta para esta ni para ninguna otra pregunta de interés público.
Lo que resulta insólito es que también callen los organismos internacionales, y que ni siquiera se atrevan a formular en público las preguntas que se hacen los nicaragüenses, que son los beneficiarios finales de sus préstamos. Hace dos semanas, CONFIDENCIAL le preguntó al BID y al Banco Mundial, que juntos otorgan 63 millones de dólares al Minsa, sobre el déficit de transparencia que prevalece en el Ministerio de Salud sobre la covid-19, y su única respuesta sigue siendo el silencio.
Los organismos internacionales aseguran que están vigilando por la transparencia en la ejecución de las compras con el uso de sus fondos, y está bien que así sea, pero esto es insuficiente en el caso del Minsa y la covid-19 si no se practica una salvaguarda de transparencia sobre lo que está en juego: las vidas de los seres humanos, para quienes están destinados estos servicios.
El pueblo tiene derecho a saber la verdad sobre la tragedia de la covid-19 y por ello es imperativo terminar con la censura contra los medios de comunicación, la censura contra los médicos y trabajadores del sistema de Salud, y el silencio de los organismos multilaterales y regionales que financian al Minsa. Nicaragua necesita más cooperación internacional del Banco Mundial, del BID, del Fondo Monetario, y del BCIE para prevenir la covid-19 y fortalecer el sistema de Salud, pero los préstamos de los organismos multilaterales de crédito no deberían ejecutarse a costa de la falta de transparencia pública.
