La impunidad de los sicarios

Para Ana Quirós, Julio López

y los demás heridos.

Por su sangre valiente.

La utilización repetida de particulares disfrazados de cualquier cosa para reprimir con violencia la protesta social es una de las innovaciones del régimen autoritario de Daniel Ortega. Para ilustrar tan sólo tres casos: A los campesinos de El Carrizal los asesinaron un híbrido de policías y de agentes del FSLN; los muchachos de #OcupaINSS fueron agredidos por pandillas de la juventud sandinista y otros delincuentes amparados por la policía; y quienes protestaban contra el zarpazo a la seguridad social fueron atacados por maleantes de la JS bajo la complicidad de la policía. En resumen, una matriz que se repite: sicarios pagados por el gobierno con licencia para matar, con la impunidad garantizada por la fuerza policial.

Haga Ud., un rápido ejercicio mental y repase cuántos agresores de protestas ciudadanas han sido apresados y llevados a los tribunales en los últimos 11 años. Un solo caso: el crimen de El Carrizo, pero… ¿alguna vez se conoció la cara de los asesinos? ¿Cumplieron realmente la irrisoria condena que recibieron? Si fue la propia policía quien protegió el anonimato de los hechores, ¿quién podría asegurar que realmente purgaron sus penas?

En todos los demás casos (y son muchos) a pesar de las claras evidencias que los inculpaban, incluso cuando fueron capturados in fraganti por la población, como los asesinos frustrados de Carlos Bonilla y el pistolero de Metrocentro, nunca se supo que la policía siguiera el mínimo procedimiento para castigar a los culpables y que de alguna manera escarmentaran los demás malhechores. Al contrario, las autoridades lanzaron el mensaje de que se podía agredir a campesinos desarmados, acuchillar a periodistas, destruir sus medios de trabajo y masacrar a la población indefensa en la más absoluta impunidad.

Los sucesos del pasado 18 de abril son un eslabón más de este patrón de actuación. La privatización del uso la violencia del Estado con la complicidad de las fuerzas del orden público.

Lo de la tarde-noche del 18 fue una orgía de violencia ciegadesatada contra personas desarmadas que protestaban legítimamente y de manera pacífica en contra de un atropello del gobierno a todos los nicaragüenses, empleados y desempleados, empresarios y trabajadores, pensionados o no. Ante un despojo a la economía familiar de semejante naturaleza es normal que la gente salga a protestar, además de estar en todo su derecho.

Pero no, en la lógica del régimen autoritario, había que quedarse callado, encajar el golpe, llorar la rabia en los aposentos y seguir con la farsa de “vivir bonito”, “bendecidos y prosperados”. De modo que además del saqueo al bolsillo de la población, también pretenden confiscar lo que coloquialmente se denomina como el “derecho al berrido”; es decir el derecho a protestar, el más elemental derecho a reclamar ante los gobernantes por su mala gestión que en el caso del INSS ha quedado demostrado de sobra por el despilfarro descomunal que se ha hecho con los ahorros (porque eso son las pensiones contributivas) de todos los trabajadores.

Conscientes de que este robo tiene capacidad de generar un conflicto exponencial, los jerarcas del régimen decidieron echar mano del recurso que mejor les ha funcionado en ocasiones anteriores: la represión combinada de los sicarios de la juventud sandinista y de otros delincuentes, y de una policía convertida cada vez más en guardia pretoriana de la dinastía. Una pinza de violencia e impunidad. Si se trata de reprimir a unos pocos ciudadanos indefensos, lanzan sus sicarios; si son pobladores o estudiantes enfurecidos cuyo número y capacidad de defensa supera a los delincuentes, recurren a la policía.

Pero no sólo. Preocupados por el control absoluto de la situación, también han querido crear una realidad paralela con su monopolio mediático. Pretenden, como en el caso de #ocupaINSS, instaurar su propia verdad negando lo que ha ocurrido. Por eso el ensañamiento con los periodistas y con sus equipos de trabajo, porque quieren borrar cualquier evidencia de las masacres cometidas contra gente indefensa. ¿Por qué, si no, robar las cámaras, destruir las tarjetas de memoria y robar los celulares?

Con seguridad en alguna mesa del régimen se esté haciendo el recuento de todo lo saqueado, de los heridos causados y del miedo infundido. Sobre este balance son seguridad se está brindando por otra victoria más. Pero hay victorias pírricas que siembran derrotas estratégicas, y tal vez en esta ocasión con el zarpazo a la seguridad social, como ya ocurrió en otros países, se haya empezado a escribir el epitafio del régimen.

Podrán seguir utilizando el terror de los sicarios protegidos por la impunidad, pero la sangre del pueblo siempre ha terminado abonando el fin del miedo y el ocaso de las dictaduras.