La confiscación ilegal del Incae

La dictadura de los Ortega-Murillo, haciendo uso caprichoso de las leyes que regulan a las organizaciones sin fines de lucro, ha cancelado la personalidad jurídica del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae). Poco después, llevaron a cabo el robo de sus instalaciones. Según una ministra de la dictadura, María Amelia Coronel Kinloch, Incae incumplió las regulaciones del Ministerio de Gobernación. Ese mismo argumento se utilizó en 2018 contra el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), que fue la primera de muchas otras organizaciones que luego fueron cerradas arbitrariamente, entre ellas Fundación Libertad en 2022. A la fecha, más de 3,400 ONG fueron clausuradas, afectando a más de un millón de nicaragüenses en áreas como educación, salud, microcrédito, agua potable y servicios humanitarios.

La voracidad confiscatoria de los Ortega incluso llegó a la Cruz Roja Nicaragüense, convirtiéndonos posiblemente en el único país del mundo donde se haya tomado tal medida. Forzaron a salir a organizaciones altruistas como Fundación Fabretto, que proporcionaba educación gratuita y alimentación a 50 mil niños de escasos recursos. La nueva víctima de esta medida es Incae, la institución de enseñanza superior en administración de empresas más prestigiosa de Centroamérica. Es la única institución educativa de Centroamérica que ha encabezado los rankings latinoamericanos de educación, manteniéndose entre las primeras escuelas de negocios de América Latina durante muchos años.

El control sobre la educación es parte de la antigua estrategia de los regímenes totalitarios que buscan ejercer un control absoluto sobre la educación. Al confiscar universidades privadas, como hicieron anteriormente con la UCA y muchas otras, los Ortega están empecinados en que no quede ningún espacio educativo que no esté alineado con su propaganda. Otra razón para este tipo de usurpación es que la dictadura considera a las universidades como espacios intelectuales críticos, donde se expresan opiniones diversas. Además, desean eliminar cualquier posible vivero del pensamiento libre que brinde a la juventud plataformas para movilizar el cambio político, económico y social.

Indudablemente, también existe un apetito por adueñarse de lo ajeno, que es algo que ha caracterizado al FSLN. Incae es un activo cuyo valor económico es enorme en términos de tierras e infraestructura. El régimen apunta, a radicalizar su poder al estilo de Corea del Norte o Cuba, y así mandarle un mensaje al sector empresarial de que “estás conmigo o estás contra mí”. Pero de todas esas razones, quizás la que más motivó a la dictadura a robarse el campus Francisco de Sola, es el hecho de que en el año 2018 Incae se colocó en el lado correcto de la historia al ser una de las instituciones que más abiertamente apoyó a un buen sector de jóvenes opositores.

El robo de Incae no puede quedar impune. Incae es una misión internacional y su robo significa una violación flagrante de convenios diplomáticos. Este robo, además, tendrá un efecto negativo sobre la competitividad y riesgo país, dado que Incae es parte del Índice de Competitividad desarrollado por Michael Porter. Tocar Incae ha sido meterse con toda una red regional de fuertes grupos empresariales que difícilmente se quedarán de brazos cruzados. Es esperable que la directiva de Incae, que continúa operando en el campus en Costa Rica, inicie una serie de acciones legales a nivel internacional, ya que tal confiscación no se vio ni siquiera durante la primera dictadura del FSLN en los años ochenta.

Los graduados de los diversos programas de Incae nos solidarizamos con el Instituto y con toda la familia de exalumnos, directivos, profesores y colaboradores de una institución tan importante. Así se lo expresé personalmente al actual rector de Incae, Enrique Bolaños, y a su exrector, Arturo Condo, con quienes coincidí en un foro en San José. Es fundamental ratificar el compromiso de que cuando se restablezca la democracia en Nicaragua, todo lo robado debe regresar a sus legítimos dueños. No deberían ser los contribuyentes quienes paguen por los bienes usurpados, sino todos aquellos que se beneficiaron de lo ajeno. Este tipo de ataques a la propiedad privada también deben ser tratados con la máxima severidad por parte de la comunidad internacional, que hasta ahora ha estado en deuda con Nicaragua debido a sus respuestas tímidas frente a una dictadura oprobiosa.

La educación es el faro que guía a las naciones hacia un futuro mejor. Al cerrar instituciones educativas como Incae, el régimen de Ortega-Murillo oscurece el horizonte de oportunidades para las generaciones venideras y condena al país a un estancamiento intelectual y económico. La defensa de la propiedad privada y la educación es una lucha por la libertad y el progreso que no debe cesar hasta que se restaure la libertad en Nicaragua.