La desaparición forzada en el contexto de las elecciones

Estoy familiarizado con el tema, ya que fui detenido arbitrariamente y desaparecido por el régimen de Ortega durante tres meses, después de lanzar mi candidatura a la presidencia de Nicaragua.

Mi detención, o secuestro como yo lo definiría, el 8 junio de 2021, se produjo tras ocho meses de acoso policial, arrestos domiciliarios ilegales, vigilancia las 24 horas del día, prohibición de viajar, difamación, mensajes de amenaza en mi teléfono, mensajes de odio en las redes sociales y varias palizas. La Policía detuvo temporalmente a algunos de mis seguidores después de las reuniones, y los investigó constantemente. La Policía entró en espacios interiores privados para intimidarnos, haciendo fotos y amenazándonos. Muchos de mis colaboradores tuvieron que abandonar el país a raíz de mi detención.

La primera idea que quiero compartir con ustedes es que las víctimas de desapariciones han sido previamente objeto de otras formas de violencia, ya que suelen ser visibles o relevantes en el proceso electoral. Así, el acoso y la violencia electorales pueden facilitar la identificación de futuras desapariciones.

Mi caso no fue aislado. Muchos otros, incluidos otros seis candidatos presidenciales, vivieron casos similares. La lista de desaparecidos es extensa: desde 2018 el régimen ha desaparecido a periodistas, activistas de derechos humanos, sacerdotes, críticos abiertos del régimen, líderes políticos, y un miembro de la Asamblea Nacional, el líder indígena Brooklyn Rivera, desaparecido desde septiembre del año pasado. Incluso han desaparecido agentes de policía que se negaron a obedecer órdenes.  Al día de hoy existe un número considerable de presos políticos desaparecidos.

Me sacaron violentamente de mi casa, en plena noche, sin orden judicial. Me llevaron a El Chipote, una tristemente célebre prisión de alta seguridad, donde pasé los 20 meses siguientes. Mi familia nunca recibió confirmación del régimen sobre mi paradero y ni mi condición. Mis familiares tuvieron que asumir que estaba en El Chipote. A las 3 a. m. del 10 de junio de 2021, fui llevado bajo fuerte custodia policial ante un juez, quien ordenó mi arresto formal, y aplicando la nueva reforma del Código Penal, fui puesto bajo arresto por 90 días.

Mi esposa decidió ponerse en contacto con un abogado de derechos humanos que le aconsejó denunciar mi detención ilegal y mi desaparición forzada, de acuerdo con las normas internacionales. Para ella fue un shock hablar de mí como desaparecido. Esta es la segunda idea que quiero compartir, y es que a veces la gente no entiende la definición formal de desaparición. Ni siquiera yo era consciente de mi condición. Es extremadamente importante concientizar que la desaparición significa la privación de libertad por parte de agentes del Estado que se niegan a revelar el paradero de los detenidos, así como su condición. Es una condición de total vulnerabilidad y falta de protección jurídica.

Tras la denuncia de mi esposa, y conociendo las terribles condiciones represivas en Nicaragua, abandonó el país para continuar su defensa de mis derechos y mi liberación. Dejó Nicaragua con mi hija sin pruebas de mi estado. La angustia, el estrés y el sufrimiento que mi familia tuvo que soportar durante esos meses fueron indescriptibles. Esta es una tercera reflexión que quería compartir. El propósito de la desaparición es infringir el máximo de sufrimiento y terror tanto al preso como a sus familiares. El dolor personal se ve agravado por la incertidumbre de cómo se encuentra el preso y qué puede hacer la familia. En los casos de presos con enfermedades crónicas, el sufrimiento de los familiares por su estado de salud se convierte en una carga adicional. Por el contrario, cuando desaparece, el preso sufre una ansiedad extrema por los familiares ancianos o dependientes. Cómo se las arreglarán para sobrevivir se convierte en una fuente recurrente de temor para el encarcelado.

Pude ver a un familiar el 31 de agosto de 2021. Durante esos tres meses, se me negó cualquier tipo de comunicación con cualquier persona del mundo exterior, incluido mi abogado. Obviamente, se me negaron las llamadas telefónicas. Pude hablar por teléfono con mi mujer y mi hija después de 19 meses en prisión.

A medida que aumenta el nivel de estrés de los presos por la desaparición forzada y el aislamiento, los regímenes autoritarios ejercen más presión psicológica en los interrogatorios para extraer información e intentar forzar declaraciones que comprometan a otras personas, normalmente directores de campaña, donantes y activistas.

Cuando un candidato o un activista de la campaña es detenido y desaparece, toda la campaña entra en modo de emergencia. Hay que cambiar los planes, retrasar o suspender las reuniones y, lo que es más importante, la gente abandona la campaña por miedo a ser detenida.

Vengo de un país donde las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley ejecutan desapariciones forzadas, en coordinación con un Poder Judicial corrupto que obedece las órdenes del Ejecutivo. Las acciones legales internacionales para perseguir la impunidad y responsabilizar a los autores deben ser una prioridad.

Las recomendaciones del informe del grupo de trabajo merecen especial atención por parte de la comunidad internacional, los Estados, activistas de derechos humanos, periodistas y académicos. La violencia electoral y la desaparición forzada son cada vez más comunes para desalentar la participación política. Y lo que es más importante, es un ataque directo a la única forma de sobrevivencia de la democracia: el respeto del voto popular y el derecho político a elegir y ser elegido.

Apoyo las recomendaciones del grupo de trabajo, en particular la importancia de reforzar las observaciones electorales internacionales. Los observadores internacionales deben estar en el país mucho antes de las votaciones, ya que gran parte de la violencia electoral y de las desapariciones forzadas se producen al principio del proceso.

La desaparición forzada es un crimen horrendo que debe combatirse con toda la energía y determinación, en el contexto de los procesos electorales y en cualquier contexto. Este crimen de lesa humanidad provoca sufrimiento personal, impunidad, violación de derechos, miedo, incertidumbre, por lo que debe ser investigado y sancionado, las víctimas deben ser restituidas y los autores deben rendir cuentas.

*Palabras ofrecidas en evento sobre desaparición forzada y elecciones, Ginebra Suiza, 23 de septiembre del 2024.