8 de abril 2017
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La inhabilitación de Capriles forma parte de una estrategia del gobierno que busca matar dos pájaros de un tiro. Por una parte, es la forma convencional de reducir la competitividad en las elecciones potenciales futuras. El gobierno termina apuntando con rifle a los candidatos y líderes que considera más peligrosos y deja en el juego sólo a quienes sean menos potentes en términos electorales o más abiertos a una negociación futura.
La inhabilitación de candidatos y partidos es un clásico de las autocracias modernas, las cuales necesitan validarse electoralmente para evadir el calificativo de dictadura (aunque lo sean de facto) y ganar una especie de legitimidad de origen electoral, aunque la elección sea “mala”.
Pero esas elecciones que requiere el gobierno no las puede ganar debido a su baja popularidad y falta de conexión en un evento transparente y sin sesgo, por lo que requiere construir una elección a la medida, en términos de candidatos, partidos, electores potenciales, fechas y control operativo del sistema electoral.
El segundo objetivo busca provocar divisiones dentro de la oposición para reducir su capacidad de triunfo, incluso frente a elecciones no competitivas. La situación más probable, una vez que el gobierno inhabilita a los favoritos, es que estos no reconozcan la decisión y luchen por mantenerse como los líderes y candidatos de la fuerza opositora, o llamen a una lucha cuyo objetivo primario no sea una elección donde no se les permite participar.
Mientras tanto, los líderes opositores que sí están habilitados para participar, plantearán que es necesario asumir el sacrificio (de los inhabilitados, por supuesto) para no perder la oportunidad de concentrar el voto opositor en un candidato que tenga la opción legal de inscribirse, confiando que ganará y rescatará las instituciones y la democracia.
Esta es la primera fractura. Pero en adición, al obrar sobre los actores que pueden o no participar en una elección, el gobierno manipula la propia elección primaria o los acuerdos políticos posibles de su adversario, provocando tensiones internas para resolver el dilema de selección sobre líderes que no son necesariamente los preferidos de la población opositora.
Esta estrategia, en el caso venezolano, es menos poderosa que en Nicaragua, pues la realidad numérica del soporte del presidente Maduro lo ubica por debajo del 25% del soporte popular, con una concentración de rechazo enorme, que no tenía Ortega en el momento de sus acciones equivalentes.
Cualquier candidato que la oposición presente de manera unitaria, sería un favorito contundente para ganar. Algo que no ocurría en el caso nicaragüense. No obstante, si la oposición se fractura sobre el hecho de si debe o no asistir a una elección sesgada –el evento puede ocurrir con ella fracturada o sin ella por completo–, aun no siendo unos comicios competitivos o representativos, ayudarían al gobierno a tener una excusa de legitimidad electoral, pese a las acusaciones de fraude y manipulación que puedan presentarse. Los casos de Nicaragua y Rusia aquí si nos enseñan mucho al respecto.
Cierro con un mensaje de rechazo contundente a la inhabilitación, persecución y apresamiento de líderes opositores que entorpecen la búsqueda de soluciones democráticas en Venezuela, y envío a Henrique Capriles, como lo he hecho antes con todos los afectados, mi palabra de solidaridad, respeto y estima.
