La madre de todas las leyes

La Constitución política es la base esencial en que descansa la convivencia pacífica, armónica y segura en una sociedad. Se le llama carta magna, ley fundamental, norma suprema y otras expresiones semejantes, para reflejar que es la matriz de donde se desprenden las normas que hacen posible que las personas, familias, etnias, trabajadores, empresarios y organizaciones sociales desarrollen sus actividades en libertad, con derechos, orden y garantías.

Así, la Constitución Política establece los principios que sirven de fundamento a la nación, define la estructura del estado, sus órganos y competencias, así como el conjunto de derechos y libertades de los ciudadanos, y los procedimientos e instituciones destinadas a resguardar el orden y resolver las controversias.

La Constitución es, por así decirlo, la madre de todas las leyes.

Tal vez por esta razón, en 1996 se aprobó una ley que declara los primeros lunes de cada septiembre como día de la Constitución Política.

Hoy pues deberíamos estar rindiendo homenaje a la constitución política.

La pregunta obligada es ¿tenemos algo que conmemorar?

Por supuesto, no hay nada que celebrar porque la Constitución fue demolida y, sobre los despojos Ortega edificó su régimen dictatorial. La sociedad quedó inerme ante el poder crudo y duro del monarca. Tal vez la pregunta correcta sería si en verdad tenemos Constitución.

Y sobre el rótulo en el que se escribió la siniestra leyenda “Aquí yacen los restos de la Constitución” también está un rótulo con una flecha que señala la dirección en que se conduce al país. La flecha apunta hacia el pasado. Porque el régimen de Ortega reencarna en un solo cuerpo todas las lacras del pasado. El caudillismo, el continuismo en el ejercicio del poder, la corrupción, el abuso, el nepotismo, la impunidad, el aplastamiento de los adversarios. Ahora ha agregado el origen divino de su poder. Mientras en lo económico impone un modelo caracterizado por el atraso, la depredación de los recursos naturales y la exclusión.

Pasamos así de una Constitución elaborada para una revolución eterna (1987), a una Constitución reformada para la democracia (la de 1995), a una Constitución desfigurada a la medida de los caudillos pactistas, para terminar en una Constitución dinástica. Si es que se le puede llamar Constitución.

Ortega y sus comparsas al desmontar las instituciones fundamentales del país y nos han colocado nuevamente en tierra donde todo vale, que también quiere decir, donde nada vale.

Anotaré algunas de las mayores perversiones históricas del régimen en contra de la Constitución. Evidentemente, no son todas.
1. La confiscación del derecho a elegir y ser electo. Cualquier repaso por la historia de nuestro país revela que buena parte de los conflictos se originaron en la anulación de la soberanía popular. En el afán de mantenerse en el poder, por encima de la voluntad popular. De hecho, la primera elección en el siglo XX que cumplió con parámetros mínimos fue la de 1990. El respeto al derecho al voto soberano y libre, abrió puertas para que los nicaragüenses eligiéramos a nuestros gobernantes y allanáramos el camino a la paz. Ortega, al anular ese derecho con los fraudes electorales, la destitución arbitraria de funcionarios electos y ahora con la farsa electoral, nos coloca nuevamente ante los mismos dilemas fatales que como país hemos enfrentado a lo largo de la historia. Dilemas siempre resueltos con dolor y tragedia.
2. La reelección presidencial. Los afanes de perpetuación en el poder siempre fue motivo de conflictos y guerras. Ortega, al imponer su reelección nos coloca, otra vez, ante la misma cuesta empinada y cubierta de espinas.
3. La aniquilación de los otros poderes del estado. Para garantía de los ciudadanos, el ejercicio del poder debe ser resultado de equilibrios entre los distintos órganos del Estado, con sus competencias y atribuciones. Ortega controla ahora todos los espacios públicos. Desde el Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional a la Corte Suprema de Justicia. No hay, ni en la más remota alcaldía del país, ningún espacio que escape al control del monarca.
4. La desnacionalización del ejército y de la policía. El ejército y la policía son instituciones destinadas a salvaguardar el orden y asegurar el respeto a los derechos ciudadanos. Por esta razón, es condición imprescindible que su actuación se subordine estrictamente a la Constitución y a las leyes. Una de las lacras de nuestra historia es la creación de cuerpos armados que se arropan en banderas partidarias y no en la bandera nacional. Que obedecen a un caudillo y no a las leyes. Ortega, al subordinar los mandos del ejército y de la policía a su voluntad personal, resucita un fantasma de nefastas trayectorias.
5. La concesión canalera. Mediante esa concesión, que Ortega elevó a rango constitucional, se convirtió en polvo la soberanía nacional, se demolieron los principios fundamentales de la Constitución y se arrasaron garantías y derechos ciudadanos. El monarca abdicó la soberanía nacional en manos de un oscuro empresario. Ni leyes penales, ni fiscales, ni civiles, ni administrativas, ni mercantiles, ni laborales pueden aplicarse a los concesionarios. Para los beneficiarios de la concesión no existe ni el Estado ni las leyes nicaragüenses.
6. La sucesión dinástica. Representa, como se dice, la tapa al pomo. No contento el control absoluto del poder, ahora Ortega pretende heredarlo a su familia al designar a su esposa como candidata a vicepresidente, en contra de disposición expresa de la Constitución.

¿Tenemos entonces algo que celebrar?

Por supuesto que no. Lo que tenemos es el reto y la obligación de luchar por restablecer la democracia y dotarnos de una Constitución que exprese un sólido consenso social a partir del cual podamos edificar un futuro decente para todos.