La furia bolivariana contra los Acuerdos de Barbados

El pasado 23 de enero se celebraba otro aniversario de la gesta cívico-militar que derrocó la dictadura de Marco Pérez Jiménez en Venezuela. En este aniversario de la democracia venezolana –hoy en estado zombie—, las fachadas de organizaciones no gubernamentales, sedes locales del partido Vente Venezuela y casas de dirigentes políticos opositores amanecieron vandalizadas con pintas rojas amenazantes y la firma “Furia Bolivariana”.

En pocos días, el gobierno de Nicolás Maduro detuvo de manera irregular a dos dirigentes locales de Vente Venezuela e hizo pública una lista de militares degradados y expulsados por traición y conspiración. También anunció la orden de captura de 11 civiles entre periodistas, representantes de oenegés y líderes políticos. Todos acusados de presuntas conspiraciones e intento de magnicidio. Una historia conocida.

La semana terminó con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de rechazar la impugnación de la inhabilitación administrativa que pesa sobre María Corina Machado, la principal líder de oposición y candidata presidencial de la Plataforma Unitaria de Venezuela. La inhabilitación de otro líder opositor, en ocasiones denominado como un “moderado”, Henrique Capriles Radonski, también fue confirmada. La inhabilitación fue levantada para otros líderes de menor alcance nacional.

Este proceso de impugnaciones se enmarcaba en el más amplio marco de los Acuerdos de Barbados firmados entre el Gobierno y la oposición en octubre pasado, así como otros acuerdos silenciosos entre el Gobierno de Maduro y la diplomacia estadounidense que ha facilitado la flexibilización de las sanciones sectoriales que pesan sobre Venezuela. A cambio, el Gobierno ha liberado una decena de presos políticos y Estados Unidos indultó al connotado empresario convertido en diplomático, Alex Saab, quien fuera una pieza clave en el negocio de compra-venta de alimentos de baja calidad, adquiridos a sobreprecio y que sostuvo la principal política social que mantenía el Gobierno venezolano durante la cruda crisis económica de la última década.

Con la decisión del TSJ, se decantan los conflictos internos del chavismo que recientemente dirimían distintas posiciones: por un lado, quienes avanzaban la tímida liberalización política -que buscaba acoplarse con la apertura económica focalizada que lleva varios años- y, por otro, los que buscaban reafirmar  la vocación autoritaria del régimen, que se resiste a la posibilidad de una alternancia política negociada. La furia bolivariana impulsó la balanza y dio un golpe de muerte a los Acuerdos de Barbados.

El Gobierno de Maduro se rehúsa a participar en elecciones competitivas y medianamente justas, de lo contrario, permitiera a los partidos que le oponen designar a su candidata, electa en primarias abiertas. Sin embargo, además de rehusarse a competir bajo reglas más o menos justas, también pone en riesgo un acuerdo con el que buscaba su legitimación internacional y acceso a recursos que necesita. El grupo de poder asume que la Administración de Joe Biden está en demasiados aprietos, tanto internacionales como domésticos, para endurecer unas sanciones económicas que -argumentan- han incentivado la migración venezolana irregular hacia Estados Unidos. La seguridad en la frontera sur estadounidense es uno de los puntos más débiles de la campaña a la reelección de Biden, que encuentra resistencia no solo en la base republicana antimigrante, sino también entre independientes y demócratas moderados.

Apenas se conoció la decisión del TSJ, el Gobierno de Estados Unidos mostró su rechazo y anunció que revisará la política de relajación de sanciones. Incluso si Estados Unidos impusiera una vez más las sanciones más severas, está claro que los factores más reacios a la flexibilización política interna se han impuesto: es un costo que están dispuestos a pagar. Mantener el poder en condiciones económicas extremas y a costa de la miseria de la población es una estrategia ya usada. No es una circunstancia que le tocó vivir, hoy es una elección del régimen.

Más allá de lo que decida el gobierno de Biden, lo que importa es qué hará la oposición venezolana. Por años, el Gobierno de Maduro ha logrado atizar las divisiones internas de la oposición con represión focalizada, el hostigamiento de grupos contrapuestos y el financiamiento de tránsfugas en los partidos políticos. El Gobierno ofrece prebendas a quienes con obediencia estén dispuestos a participar en elecciones donde nada está en juego. Además, la elite de poder se beneficia del hartazgo social, la pasividad del sector productivo y la inercia autoritaria de la “armonía desilusionada” que genera la pax bodegónica: la estabilidad posterior a escasas concesiones materiales con férreo control político.

La oposición tiene el reto de liderar una campaña por elecciones libres que mantenga en juego el tablero de la negociación, pero que pueda articular la protesta ciudadana y la coordinación social de base y entre partidos políticos. No es un reto menor e interpela al liderazgo que emergió del proceso de primarias para generar consensos internos sólidos y una estrategia efectiva que incluye, pero trasciende a la candidatura presidencial. Este tipo de consensos y articulaciones de grupos diversos lograron en enero de 1958 derrocar al dictador Marcos Pérez Jiménez y  en la actualidad recobran especial vigencia.

*Artículo publicado originalmente por Latinoamérica21