7 de octubre 2023
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El régimen de Ortega decidió recientemente cancelar la personería jurídica de Yatama, días después de apresar a dos de sus dirigentes principales, Brooklyn Rivera y Elizabeth Henríquez. Esta decisión ha sido una acción preventiva del FSLN para neutralizar a esa organización política, pero a mi parecer, equivocada.
¿Por qué lo hizo?
Es importante tener en cuenta que Yatama fue parte de la alianza Unida Nicaragua Triunfa encabezada por el FSLN en 2006 y que parte de esa alianza incluían unos acuerdos programáticos. Entre esos acuerdos el FSLN se comprometió a avanzar en el proceso de titulación y saneamiento de los territorios indígena y afrodescendientes, una petición histórica del movimiento social encabezado por Yatama. Sin embargo, Yatama terminó abandonando esa alianza en 2014 por la falta de cumplimento del FSLN de esos acuerdos.
En 2018 Yatama se encontró en un campo opositor de carácter nacional —pero no necesariamente compartía la agenda de las distintas organizaciones opositoras en ese entonces. Debemos recordar que en mayo 2021 Brooklyn Rivera dio su respaldo a la elección de Lumberto Campbell como magistrado en el Consejo Supremo Electoral, lo que provocó la expulsión de Yatama de la Coalición Nacional. En aquel momento algunos pensaron que Yatama había negociado un acuerdo con el FSLN, pero esto no fue así. En realidad, fue un acto de sobrevivencia política que tuvo efectos dentro y fuera de la organización, incluyendo la renuncia de George Henríquez, precandidato presidencial, al Directorio Político de la organización.
Yatama es la única organización con capacidad política para disputarle votos al FSLN en la Costa. A pesar de abandonar la alianza con el FSLN en 2014, y de la expulsión de Brooklyn Rivera de la Asamblea Nacional en 2015, Yatama logró refrendar su apoyo dentro del pueblo Miskitu y reeligió a Rivera como diputado independiente en 2021, mientras que en las elecciones regionales de 2019 —y a pesar de denuncias de fraude electoral— obtuvo votos suficientes para elegir 14 concejales en ambos Consejos Regionales Autónomos. Yatama, además, logró en 2005 una sentencia favorable en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determinó que el Estado de Nicaragua violó sus derechos de participación política protegidos en la Convención Americana de Derechos Humanos de candidatos de esa organización al impedirles participar en las elecciones municipales de 2000.
La acción preventiva, ilegal y represiva del FSLN al disolver a Yatama es también una represalia a sus dirigentes principales y a una vasta red de colaboradores, dentro y fuera del país. Los líderes de Yatama han continuado haciendo uso del marco internacional de derechos de los Pueblos Indígenas y utilizado los espacios y foros globales para denunciar los abusos del régimen de Ortega contra las comunidades indígenas, que ha incluido violencia directa, desplazamientos forzados y amenazas de muerte a autoridades locales y líderes naturales. Dentro de esta perspectiva no es casual las acciones que han tomado contra Anexa Alfred —a quien se le impedido regresar al país—, la persecución contra George Henríquez, y las recientes detenciones arbitrarias de Elizabeth Henríquez y Brooklyn Rivera.
El ataque contra Yatama se produce anticipadamente a las elecciones regionales de marzo de 2024. Bajo esta lógica el FSLN intenta continuar avanzando su visión hegemónica, de partido único y centralizadora —que va a tono con la radicalización del régimen ante la condena internacional; y envía un mensaje de intimidación a los pocos partidos regionales que aún sobreviven esa prolongada embestida contra las organizaciones políticas locales y la pluralidad partidaria que empezó cuando el FSLN y el PLC fraguaron el pacto de 1999.
Además, con la cancelación de Yatama el Gobierno está tomando represalias más allá de esta organización y envía un mensaje intimidatorio a otras organizaciones activistas costeñas, defensores de derechos humanos, autoridades locales no alineadas al partido, y líderes comunales que continúan denunciando el efecto pernicioso de proyectos de financiamiento verde —donde el régimen procura obtener cuantiosos recursos, como el Proyecto Bio-Clima. Este proyecto fue aprobado por el Fondo Verde del Clima en 2020 por un monto de 116 millones de dólares, pero los primeros desembolsos se encuentran suspendidos mientras el Gobierno no realice consultas de buena fe y obtenga el consentimiento de las comunidades en las áreas del proyecto. Ha sido embarazoso para el régimen tener que regresar a “remediar” una consulta que en primer lugar no cumplió los estándares definidos por el Fondo Verde respecto al consentimiento previo, libre e informado de los Pueblos Indígenas.
Con las acciones represivas contra Yatama el Gobierno de Ortega está persiguiendo a las organizaciones civiles y autoridades costeñas que interpusieron una queja anónima —por temor a represalias— ante el mecanismo independiente de reparación del Fondo Verde. Esta queja generó una investigación independiente bien fundamentada que encontró serias faltas en los procesos de consulta del proyecto. Asimismo, alertó oportunamente a los mecanismos del Sistema de Naciones Unidas sobre financiamiento verde y de protección de derechos humanos, los cuales hoy día están exigiendo al régimen respetar los compromisos y estándares en materia de protección, salvaguardas y consentimiento previo —todos ellos consagrados en las normas internacionales del derecho de Pueblos Indígenas.
El FSLN comete nuevamente un error histórico al interpretar que la lucha de los Pueblos Indígenas de la Costa Caribe es una lucha opositora —y no lo es necesariamente; la lucha por la tierra, la vida y la autonomía ha sido un clamor histórico de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes hacia el Estado nicaragüense. La crisis de 2018 hizo esta lucha más evidente, pero las contradicciones ya se venían acumulando. El sesgo del FSLN es pensar que los planteamientos de la Costa se alinean al campo opositor y por eso ha optado por una solución preventiva de fuerza y represión —como lo ha hecho en el resto del país. Esto es una equivocación.
La crisis política que enfrenta el régimen ha impuesto una falsa solución que el FSLN ya había ensayado en el pasado, cuando acuso de “contrarrevolucionarios” a la resistencia indígena que desafío a la Revolución Sandinista. Hoy acusa de “traidores a la patria” a los dirigentes del movimiento político indígena más importante de las últimos cuatro décadas en la Costa Caribe, un movimiento con el cual había convenido una alianza. Ese error que en los años 80 tuvo un enorme costo político, y sobre todo muertes y sufrimiento a las familias costeñas, hoy lo ha repetido el FSLN.
La diferencia respecto a los años 80
A diferencia de los años ochenta, el FSLN ahora dispone hoy día de una clase política intermediaria, una élite regional que ha sido empoderada por el régimen y esta clase ha contribuido a diseñar una narrativa de que la autonomía es lo máximo y que las cosas están bien. Una élite de este tipo no existía en los ochenta. El FSLN por varios años fue una voz solitaria pero belicosa en su visión nacionalista revolucionaria que confrontaba a las identidades políticas locales y estas identidades le respondieron con beligerancia.
Hoy eso es diferente. El FSLN ha designado a costeños/as en esferas intermedias y altas del poder, y estos hacen la función de formular sus propias verdades —y diseminarlas internacionalmente—; es un grupo muy consolidado que se encarga de acosar e intimidar a los activistas locales que denuncian las violaciones de los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, y lo que es más importante, de legitimar internacionalmente las acciones represivas del régimen. Esta es una élite bien organizada y con amplio acceso y experiencia para incidir en espacios internacionales, incluyendo las agencias de Naciones Unidas.
El FSLN ha suplantado a las autoridades locales legítimas
Además de esa élite política, el FSLN también ha expandido sus redes de poder hasta el nivel de las autoridades territoriales —manipulando los mecanismos de elección local o imponiendo autoridades políticas afines. Sin embargo, no todas las autoridades territoriales —el caso de los pueblos Mayangna en la Reserva Bosawas es un buen ejemplo— se han sometido a esta suplantación de sus legítimas autoridades. Al contrario, han estado denunciando esas prácticas contra la autonomía comunitaria, las amenazas a sus líderes y los abusos de los operadores políticos del FSLN.
La acción del régimen contra Yatama enuncia las reglas del juego que el régimen va a imponer en las próximas elecciones regionales de 2024: un camino llano donde reine su voz como la opción política casi única y mayoritaria; en donde los defensores de la tierra, líderes y autoridades comunales entiendan el costo político de la autoorganización y la denuncia pública; y sobre todo, un estado de cosas en donde el FSLN pueda consolidar su visión hegemónica y el incremento de poder de su élite local.
