La caída de la popularidad y el apoyo a Daniel Ortega en el FSLN

Ante los ojos de la población, la impopularidad e ilegitimidad de Daniel Ortega es incuestionable, incluyendo a la reducida minoría que simpatiza con su desprestigiado partido, que ya ronda en menos del 15% de la población. Es más, una parte importante de esa misma base sandinista no cree en Daniel Ortega, ni lo quiere como líder.

La más reciente encuesta de CID Gallup de junio 2023, auspiciada por CONFIDENCIAL, mostró nuevos datos sobre la opinión que los mismos sandinistas tienen del dictador que merecen ser analizados.

No hay cohesión dentro de esa base partidaria, sino más bien claras señales de disenso e inconformidad.

Ese 15% que dice simpatizar con el FSLN, no está totalmente del lado del dictador.

Según la encuesta, 35% de los mismos sandinistas desaprueban al Gobierno de Daniel Ortega lo que se traduce en que uno de diez nicaragüenses (10% de la población) es orteguista, y hay un 5.5% de los sandinistas que ya no es orteguista.

Esta tendencia muestra que hay una masa crítica al interior del régimen compuesta por “disidentes silenciosos” gente que quiere salirse del sistema y desea un cambio. Esto constata una debilidad al interior del círculo de poder, y es una señal importante de las condiciones que se necesitan para presionar por una transición política.

Una masa crítica es el tamaño mínimo que se requiere para dar movimiento a la inercia política. Para muchos la masa crítica es la cantidad necesaria de personas que genera cambios al interior de un sistema. Cuando se llega a un tercio del total, el balance de la fuerza cambia gradualmente en dirección contraria a la posición original de ese entero. La disidencia al interior del orteguismo ya llegó a su punto crítico y está generando señales de cambio: no quieren a Ortega, porque no creen que hay una salida con Ortega.

Por ello Ortega recurre a cambios en el marco legal para castigar a todo aquel disidente potencial que decida salirse del sistema, como han sido los recientes cambios a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Policía sandinista.

Primero, no es sólo que ya existe un 35% de sandinistas que desaprueban a Ortega, sino que además no lo quieren como líder.

Aún dentro de las mismas fuerzas represoras policiales se está dando este fenómeno al grado que han tenido que aprobar una ley para tratar de evitar la deserción que está sucediendo dentro de este organismo represor.

La encuesta reveló que 93% de los sandinistas que desaprueban la gestión de Ortega creen que la forma en cómo desempeña sus labores es muy mala (72%) o mala (21%). El sondeo también mostró que el 65% tienen una opinión desfavorable de Ortega como persona. A diferencia de otros sectores sociales, esta gente cree que la corrupción es el principal problema del país y 95% de los sandinistas que desaprueban a Ortega creen que el país va por el camino equivocado.

Segundo, las diferencias de actitud se manifiestan en tendencias fuertes.

Esos sandinistas que desaprueban a Daniel Ortega tampoco desean quedarse en Nicaragua: 55% de quienes no lo quieren, prefieren irse de Nicaragua. Frente a estas tendencias, no es accidental ver los tuits ‘anunciando’ a los disidentes que se van a Estados Unidos, al imperio, amparados hasta del parole humanitario.

También el 56% de ellos son personas que no favorecen en nada la condena contra monseñor Rolando Álvarez o haber suspendido relaciones con el Vaticano.

Otra tendencia importante de esta encuesta es que muchos de quienes desaprueban a Ortega (69%) creen que en 2026 se elegirá a un nuevo gobierno democrático (sin Ortega), y que 55% creen que la solución política a la crisis no requiere de la participación de Daniel Ortega ni de Rosario Murillo.

Estos ciudadanos quieren un cambio.

Para ellos el problema económico del país no está causado por las sanciones internacionales, como alegan Ortega y Murillo, para tratar de obtener financiamiento de instituciones financieras internacionales, amparados en el concepto de apoyo humanitario; sino más bien es la estela de corrupción, inseguridad, y mal manejo de la pandemia de covid-19, resultado de tener al aparato estatal totalmente enfocado en la brutal represión y violación de derechos humanos prevaleciente desde en 2018. Esta gente sabe que el problema es sistémico y prefieren salir o esperar un cambio, antes de seguir viviendo en este callejón sin salida.

¿Entonces quien apoya a la dinastía Ortega-Murillo?

La base de apoyo incondicional del régimen está compuesta de cuadros que se enriquecen corruptamente bajo el amparo de una Policía que actúa principalmente como agente represivo de los dictadores, y que se prepara para ser utilizada como instrumento del traslado de riqueza a ellos mismos, a través de una ola de confiscaciones que apenas inicia. Los dictadores buscan la cohesión de esta mínima base de apoyo a través de una propaganda ´goebeliana´ alrededor de Ortega como una figura mesiánica.

Los que le dan su completa aprobación a Ortega son predominantemente hombres (63%), mayores de 40 años (70%), con educación superior (24% contra 13% del promedio); gente que está económicamente mejor que la mayoría. Interesantemente, el 79% de los sandinistas que también aprueban la gestión de Ortega dicen que les alcanza para comprar comida (frente a 29% de los que no aprueban a Ortega, y 40% de los que desaprueban a Ortega y no simpatizan con ningún partido).

Estos son los operadores del régimen, aquellos que tienen mucho que perder en un mundo democrático y necesitan (70%) que esta pareja de dictadores se mantenga en el poder de forma permanente para mantener el estatus quo.

Estas son personas caudillistas, que se aprovechan del poder, bajo la mentira de una posición ideológica que ni ellos mismos se creen. Ellos son quienes se aferran al clientelismo económico y no piensan en salir del país, en una sociedad donde el 30% quiere irse a Estados Unidos o a Costa Rica.

La creciente disidencia al interior del sistema es uno de cuatro factores de cambio clave para una transición política democrática. Por ello, sabiendo que mantener su núcleo duro es la base de su sostenibilidad, el régimen ha recurrido a instaurar muchas medidas coercitivas de control y prevención de una mayor disidencia.

Ortega no quiere que su base se siga desmoronando porque sabe que se quedará solo. Las purgas, sanciones, confiscaciones, y la persecución son mecanismos de control político que el régimen está usando, no solo sobre quienes considera sus enemigos políticos, sino que también sobre su propia base porque sospecha de ellos también pueden constituirse en detractores. Son más de cien los purgados, mientras que el régimen ha introducido una penalización de las salidas fuera del país, y mantienen vigilada a su clientela. Y si esta se porta bien se le premia con las propiedades confiscadas; pero si se portan mal el castigo es más severo que el perpetrado a sus enemigos.

Todos estos datos políticos indican que la durabilidad y sostenimiento de la dictadura se siguen acortando, toda vez que para aumentar su control tienen que vigilar y centralizar la represión hasta dentro de su propia base porque hay una masa crítica de disidentes en ascenso

Aunque parezcan paranoicas, las medidas de Ortega son parte de un proceso racional para tratar de sostener a la dictadura lo más que se pueda. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando un tercio de la base leal de un líder lo desaprueba, o no lo quiere, o no lo apoya, es el inicio de una espiral descendiente del mismo. Según esta última encuesta de CID Gallup, ya hay más que indicios de que la base de la dictadura se está erosionando, y el ritmo de este desgaste se seguirá acentuando, a pesar de las purgas y controles que introduzca.

Hay que crear un momentum para acrecentar el tamaño de esta disidencia hasta que converja con una transición democrática. Los disidentes silenciosos conforman diferentes referentes (oportunistas, clientelistas, leales, autocríticos), integrados por sus bases y también por sus dirigentes. Y esta lealtad al régimen se está disminuyendo porque sus partidarios calculan los costos del clientelismo de las prebendas y la corrupción de la que gozan, contra las consecuencias del rendimiento de cuentas que generan la sanciones y la promesa de justicia sin impunidad. La convergencia con los otros factores de cambio, incluyendo la presión internacional a través de sanciones, y el debilitamiento de las fuentes de oxigenación económica al régimen, juegan un papel importante. Pero para mover de forma contundente a esta masa crítica de partidarios del régimen, el movimiento prodemocracia tiene que perfilar su estrategia de acción como la alternativa de poder por un cambio democrático. Se necesita un liderazgo político cohesionado para dirigir, proponer y reemplazar un orden político dictatorial por otro democrático.