3 de noviembre 2022
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Este 6 de noviembre, por mandato constitucional se llevarán a cabo las elecciones municipales en Nicaragua, la cuales deberían estar encaminadas a las elección de las autoridades locales de todos los municipios del país. Sin embargo, este proceso electoral, al igual que la farsa del 7 de noviembre de 2021, estará marcado por una serie de elementos que afectan su legitimidad y transparencia, algunos devenidos por el propio ordenamiento electoral y su configuración a favor del Frente Sandinista, y otros por las circunstancias fácticas que a diario se agravan con una dictadura que pretende continuar imponiéndose con base en la coerción.
La reforma electoral de mayo de 2022, como complemento de la contrarreforma de 2021, terminó de afianzar el control absoluto sobre el sistema electoral, y el establecimiento de una competencia totalmente asimétrica entre los partidos que “interactúan”, siguiendo la definición sartoriana, dentro de un sistema que en los hechos es ya un sistema de “partido único” en el cual solo el orteguismo puede acceder a las posiciones de poder sea por medio de la administración electoral capturada, o manu militari. Las municipalidades que no ganan por medio de los votos, las usurpan y asaltan violentamente.
El régimen Ortega-Murillo sufre una afección de ilegitimidad tanto interna, por el rechazo de la ciudadanía a su farsa electoral de 2021, reflejada en la abstención de más del 80% del electorado, como externa, luego del desconocimiento de la mayoría de los países de la región a unas elecciones llevadas a cabo sin vigencia de los derechos fundamentales. Esta ilegitimidad que fue también declarada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos.
Esta afección, inexorablemente se extenderá al proceso municipal en virtud de que persisten los mismos elementos represivos: estado de sitio de facto impuesto en las calles, anulación de los derechos políticos, más de 220 personas presas políticas y un sistema electoral sin credibilidad ni independencia.
La capacidad de autodeterminarse de los municipios fue sepultada por el orteguismo, pasando la autonomía municipal a ser un concepto sin repercusiones ni efectos en los hechos, de tal forma que las decisiones que toman los concejos municipales emanan de El Carmen, y ello hace que sean un elemento importante en la configuración de la tiranía en el poder.
El orteguismo desde su retorno en 2007, supo que el control del poder local era neurálgico para detentar su poder político y el ejercicio de la coerción desde la perspectiva del Estado-Familia-Partido, que en las localidades mutó a Municipio-Familia-Partido. El primer fraude electoral de 2008 tenía esa finalidad y dicho control, de la mayoría de municipios, fue reflejado con la masacre de 2018: alcaldes, concejales y secretarios políticos participando en la consumación de los crímenes de lesa humanidad, tramados desde las más altas esferas del Estado, según el GIEI Nicaragua.
Estas elecciones del domingo entrante no son un mero trámite en la consolidación de la dictadura totalitaria del régimen de “partido único”, por el contrario, son una herramienta clave para terminar de materializar el control absoluto de todos los espacios políticos y sociales que les permita a los Ortega-Murillo tener mayor estabilidad y viabilidad sin ningún contrapeso y oposición interna.
De esta manera la dictadura en el poder ha desnaturalizado los procesos electorales que en Nicaragua dejaron de ser desde hace mucho tiempo el instrumento democrático en virtud del cual los electores eligen o cambian a sus autoridades, pasando a ser una herramienta que el régimen utiliza para “legitimar” sus actos despóticos y continuar con su camino hacia la perpetuación del poder.
La farsa electoral municipal marcará la ilegitimidad absoluta de la dictadura a todos los niveles no solo desde la perspectiva del régimen político, sino también desde las localidades que ahora son un instrumento del ejercicio de poder totalitario.
Lo que veremos el domingo es una nueva prueba fáctica que la dictadura se encuentra aislada y en crisis con una soledad de la cual solo se pueden sobreponer con el uso ilegítimo de la fuerza y manteniendo el estado de excepción de facto en las calles, el cual pretenden también consolidar este fin de semana y que se ha manifestado con la ausencia del ambiente electoral.
La omisión ciudadana a participar en unas elecciones desprovistas de cualquier tipo de garantías de respeto al voto y de vigencia de los derechos políticos, es una acción que nuevamente dejará al descubierto a la dictadura y sobre todo su soledad, que más temprano que tarde se reflejará en su caída del poder.
