11 de octubre 2021
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Ernesto Cardenal, sacerdote, poeta y ex ministro de cultura de Nicaragua en el primer período de la revolución sandinista, que parafraseando a su hermano, padre Fernando (2012) dijo: “Mi esperanza es que los jóvenes vuelvan a las calles a ser historia”. Y Ernesto Cardenal señaló: “Y ahora, repentinamente, en todo el país han surgido los jóvenes en protestas, tomándose las calles…Nicaragua en todas partes ha resucitado”. Esa juventud, que antes fue anti somocista y hoy anti orteguista, ha incrementado su rechazo al autoritarismo y detona la explosión social y política de abril de 2018 enfrentándose a una salvaje represión que los condena a la muerte, la tortura, la prisión y el exilio.
En la primera manifestación cívica autoconvocada el día 18 de abril de 2018 en horas de la tarde fueron atacados, apedreados, golpeados con garrotes y patadas, personas de la tercera edad, jóvenes y periodistas que resultaron seriamente lesionados por los llamados grupos de choque del Gobierno, conformados por motociclistas que ocultaban sus rostros con los cascos y pandilleros de barrios marginales de la capital reclutados y organizados por el mismo Gobierno.
Todo ocurrió, frente a la policía que no actuó para protegerlos. Al siguiente día las protestas se extendieron a las ciudades más importantes del país y las principales universidades de Managua como la Universidad Centroamericana (UCA), la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), la Universidad Nacional Agraria (UNA), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Politécnica (UPOLI), se sumaron gradualmente a las protestas donde la resistencia a la represión policial alcanzó niveles casi insurreccionales.
La gente siguió manifestándose en todo el país los días subsiguientes. El 30 de mayo de 2018, los autoconvocados se congregaron en el centro de Managua para marchar contra Ortega y pedir justicia por los jóvenes que habían sido asesinados en las protestas. Esta manifestación, una de las más numerosas, fue atacada por policías y simpatizantes de Ortega, quienes dispararon contra familias, niños y jóvenes, resultando 18 víctimas mortales que confirmó la misma Policía Nacional de Nicaragua.
Toda esa represión trajo aparejada como resultado 325 asesinatos mayormente jóvenes protestantes pacíficos, unos 2000 heridos, y 60 000 exiliados en el primer momento de la represión que luego se elevaría a unos 100 000 exiliados.
Mientras Ortega en su discurso procuraba legitimar la represión de las manifestaciones señalándola como una oposición de “grupúsculos” de “extrema derecha” que intentan un “golpe de Estado” y que sus protestas eran actos terroristas. La primera dama, vocera y vicepresidenta designada, Rosario Murillo empleaba diminutivos en su repertorio de descalificaciones contra las protestas ciudadanas, llamando a los jóvenes auto convocados “seres pequeñitos, mezquinos, mediocres, seres llenos de odio”, “cuanto tóxico debe haber en esas almas, “cuanto odio, cuanto veneno en esos puchitos que quedan por ahí”, “parecen vampiros reclamando sangre para nutrir su agenda política, para alimentarse porque el vampiro se alimenta con sangre”.
En la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se expulsaban estudiantes, muchos de estos expulsados terminaban capturados por la Policía y presentados días después como terroristas. La persecución llegó a los institutos públicos de las localidades, donde autoridades preguntaban a profesores por listas de jóvenes desaparecidos que no habían asistido a clases, supuestamente para justificarlos, pero la idea era identificarlos y los paramilitares buscarlos en sus casas.
Oficiales de inteligencia de la Policía en motos, vestidos de civil recorrían los barrios siguiendo a los jóvenes que estuvieron en los tranques y registraban hasta los buses para secuestrarlos. La inseguridad, el desempleo y el exilio de miles de nicaragüenses generado por la violenta represión del Gobierno de Daniel Ortega, provocaron que el cincuenta por ciento de los estudiantes de las 14 universidades del Consejo Superior de Universidades Privadas (COSUP) hayan desertado del año lectivo (2018), según informó el presidente de este gremio, Adán Bermúdez.
Pero la crisis venía de arrastre y expandiéndose entre múltiples sectores socio económicos. Cinco años antes, exactamente el 22 de junio de 2013 grupos progubernamentales agredieron a los jóvenes en vigilia pacífica de apoyo a la lucha de los adultos mayores que, por una reducción de sus pensiones, llevaban ocho días de protesta frente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Las agresiones se llevaban a cabo bajo la mirada pasiva de agentes de la Policía que no hicieron nada para detener las golpizas. Los agresores también robaron varios autos en la cercanía del INSS, a la vista del cordón policial, hasta la fecha no recuperados.
Este evento se fue sumando a otros que encubaron la crisis político social gatillada con la fatídica represión de abril de 2018. Una sumatoria de causas no resueltas, ni siquiera atendidas, que acumuló el régimen de Ortega a fuerza de recrudecer la represión. La ausencia gubernamental para dar adecuada respuesta y mitigar la quema de la Reserva Indio Maíz, la represión a los adultos mayores por reclamos del Seguro Social, los reclamos campesinos contra el proyecto canalero chino y toda una acumulación de resentimientos con el régimen autoritario que acumuló el control de los poderes del Estado, el control social-político partidario en localidades de todo el país mediante los Consejos de Poder Ciudadano (CPC) que identificaban afines y no afines al Gobierno, del mismo modo que la Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses, afín al Gobierno, controlaba a los estudiantes universitarios y la distribución selectiva de cédulas de identidad con fines electorales, que privaba a los excluidos de poder acceder a empleos, escuelas y otros centros de estudio.
A ello, hay que citar a aquellos jóvenes, que los hubo y los hay, respaldando al partido del Gobierno bajo la lógica de ganarse oportunidades, que no le eran garantizadas como derechos, sino como dádivas desde el poder, y con ello contar con cupo en la universidad o tener oportunidad de una beca, asistiendo a una movilización partidaria del Gobierno de Ortega-Murillo.
Ni los anti-“puchitos” ni los pro-“sapos” orteguistas se han encaminado a resolver la desconfianza mutua que, respetando sus respectivas concepciones políticas, facilite a esa juventud vislumbrar una opción superadora al antagonismo en su Patria, solo han apelado respectivamente a una misma consigna, originada en los viejos años 80: “ni un paso atrás” y “que se rinda tu madre”.
*El autor de este artículo fue Embajador de la República Argentina en la República de Nicaragua del 08 de julio del 2013 al 21 febrero de 2019. Es, además, miembro Consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Este artículo fue publicado originalmente en Infobae.
