9 de junio 2016
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La decisión de la Sala Constitucional del Poder Judicial, conformada por magistrados leales a Daniel Ortega, de despojar a Eduardo Montealegre de la personería jurídica del Partido Liberal Independiente (PLI), con lo que anula la casilla electoral y las candidaturas de la Coalición Nacional por la Democracia, es una peligrosa movida que cierra el espacio electoral y sepulta la democracia en Nicaragua.
Con este acto de fuerza, el presidente Ortega desenmascara sus ambiciones dictatoriales sentando un precedente negativo en el país. La Corte, además, abre las puertas al “zancudismo” partidario al ceder la representación legal y sellos del PLI a Pedro Reyes Vallejos, miembro de una de las tres “facciones” que reclamaban la personería de ese partido, con lo que el proceso electoral ahora viciado es mero trámite con el que Ortega pretende perpetuarse en el poder.
Con la decisión de la Corte de hoy, Ortega se impone prácticamente como candidato único en unas elecciones que desde ya carecen de legitimidad, convirtiéndose en una farsa, después de la prohibición arbitraria de la observación electoral nacional e internacional. Ortega primero negó la posibilidad de una elección libre y transparente, y al cerrarle el espacio a la oposición está liquidando las condiciones de una elección competitiva.
En un país que había visto en el derecho a elegir con libertad y transparencia a sus gobernantes la salida a décadas de dictadura, guerras, pactos políticos y farsas electorales, Ortega no deja otra alternativa más que la de la legítima protesta cívica, con una ciudadanía reivindicando ese derecho en las calles, exigiendo de forma masiva el respeto a la democracia, con procesos electorales limpios, competitivos, libres, en los que cada voto sea contando por una institución independiente, cuyos funcionarios no respondan a intereses de un caudillo o partido político. Es la hora de los ciudadanos que no debemos permitir este secuestro de las vías democráticas.
Y también es la hora de la oposición unida al rededor de la Coalición Nacional. Son los miembros de esta oposición los que deben de demostrar que han dejado atrás los viejos vicios políticos de Nicaragua, sus intereses personales, las cuchilladas por cuotas de poder, las prebendas, el odio visceral hacia el adversario, para atraer la atención y simpatía de aquellos ciudadanos descontentos con la clase política, y formar un movimiento en el que sean bienvenidos todos los nicaragüenses que confían en la democracia y el Estado de Derecho, unidos para enfrentar de forma pacífica, pero contundente, a la nueva dictadura dinástica que se quiere imponer en Nicaragua.
Es urgente mantener abiertos los espacios de protesta, enfrentar la intimidación del régimen y evitar este retroceso de la democracia. El liderazgo opositor —ahora en las figuras de Luis Callejas y Violeta Granera— tiene frente a él un trabajo titánico. No sólo deben de garantizar el respeto al voto en un país donde desde el control de las mesas electorales hasta el sistema de procesamiento de datos está bajo funcionarios leales a Ortega, sino que convencer al electorado que son una alternativa viable frente al orteguismo, principalmente entre aquellos sectores populares que se han beneficiado con las políticas populistas del Frente Sandinista.
Es también el momento de llamar la atención de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en Nicaragua, como un mecanismo de denuncia. Aprovechar, por ejemplo, el compromiso con la democracia del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro.
Pero tiene que quedar claro que los nicaragüenses no podemos esperar que el cambio venga de afuera. Nicaragua vive ahora el momento más crítico de su incipiente democracia. Se trata de un país que no ha podido avanzar en la transición iniciada en 1990 y que ahora choca de frente con las ambiciones de Ortega de perpetuarse en el poder junto a su familia, como ya lo hicieron los Somoza. Ya no hay espacio para discusiones estériles, ni posiciones pusilánimes. Es el momento del compromiso y la acción cívica para frenar la deriva dictatorial de Daniel Ortega.
