14 de noviembre 2021
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Noviembre viene con una agenda electoral cargada: cinco elecciones a lo largo de cuatro domingos sucesivos, tres de ellas presidenciales y legislativas (Nicaragua, Chile y Honduras), una de medio período (la Argentina) y otra de nivel regional y municipal (Venezuela). La maratón electoral inicia y cierra en América Central (Nicaragua y Honduras, respectivamente), mientras las otras tres elecciones tendrán lugar en América del Sur.
Todas estas elecciones tiene lugar en un contexto regional complejo y desafiante. En el terreno económico, luego de una fuerte caída del PIB regional de casi el 8%, este año veremos un rebote de cerca del 6.3%, pero sin proyección de continuidad para el 2022, ya que entonces caerá al 3% (FMI, octubre de 2021). Este crecimiento presenta un alto grado de heterogeneidad y continúa adoleciendo de problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad. Cabe recordar que desde 2014 y hasta 2019, la región ya venía padeciendo un crecimiento anémico (inferior al 0.5% promedio), un quinquenio perdido.
El carácter de crisis múltiple que gatilló la pandemia (salud, economía, social y de gobernanza) desnudó los déficits estructurales de la región, aceleró tendencias y trajo problemas. El importante aumento de la pobreza (más de 22 millones de nuevos pobres), de la desigualdad (3 puntos del GINI) y el desempleo (11%), junto con los altos niveles de corrupción e inseguridad ciudadana, son una combinación tóxica para la estabilidad política.
El malestar social ya estaba presente previo a la llegada del covid-19, como lo evidenciaron las numerosas protestas durante la segunda mitad de 2019; protestas que fueron enviadas a cuarentena por la pandemia, sin que se resolviesen las causas que las motivaron, lo cual crea el riesgo de su regreso en varios países.
El apoyo a la democracia se mantiene bajo (49%) y la insatisfacción muy alta (70%). La confianza en las instituciones políticas es igualmente baja (13% partidos políticos y 20% congresos). En varios países, la división de poderes se ha debilitado mientras los organismos electorales, la Justicia y la libertad de expresión sufren fuertes ataques de parte del poder político.
El domingo último Nicaragua dio el pistoletazo de salida de la maratón electoral con “elecciones” de presidente y vicepresidente (a una sola vuelta), 90 diputados de la Asamblea Legislativa y 20 diputados del Parlamento Centroamericano. En ellas el dictador Daniel Ortega logró, en una farsa electoral, su cuarto mandato consecutivo, en su afán de consolidar su dictadura familiar para permanecer indefinidamente en el poder. Los comicios tuvieron lugar en un clima de fuerte represión, con todos los espacios de oposición democráticos cerrados –los siete principales aspirantes presidenciales presos y tres partidos de oposición con su personería jurídica cancelada–, sin las garantías básicas de integridad electoral y sin la presencia de observadores internacionales confiables. Pese a que el régimen afirma que obtuvo el 75% de los votos y que la participación electoral fue del 65%, lo cierto es que la abstención fue muy elevada. Según la ONG nicaragüense Urnas Abiertas, la abstención fue cercana al 81.5%, y la victoria estuvo amañada por y para Ortega. Se trató de un proceso viciado, carente de toda legitimidad y credibilidad, cuyos resultados deben ser desconocidos dentro y fuera de Nicaragua.
Hoy, la Argentina celebrará unas elecciones de medio período con sabor a referéndum. Están en juego la mitad de la Cámara de Diputados (127/257 legisladores) y un tercio del Senado (24/72 senadores). Las PASO constituyeron un duro revés para el gobierno que lo obligó a oxigenar su gabinete, activar al máximo el “aparato” para movilizar a sus simpatizantes y poner en marcha un paquete de medidas que van desde el congelamiento de los precios hasta el plan “platita” –de fuerte contenido clientelar– con el objetivo de mejorar sus chances en las urnas. Un resultado similar a las PASO, dejaría al gobierno en una posición de marcada debilidad, con una gobernabilidad frágil (podría llegar a perder el quórum propio en el Senado y dejar de ser la primera minoría en Diputados) y agudizaría las disputas al interior de la coalición oficialista de cara a las presidenciales de 2023. La elección sigue abierta y el nivel de participación –que se estima será varios puntos más alto que en septiembre– podría ser clave en los resultados.
En un cuadro muy complejo –malestar social, clima económico enrarecido, alta incertidumbre, volatilidad y polarización, debilitamiento de los partidos tradicionales, juicio político en contra del presidente y un proceso constituyente que marcha en paralelo a la campaña–, Chile irá a las urnas en una semana, el domingo 21 de noviembre, para elegir al sucesor de Sebastián Piñera, 155 Diputados y 43 Senadores.
En estas inéditas elecciones chilenas lo único que pareciera seguro es que el presidente quedará definido en la segunda vuelta del 19 de diciembre. Según las últimas encuestas, los dos candidatos mejor posicionados para disputar el ballottage son Gabriel Boric (de izquierda) y José Antonio Kast (de extrema derecha). En un país con voto voluntario y tradición de participación electoral mediocre (un promedio de 44% en los últimos cinco comicios), la movilización de electores y quienes vayan a votar, podría inclinar la balanza para el ganador en ambas vueltas.
El mismo 21 de noviembre, los venezolanos tendrán elecciones regionales y municipales para elegir 23 gobernadores, 335 alcaldes y concejales y numerosos diputados locales. Sin contar con garantías plenas, el proceso electoral registra algunos avances respecto del pasado: una autoridad electoral renovada (con dos de los cinco rectores sin vínculos con el chavismo) y la presencia de observadores internacionales por primera vez en 15 años, entre ellos la Unión Europea; condiciones que animaron a la oposición a participar pese a los altos riesgos que existen y el record de fraude electoral del régimen.
Los comicios se llevan a cabo en una coyuntura política tensa. Por un lado, los diálogos con todo el arco opositor en México, mediados por Noruega, que buscaban una transición democrática fueron suspendidos por el régimen ante la detención internacional y extradición a Estados Unidos de Alex Saab, uno de los principales testaferros de Maduro. Por el otro, la semana pasada, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció durante su visita a Caracas la apertura de una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Honduras, el 28 de noviembre, cierra el rally electoral de América Latina. Se elige en una sola vuelta presidente, 128 diputados al Congreso, 298 corporaciones municipales, 2092 regidores y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. A partir del golpe de Estado de 2009 el país centroamericano ha visto un creciente deterioro de sus instituciones democráticas: una cuestionada reelección del presidente Juan Orlando Hernández en 2017, las denuncias de militarización, corrupción y los vínculos probados de familiares y miembros del gobierno con el narcotráfico y el crimen organizado.
Los comicios serán monitoreados por misiones de observación electoral entre las que destacan la OEA y la UE. La elección se decidirá entre el continuismo que ofrece el candidato oficialista, Nasry Asfura –acosado por sospechas de vínculos con el narco y corrupción–, y el cambio radical hacia la izquierda que propone la alianza opositora que encabeza Xiomara Castro de Libertad y Refundación (esposa del depuesto presidente Zelaya, en 2009) junto con Salvador Nasralla. En las últimas encuestas, la oposición comienza a tomar la delantera aunque el pronóstico es reservado.
Esta maratón de noviembre cierra el primer año del súper ciclo electoral latinoamericano, conformado por una intensa agenda de cinco elecciones presidenciales y legislativas (Ecuador, Perú, Nicaragua, Chile y Honduras), una legislativa separada (El Salvador) y dos de medio período (México y la Argentina), una elección para convencionales constituyentes (Chile) y elecciones subnacionales en varios países de la región.
En tres de los cinco países (Chile, Honduras y la Argentina) los escenarios electorales siguen abiertos, caracterizados por altos niveles de incertidumbre, volatilidad y polarización, así como por un eventual voto castigo a los oficialismos que, de confirmase, traerá cambios políticos importantes en el mapa político regional –más heterogeneidad y fragmentación– y desafíos crecientes en materia de estabilidad política y gobernabilidad.
Texto original publicado en La Nación Argentina
