La diplomacia podría ayudar a revivir la democracia en Venezuela

La próxima elección presidencial en Venezuela, programada para el 28 de julio, es un momento crucial para el país. Si Maduro permanece en el poder y la situación política y económica sigue sin cambios, la crisis migratoria de Venezuela —la más grande del mundo con más de 7.7 millones de personas desplazadas— se profundizará con repercusiones significativas para los países vecinos de América Latina y Estados Unidos, donde los cruces ilegales de la frontera han alcanzado un récord histórico.

Sin embargo, por primera vez en muchos años hay una oportunidad para cambiar la dinámica política en el país. La oposición venezolana, que recientemente se unificó en una extraordinaria demostración de fuerza estratégica y organizativa, tiene una oportunidad única de derrotar a Maduro tras perseverar en el camino de la participación electoral frente a la represión e interferencia del régimen. María Corina Machado, quien ganó decisivamente la primaria organizada por la oposición en octubre, fue inhabilitada para ocupar cargos públicos con acusaciones infundadas de participación en una conspiración antigubernamental. Cuando se bloqueó el registro de su reemplazo para la carrera, la oposición se unió exitosamente en torno a otro candidato, el exdiplomático Edmundo González. Las encuestas recientes muestran a González con una gran ventaja sobre Maduro.

La determinación de la oposición para desafiar a un régimen autoritario en las urnas sirve como un poderoso símbolo de esperanza y envía un mensaje de cambio y reconciliación. También subraya la necesidad de apoyo internacional para ayudar a garantizar que los resultados electorales sean respetados por el régimen y para asegurar una transferencia pacífica del poder si Maduro pierde. La ventana para acciones diplomáticas efectivas se está cerrando rápidamente, haciendo que la acción internacional concertada sea más urgente que nunca.

En este momento crucial, la diplomacia podría jugar un papel decisivo. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha llamado a Maduro, su aliado desde hace mucho tiempo, a realizar una elección justa, señalando su compromiso con la democracia en la región. La intervención de Lula es significativa en vista del papel de Brasil como líder en América Latina, miembro fundador de la alianza BRICS+ y actual presidente del G20.

Venezuela ha solicitado la membresía en BRICS+, que algunos de sus miembros fundadores, incluidos Brasil, Sudáfrica e India, podrían aprovechar para insistir en que las condiciones electorales no se deterioren aún más y que los resultados de la elección sean respetados. Este movimiento podría iniciar una verdadera negociación entre la oposición y el régimen para la estabilización del país como una precondición para unirse al bloque. Tal movimiento podría facilitar una transición política pacífica al proporcionar garantías de seguridad al régimen de Maduro mientras se alinean con objetivos diplomáticos más amplios.

Pero los esfuerzos globales para presionar al gobierno venezolano a permitir elecciones libres y a acatar la voluntad de su gente no deben detenerse allí. La Unión Europea y Estados Unidos podrían ofrecer alivio de sanciones y la normalización de relaciones con el país si los resultados electorales se consideran creíbles. Otros países, mientras tanto, aportan diferentes fortalezas a la mesa: Colombia tiene proximidad geográfica e historia compartida; India, el mayor comprador de crudo venezolano en los últimos meses, tiene lazos petroleros; Sudáfrica tiene el ejemplo de su notable transición pacífica a la democracia; y España tiene una relación singularmente cercana con Venezuela.

Estos países deben presionar por la presencia de observadores internacionales electorales de renombre para proteger la integridad de la votación de julio y prevenir un fraude a gran escala, especialmente ahora que Venezuela ha retirado una invitación a los observadores electorales de la UE. Y en caso de una victoria de la oposición, deberían apoyar las negociaciones para una transición pacífica en los seis meses entre la elección y la toma de posesión programada para enero de 2025.

El gobierno de Maduro ha estado bajo una presión significativa en los últimos años. Estados Unidos ha imputado a Maduro, ha puesto una recompensa de $15 millones por su captura y ha emitido sanciones personales contra él y sus aliados, mientras que la Corte Penal Internacional está investigando posibles crímenes de lesa humanidad en el país. Pero Maduro todavía posee una considerable influencia, incluyendo el control de los tribunales, el congreso y el ejército de Venezuela.

La necesidad de un proceso de transición negociado e inclusivo es evidente, particularmente porque la posición precaria de Maduro —caracterizada por el colapso del apoyo popular y las crecientes presiones externas— aumenta la probabilidad de que recurra a medidas drásticas para aferrarse al poder. Un escenario perjudicial que no se debe descartar es que Maduro escale un conflicto territorial con Guyana como pretexto para cancelar o posponer la elección. Esto muestra los riesgos de la inacción diplomática. Tal intento desesperado de inflamar el sentimiento nacionalista desestabilizaría la región y frustraría las aspiraciones democráticas de los venezolanos.

Las muchas transiciones pacíficas hacia la democracia en América Latina —a menudo logradas mediante una combinación de elecciones, negociaciones y apoyo internacional— pueden servir como una fuente de inspiración. El plebiscito apoyado internacionalmente de Chile en 1988, en el que los votantes rechazaron la propuesta de extender la presidencia del general Augusto Pinochet por otros ocho años, llevó al fin de su dictadura militar. Después de que la candidata opositora Violeta Barrios de Chamorro ganara inesperadamente la elección presidencial monitoreada internacionalmente en Nicaragua en 1990, hubo una transición pacífica del poder. Y Brasil, con apoyo popular e internacional, abandonó el régimen militar a mediados de la década de 1980, lo que llevó a la adopción de una constitución democrática en 1988.

Quizás lo más importante es la propia historia de Venezuela. Los venezolanos demostraron su capacidad para lograr un cambio pacífico de dictadura a democracia durante la transición en 1958. Ese mismo espíritu y resolución están alimentando la lucha actual, pero debe ser respaldada por la comunidad internacional. Incluso si Maduro es derrotado, regresar al camino de la democratización no será fácil.

Estados Unidos, la UE, Brasil y otras democracias no pueden seguir siendo meros espectadores de la elección presidencial de Venezuela. La próxima votación será una prueba de su compromiso con los principios democráticos. Deben aprovechar esta oportunidad para utilizar la diplomacia en lugar de la hostilidad para fomentar el diálogo, acompañar al país hacia una reforma pacífica y promover la estabilidad y el optimismo regional en un momento en que ambos son sumamente necesarios.

*Este artículo se publicó originalmente en Project Syndicate.