26 de noviembre 2021
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La dictadura Ortega-Murillo, luego de la derrota política y moral del 7N, quedó aún más debilitada por cuanto se plasmó en los hechos, lo que ya observábamos en las interacciones de la sociedad pos abril de 2018: su reducción a una minoría sin capacidad de convocatoria, que gira alrededor de una figura sultánica que no tiene viabilidad ni legitimidad para seguir conduciendo el país. Las votaciones del primer domingo de noviembre fueron una reminiscencia silenciosa de la insurrección popular. El pueblo con dignidad, hidalguía y valentía, rechazó al grupo que detenta el poder y se quedó en sus casas, en una clara conducta activa en pro del cambio, democracia, libertad y justicia sin impunidad.
Este rechazo interno del pueblo que exige un cambio de régimen político, con derechos fundamentales en plena vigencia, sin presos políticos, sin exiliados y con una administración electoral imparcial y objetiva, se acumuló a la objeción internacional no solo de los distintos foros como el Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos (OEA), sino también de Estados y regímenes políticos que se pronunciaron en contra de la farsa electoral del régimen Ortega-Murillo. Una farsa vaciada de todo tipo de legitimidad por las causas fácticas mismas del proceso y sus jueces, el encarcelamiento de los principales precandidatos y liderazgo de la oposición que conllevó a que el 81% del electorado nicaragüense, según el informe de Urnas Abiertas, se abstuviera de votar, en una clara manifestación de la afección de ilegitimidad interna de un régimen que fue electo en su proceso y con sus reglas por una minoría capturada.
La manifestación de las pretensiones de perpetuación en el poder que la dictadura busca materializar, ha forzado a que se construya un frente internacional robusto en reacción al asalto del derecho a elegir de las y los nicaragüenses, lo cual es sumamente importante y necesario para debilitar los pilotes que sostienen al orteguismo en el poder: las fuerzas armadas, las instituciones cooptadas, los grupos económicos empresariales (neooligarquicos) constituidos en estos quince años con capital público, y el financiamiento internacional que les ha sido muy útil para detentar su poder despótico de forma ilimitada, violando derechos humanos, detrás de un discurso de desarrollo infraestructural. Sin embargo, esta presión, que es presupuesto indispensable para que se cambie la correlación de cosas, resulta insuficiente si no existe a lo interno del país una expresión opositora real que se organice, cohesione y fortalezca en este impasse por el que se pasa en la actualidad.
Esto implica, desde un principio, tener claridad de que el derrocamiento de la dictadura será como consecuencia de la resistencia del pueblo nicaragüense a la misma. Y, que la solución de la actual crisis que dé al traste a una transición a la democracia será en Nicaragua, es allí donde la dictadura caerá, no lo será en Estados Unidos, Bélgica ni en Costa Rica, por lo cual los esfuerzos que la oposición haga para superar sus contradicciones deben tener efectos directos dentro del país, en las estructuras territoriales organizadas, en los distintos movimientos sociales, organizaciones gremiales e incluso trabajadores estatales descontentos que rechazaron al orteguismo el día de la votación.
La concertación y articulación de acciones entre la oposición democrática debe conllevar a una concentración y cohesión de fuerzas internas que movilice a las masas y haga posible la caída de la dictadura, para ello deben las expresiones opositoras, en convergencia, mostrarse como verdadera opción de poder real ante la ciudadanía que exige y se manifiesta por el cambio; debiendo articular un discurso político claro, frontal contra el statu quo del que forma parte indispensable el orteguismo, que retome las demandas cotidianas y diarias del pueblo, eleve propuestas programáticas que pongan de relieve la refundación del Estado que se ha derrumbado y colapsado. Así como, las exigencias insurreccionales de abril de 2018. Con el principal objeto de aglutinar y capitalizar al 81% de la ciudadanía que adversa al régimen y que de forma instintiva lo confronta sin programa ni enfoque estratégico.
El cambio es irreversible porque todos los días el pueblo no organizado que es la mayoría política, resiste a los embates del régimen en el poder ante la carestía de la vida, las alzas al combustible y gas butano, la ineptitud para llevar ordenadamente un plan de vacunación, el desempleo y la migración económica forzada a causa de la amplia brecha de desigualdad social que mantiene a las grandes mayorías en los márgenes de la sociedad y del Estado. Sin embargo, mientras no nos coaliguemos desde la oposición con mira determinada a botar a la dictadura bajo los cauces de la lucha no violenta, con propuestas claras, sin repetir los errores del sectarismo y electoralismo, con discursos que generen arraigo popular, y sobre todo, que generen identidad con las demandas de la ciudadanía, el cambio se postergará y el régimen se sostendrá dentro su propia ilegitimidad, prorrogando su desahucio.
