14 de agosto 2024
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Entre los monólogos amargados de Rosario Murillo, las mentiras demenciales de Daniel Ortega, los espectáculos patéticos de Laureano Ortega, el espacio para conocer lo que ocurre en el Gobierno, se reduce exclusivamente a la prensa independiente en el exilio y el rumor de los nicaragüenses como actos de resistencia. La propaganda oficial de la dictadura tampoco puede ocultar una realidad que el pueblo vive día a día: la economía del país se mueve por inercia, mientras la política del Gobierno revierte la precaria estabilidad con más endeudamiento público y atraso. Ellos quieren “compactar” a los empleados públicos con menos recursos, mientras amplifican la riqueza de su clan con más endeudamiento.
La inercia económica
La economía de Nicaragua se mueve en función de dos grandes realidades, los negocios del comercio externo (exportación e importación), y las remesas. En conjunto, las exportaciones y remesas captan el 74% del producto interno bruto. Las exportaciones tienen un impacto menor en la economía toda vez que benefician una masa laboral menor del 20% del país y con efectos multiplicadores limitados.
Mientras tanto las remesas han rescatado la situación económica de más de la mitad de los hogares del país al punto que representan un tercio del ingreso económico. El volumen de dinero está llegando a cerca de un millón de hogares en todo el país en cantidades que apoyan a mantener a sus familias a flote. No es dinero que da para ahorrar y menos para invertir, pero permite consumir y comer bien.
En general, la actividad económica del país no la están moviendo las inversiones, sino el consumo privado atado al ingreso de remesas o al ingreso del comercio exterior. Los negocios que importan mercancía crean empleos adicionales para el comercio nacional que vende mercancía que ahora incluye alimentos que antes podía producir el país.
Pero el punto cardinal es que los nicaragüenses se han encargado de cuidarse ellos mismos porque no hay política pública de por medio que los apoye.
La política fiscal y el endeudamiento
El entorno dictatorial creó un modelo de gobernabilidad basado en la política del miedo, “si no estás conmigo, sos mi enemigo”, y la captura de Estado para enriquecer a la élite gobernante.
El aprovechamiento cleptocrático del gasto y la inversión pública han aumentado una carga económica gigantesca, a través del endeudamiento interno y externo que se usa para contratar a sus socios, emplear a los militares y mantener una base leal de trabajadores públicos.
Pero ese modelo no es sostenible. Ahora el régimen tiene un problema subyacente de naturaleza fiscal que estriba en encontrar recursos para pagar sus deudas (externas e internas).
Uno de los resultados de la represión fue la ola migratoria que dio lugar a un aumento en remesas, las cuales —por la vía del consumo— aumentaron la contribución tributaria al 20% de la renta del Estado, de forma tal que los impuestos llegaron a crecer de 69% a 75% del ingreso del Estado, creando un superávit frente al gasto del Gobierno.
Además de esto, la dictadura, desde 2019, ha recurrido al endeudamiento externo e interno para la inversión pública y mantener a su élite bien cuidada con un transacionalismo político de lealtad a cambio de bisne.
A pesar del aumento del ingreso del Estado, la dictadura generó una deuda financiera y social que ahora no le permite aumentar el gasto y tampoco la inversión pública.
Como el Gobierno financió y duplicó su inversión pública en cuestión de dos años (de 2019 al 2021) en adelante, en parte con endeudamiento interno (bonos y otros títulos) y externo, su carga de amortización y obligaciones es alta.
Además, como el ingreso por donaciones cayó de 126 millones de dólares en 2017 a cinco millones de dólares en 2024 ante el cierre de oenegés, este recurso perdido ya no se invierte en gasto social y afecta más al pueblo porque el Gobierno no tiene de dónde sacar.
Es un problema fiscal y social serio, del que ni el FMI se percató.
Primero, el crecimiento de las remesas ya no es de mas de dos dígitos, se mantendrá en un promedio de 6% anual (en 2024 será de 7%), lo que significa que esta renta no aumentará más las arcas del Estado.
Segundo, la amortización de la deuda creció al doble a casi 700 millones de dólares este 2024, debido a la cantidad de endeudamiento adquirido como modelo del régimen, y por el aumento en las tasas de interés en la economía internacional, de 4.3% a 5.5%.
Tercero, la deuda interna se ha duplicado de 300 millones de dólares a mil millones de dólares en los últimos tres años. Dentro de eso la dictadura empezó a aumentar su venta de bonos soberanos en cantidades millonarias, cuyo vencimiento empieza a cobrar fuerza en 2024 en particular (50 millones de dólares en bonos a plazos de tres años vendidos en 2021 y 2020, respectivamente, por ejemplo). Esto significa que el Gobierno tendrá que aumentar sus pagos, para aquellos bonos que logró vender, por retorno de éstos (muchos de estos bonos hasta comprados por sus compinches que usan el sistema como parte de un negocio de enriquecimiento ilícito) y seguir amortizando la deuda.
Frente a una normalización del ingreso tributario (porque las remesas no aumentarán más los ingresos por concepto de impuestos, tampoco aumentará más el turismo por la vía de vuelos charter), los ingresos del Estado no darán suficientes recursos para cubrir el endeudamiento.
Este problema representa una necesidad mínima de 200 millones de dólares en 2024 y poco más 300 millones de dólares en adelante que no saben de dónde sacar: en 2022 su amortización fue 400 millones de dólares, para 2024 será casi 700 millones. A esto los pagos de bonos del Estado incluirán al menos 50 millones de dólares frente a vencimientos de tickets vencidos.
En síntesis, aunque Nicaragua tendrá un crecimiento de mas del 3% en 2024, su rendimiento económico no se debe a su política económica, al contrario, se debe la inercia de la economía de las remesas (un 7% de crecimiento para un sector que contribuye el 30% de la economía).
Mas bien, las obligaciones financieras del Estado generan presión fiscal para conseguir plata para pagar esas deudas con las que premiaron a los negocios de la dictadura. La dictadura es una carga que está arrastrando y dragando la economía hacia un posible estancamiento.
¿Qué queda por hacer?
En medio de la transición dinástica, Rosario Murillo intenta consolidar las lealtades de los empleados públicos bajo amenaza de despido masivo. Y al momento no hay una respuesta concreta de qué hacer con esas obligaciones.
La llamada compactación, anunciada para aumentar “ahorros”, es un intento de dar una respuesta parcial, de tratar de cubrir una parte de los recursos necesarios por pagar, a pesar del riesgo de que los despidos rebotarían con reducción del consumo privado y aumento de la impopularidad.
Una política por la vía de la compactación laboral creará ahorros en las arcas públicas para cubrir deudas: una reducción de 5% es de 85 millones de dólares, pero significa el despido de 7500 empleados públicos. Este es un riesgo económico y político que la dictadura quiere tomar.
Aunque económicamente se reduciría el consumo privado aumentando la tasa de informalidad, que ya es del 74% de la fuerza laboral, reduciendo la contribución tributaria, el costo económico para el círculo de poder lo están compensando por otros métodos. Políticamente a la dictadura le importa poco que continúe su impopularidad y desprecio, porque para eso tienen la política del miedo para seguir controlando al pueblo.
En general, la condición económica de Nicaragua no es muy positiva ya que su productividad no crecerá, el consumo privado es leve, a 4% de crecimiento, sus opciones de endeudamiento son menores (China no desembolsará más de 40 millones de dólares en 2024) y la economía informal no genera mucha riqueza.
Mientras Rosario Murillo está construyendo su propio equipo en la administración pública y consolidando su círculo de poder preparando su plataforma electoral para 2026, su reserva de capital económico es adversa.
El pueblo sabe que las cosas no están bien, se enfrentan con esta situación día a día. No hay más apoyo filantrópico de la sociedad civil, que ayudaba al menos a un millón de personas, ni hay gasto social del Estado, solo los monólogos de las mentiras del Estado y un endeudamiento fuera de lo normal que premia a los cómplices económicos de la dictadura.
Denunciar la corrupción y reclamar rendimiento de cuentas frente a esta situación es un punto clave para la ciudadanía y la oposición. La principal advertencia que los nicaragüenses tienen que tener presente es que esa compactación va, con despidos disfrazados de reorganización estatal, reducción del tamaño de ministerios, y absorción de unidades ministeriales a otras entidades.
