8 de marzo 2018
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Las organizaciones de mujeres en América Latina y el Caribe pueden estar orgullosas de sí mismas: gracias a sus luchas, se ha progresado significativamente en la adopción de marcos legales para avanzar en la igualdad de género. Hoy en día, las mujeres tienen mayor acceso a ingresos propios, su participación laboral aumentó y disminuyeron las brechas en la calidad del empleo entre mujeres y hombres.
Sin embargo, falta mucho. Las remuneraciones por trabajo de igual valor siguen siendo desiguales, las mujeres se concentran en empleos informales y sin condiciones laborales dignas. Además, ellas siguen teniendo una responsabilidad desproporcionada en las tareas domésticas y los cuidados no remunerados. Cuidar, asear y cocinar siguen siendo “asuntos de mujeres”.
La CEPAL calcula que las mujeres de la región dedican más del triple de tiempo al trabajo no remunerado que los hombres, lo cual limita sus oportunidades de educación, capacitación o empleo, e imposibilita su empoderamiento económico. Esto explica en parte porque a pesar de los avances y de la reducción general de la pobreza que experimentó la región, esta se feminizó a lo largo de la última década.
Hoy América Latina vive una encrucijada. El renovado compromiso con la igualdad de género y los derechos humanos, a través de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, choca con un marco económico menos favorable. Los gobiernos aplican políticas de austeridad con consecuencias devastadores para las poblaciones desprotegidas. Al mismo tiempo, la opinión pública ve que muchas multinacionales pagan apenas una parte de los impuestos que les corresponden, como reveló nuevamente el escándalo de los “Paradise Papers”.
Lo más sorprendente, para el ciudadano común, es entender que estos abusos tributarios son legales. Las reglas actuales permiten que las empresas, en vez de declarar sus beneficios en el país donde se generan, lo hagan en otro país con una tasa impositiva más baja, a veces nula. Este sistema perpetúa la competencia tributaria, presionando a los países a adoptar impuestos cada vez más bajos.
Desde la Comisión Independiente Para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés) creemos que seguir avanzando en la agenda de género de la región requiere ampliar la mirada. La igualdad de género no se podrá conseguir sin una reforma de la tributación a las multinacionales.
Las políticas fiscales no son neutrales respecto a la igualdad de género: pueden promoverla u obstaculizarla. Debido a las posiciones diversas y desiguales que ocupan mujeres y hombres en la fuerza de trabajo, como consumidores, como productores, como propietarios de activos y como responsables de las actividades comprendidas en la “economía del cuidado”, las mujeres y los hombres experimentan de distinta manera el impacto de las políticas tributarias.
Cuando las multinacionales no pagan los impuestos que les corresponden, esto significa que los Estados tienen menos recursos para invertir en servicios públicos como educación, salud, guarderías, acceso a sistemas judiciales eficientes, y acceso a sistemas públicos de agua potable y saneamiento. Esta dinámica exacerba la desigualdad de género, porque las mujeres están sobrerrepresentadas entre los pobres y en la franja poblacional con empleos precarios o mal remunerados. También suelen asumir una mayor carga de trabajos de cuidados no remunerados cuando se recortan los servicios sociales. Una guardería que cierra puede obligar una mujer a abandonar su empleo para cuidar de sus hijos.
Además, cuando los países ven disminuida su capacidad recaudatoria - las multinacionales no pagando la parte justa que les corresponde -, los gobiernos tienden a compensar esta pérdida aumentando la presión tributaria que recae sobre las pequeñas y medianas empresas o sobre los ciudadanos y familias (generalmente incrementando los impuestos al consumo, como el impuesto al valor agregado - IVA). Estas medidas también tienen una dimensión de género, las mujeres están sobrerrepresentadas en las pequeñas y medianas empresas (que tienen menos posibilidad de eludir impuestos) y en los niveles salariales más bajos. Y cuanto más regresivo sea el sistema tributario, más desproporcionadamente recaerá el esfuerzo del mantenimiento de las políticas públicas sobre las mujeres.
Este 8 de Marzo con ocasión del Día Internacional de la Mujer, cuando los gobiernos de la región reiteren sus compromisos en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres, no estaría mal recordarles que sin políticas tributarias progresivas no podremos avanzar en la igualdad de género ni asegurar los derechos de las mujeres.
Magdalena Sepúlveda es miembro de la Comisión Independiente Para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés). Antigua Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos.
