11 de septiembre 2019
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La depresión es una enfermedad de hombres y mujeres, los invade de tristeza, angustia y les arrebata toda esperanza, en economía se usa el mismo término para un país que se derrumba. En Nicaragua hay signos claros de estar en un estado de depresión, lo indican datos oficiales, sondeos al sector privado y la situación real de personas que han perdido sus trabajos, cerrado sus empresas y entregado carros, fincas y casas a los bancos.
La demanda, lo que mueve la economía se desplomó a niveles alarmantes. El Banco Central en su informe de junio 2019 refleja una caída del 33.6% en las importaciones de bienes de consumo duradero, los electrodomésticos en específico cayeron en un 42.6%. Menos refrigeradores y televisores no asustan tanto como la reducción en las importaciones de bienes de capital que fue del 55.3% en transporte, del 30% en la industria y del 72% en maquinarias agrícolas. Las capacidades productivas ya están seriamente afectadas para los próximos años.
La fuga de capital llegó al 33% para el 31 de marzo cuando habían salido $1834 millones de dólares del sistema financiero. Esa suma supera las Reservas Internacionales Netas Ajustadas (RINA) que apenas llegan a $1375 millones. Las RINA son las reservas de las que realmente dispone el Banco Central luego de descontarle a las Reservas Brutas ($2183.92 millones) $601 millones de Encaje bancario, $180 millones del FOGADE y otras deducciones entre letras pagaderas y depósitos de corto plazo. Con la fuga de depósitos privados se fue más que lo que realmente le queda en reservas al Banco Central.
La banca privada como consecuencia contrajo los créditos y concentra todas sus operaciones en garantizar la liquidez para poder honrar a los depositantes. La liquidez de los bancos alcanza en promedio el 47% según datos de la Superintendencia. El mensaje es claro y genera tranquilidad al público, los costos para los bancos son inmensos. El banco nunca pierde decían nuestras abuelas, pero ahora gana menos. Para mayo las utilidades registran una contracción anual del 47% (FUNIDES) y con esa tendencia pronto estarán cambiando de color sus números en la balanza.
El mercado laboral también fue sacudido, al cierre del 2017 el INSS contaba con 913 797 afiliados, para diciembre del 2018 eran tan solo 755 874, una caída del 17.3%. Es decir, más de 150 mil personas perdieron su empleo. Aunque solo fuese el salario mínimo que devengaran se trata de fortunas que ya no fluyen en mercados, farmacias y pulperías. Tener salario tampoco es garantía de bienestar, el anuario del INSS 2019 registra que más de medio millón de sus afiliados llegan apenas a los 10 000 córdobas. La canasta básica que a partir de la reforma tributaria superó los 14 000 córdobas se hace impagable para el 66% de los asalariados.
La Nicaragua en depresión no invierte en bienes de capital, no confía sus ahorros a su propio futuro, sus bancos alejan cada vez más la liquidez de las costas como esperando lo peor y quienes aún trabajan ven como se derrite su salario por la “inflación tributaria”.
El gobierno enfrenta el reto de guiar a un mejor rumbo la colapsada economía nacional y cuenta cada vez menos recursos. Estimular la demanda con fuertes inversiones del sector público es la receta que muy seguramente aconsejan los asesores al presidente. Construir puentes, carreteras, plantas para la matriz energética, mejoras acueductos, alcantarillados y caminos rurales. Ciertamente estos eran los planes con financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en total aprobados entre estas dos instituciones financieras sumaban más de $1700 millones de dólares. La implementación de esos proyectos fue afectada por la famosa sanción del NicaAct que prohíbe a estos dos bancos cualquier apoyo financiero al gobierno de Nicaragua. Asesores de corte social seguro han recomendado subsidios directos a los trabajadores con bonos al salario, transporte y factura eléctrica, así como donaciones de recursos para la economía familiar. Ese instrumento que de alguna manera impulsa la demanda también se agotó. La cooperación venezolana con más de $4200 millones de dólares se retiró paulatinamente y se apagó por completo en el 2018.
La política contractiva que implica la reforma tributaria lejos de generar mayores recaudaciones depreda la propensión a las importaciones y en combinación con el creciente desempleo y la inflación presiona negativamente el consumo. No hay forma de creer que se recauda más si se consume mucho menos. Esa reforma debe ser derogada e incluso emitir exoneraciones especiales para alimentos de primera necesidad.
La mejor forma de aliviar el déficit presupuestario es adaptar al estado a la nueva realidad económica. La planilla del gobierno central pasó de 60 702 trabajadores en el año 2007 a 110 781 en enero del 2019 y aumentó aun en crisis a 111 085 este febrero recién pasado, según informa el Banco Central. El INSS (Anuario 2019) cuenta con 167 713 trabajadores en la administración púbica e incluyendo a quienes cotizan por otro lado como la Policía con 15 188 y al Ejercito con 15 761 efectivos según datos del Ministerios de Hacienda y Crédito Publico llegamos a una planilla estatal de 200 mil servidores públicos.
En el peor momento quedó el gobierno casi sin capacidades para poder sortear la economía, los fondos externos que han sido su fuerte, a consecuencia de sanciones propias e importadas son parte del pasado. El único recurso económico que queda es la mermada dinámica del sector privado. No hay tiempo para esperar los resultados de sabias estrategias macroeconómicas, hay que tomar decisiones ya, la receta es sencilla y está “en nuestras manos”.
