1 de noviembre 2023
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Cuando los gobiernos municipales son incapaces de tomar decisiones propias por sumisión al gobierno central, se crea una cadena de sucesos perversos que distorsionan la democracia y el desarrollo local. Es lo que está sucediendo en Nicaragua a escala nacional después de la imposición de gobiernos rojinegros en todo el país tras la farsa electoral de 2022. Por un lado, ocurre la expulsión de la ciudadanía de los espacios de toma de decisiones; por el otro los problemas más importantes son obviados a expensas de lo que ordene la metrópoli. Es el corolario que parece predominar en los hallazgos del estudio “Municipios nicaragüenses, entre la subordinación política y el rechazo ciudadano”, presentado recientemente por la Red Local.
Todo se decide en Managua
Todo lo que se hace y sucede en los municipios se decide en el gobierno central, en particular las decisiones de importancia por su dimensión física y por su peso financiero. Para ello se ha generalizado la misma liturgia que ya se seguía en los municipios donde gobernaba el FSLN antes de 2022: el escalón de decisión lo ocupan las reuniones en Managua en las que alcaldes y secretarios políticos reciben instrucciones de parte del gobierno central; en el escalón de control están los delegados de INIFOM, para seguimiento técnico, y los secretarios políticos para el aseguramiento político; el nivel de la ejecución es ocupado por las alcaldías. Cuando se trata de adecuar las decisiones nacionales a lo local se reúnen los concejales sandinistas a puertas cerradas, sin presencia de concejales de la “oposición”.
De manera que la respuesta a las preguntas de quién y cómo se construye la demanda en los municipios es clara: gobiernos locales completamente cerrados a las necesidades de la población en todos los canales institucionales posibles. Este hermetismo esconde la incapacidad de las alcaldías para tomar decisiones para el desarrollo local por la imposición de las órdenes del gobierno central. Nada extraño respecto de lo que había ocurrido antes de 2022 en alcaldías gobernadas por el FSLN. El cambio radica en que esa práctica ahora se ha generalizado. Es decir: la extinción del autogobierno, de la autonomía local, como norma en todo el país.
De la participación a la figuración
El complemento de la recentralización de las decisiones de los municipios ha sido el cierre de todos los espacios de participación ciudadana, y el intento de convertirla en mera figuración en fiestas patronales o en los eventos oficiales de inauguración de lo que las personas entrevistadas llaman “obras cosméticas” estandarizadas para todos los municipios. En estos actos no hay ningún tipo de relación directa entre ciudadanos y autoridades públicas; las personas sólo cuentan para las fotos. Las únicas opciones para conocer lo que está pasando en el gobierno local es preguntar a gente conocida lo tratado en cabildos y asambleas de consultas restringidas a los miembros y simpatizantes del FSLN, o bien utilizar los canales partidarios del FSLN para presentar las demandas de sus comunidades. Otra parte de las respuestas revelaron que hay personas que prefieren no hacer críticas ni demandas por temor a ser tachadas de opositores al régimen y sufrir represalias.
En síntesis, la situación retrata unos gobiernos que no gobiernan y una no-ciudadanía obligada a “no meterse en nada” para evitar posibles represalias.
El pastel de las contrataciones públicas
La prestación de los servicios públicos era uno de los temas sensibles de valorar por parte de los usuarios en este estudio. En particular estaba la percepción de cómo se están llevando a cabo las contrataciones para la producción de cuatro servicios: construcción y mantenimiento de calles y caminos, protección del medioambiente, agua potable (aunque no sea competencia de algunas municipalidades) y la recolección y tratamiento de la basura.
Las entrevistas identificaron, al menos, tres patrones de actuación: la asignación de contratos por razones políticas; la adjudicación de proyectos a pseudo contratistas compuestos por familiares y allegados a las alcaldías, entre los que se encuentran exfuncionarios de las mismas; y la designación desde el nivel central de las empresas que serán seleccionadas para obras mayores. Todas estas modalidades tienen un eje común: una red de corruptelas para el enriquecimiento a cuenta de las finanzas públicas.
De manera gráfica puede decirse que las contrataciones públicas se reparten entre tiburones y sardinas. Los contratos grandes se los quedan los tiburones, empresas internacionales y nacionales, generalmente propiedad de miembros del FSLN, recomendadas por Managua. Los contratos menores se los disputan pequeños contratistas locales igualmente emparentados con el FSLN.
Esto revela un perfil altamente clientelar de la contratación de las obras públicas, pero no solo una o dos veces, sino de manera fija y estable, asegurándose de que vuelva a ser contratado independientemente de la buena o mala ejecución que hubiese realizado. El pastel de los proyectos municipales está siendo distribuido entre las mismas personas por razones políticas, convirtiendo a las alcaldías en una agencia de negocios lucrativos de personas y familias por la condición de su filiación política, por lazos familiares o de amistad, y por cercanía con los mandos nacionales que bajan las orientaciones al nivel local.
Ello hace del FSLN una organización cuyo pegamento de la base a la cúspide no es un proyecto político colectivo ni una narrativa ideológica, sino más bien el lucro personal, el enriquecimiento ilícito mediante la apropiación desenfrenada de los recursos públicos.
Impacto del cierre masivo de oenegés en el municipio
El cierre masivo de oenegés impactó negativamente diversas áreas del desarrollo local, en particular el mundo rural que se vio directamente afectado en áreas como la protección del medio ambiente, la promoción de la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, equidad e inclusión, y el desarrollo de cadenas de mercados justos. La retirada de las oenegés arroja tres perdedores: las mujeres, el campesinado y los pueblos indígenas de la Costa Caribe. Son perdedores netos frente a un régimen patriarcal y misógino, con un apetito depredador insaciable de los recursos naturales. La red de protección social que representaban las oenegés no ha podidos ser sustituida por los gobiernos locales ni por los programas clientelistas del gobierno central.
La esperanza está en la resistencia
Pero no todo es saldo rojo. El estudio también arroja la pervivencia de una cultura cívica de catacumbas. Una ciudadanía que, a pesar de haber sido expulsada del espacio público, se niega a comulgar con los antivalores que el FSLN y los gobernantes locales intentan asentar mediante sus prácticas. Este rechazo se sustenta en la capacidad comparativa que las personas entrevistadas siguen teniendo entre el antes y el ahora.
Entre la subordinación política de los gobiernos municipales y el rechazo abierto de la ciudadanía, sobrevive la resistencia cotidiana que la población manifiesta, mayormente en lugares no públicos. Aunque la dictadura pretenda la despolitización de la opinión pública para que la gente se dedique a sus asuntos privados, hay un caldo de cultivo para la resistencia que se manifiesta a la primera oportunidad que se presenta. Para muestra un botón: Ninguna de las personas a quienes se le solicitó, rehusó ser entrevistada. En ellas está la semilla del renacimiento del municipio autónomo como lo hiciera otras veces en nuestra historia.
