La amenaza de la ganadería ilegal

La ganadería ha sido una importante fuente de ingresos desde el siglo XIX. Los llanos del pacifico, norte y centro del país, con sus extensos pastizales, propiciaron el crecimiento de una actividad que hoy ocupa a unos 138 mil ganaderos, cuyo sustento depende de la producción de leche y carne.

En las últimas dos décadas, el sector experimentó una fuerte expansión, impulsada principalmente por la demanda de carne bovina en Estados Unidos. El hato ganadero se duplicó y el valor de las exportaciones de carne incrementó un 850 %, alcanzando una cifra récord de 700 millones en el 2019.

Este crecimiento ha contribuido a dinamizar la economía, pero al mismo tiempo constituye un desafío para la sociedad.

Como cualquier actividad agrícola, la ganadería hace uso de bienes naturales, como la tierra y el agua, cuya sostenibilidad depende de un manejo adecuado. Lograr un balance no es una tarea fácil, sobre todo por las características de la actividad en Nicaragua, donde 85 % de las fincas son administradas por pequeños y medianos ganaderos, que se encuentran dispersos por todo el país. Además, existen barreras culturales, vinculadas a creencias y prácticas tradicionales, que son poco amigables con el medio ambiente, entre estas la idea de que una finca limpia vale más que una con árboles. El bosque es un obstáculo para el desarrollo y limpiar la tierra un sinónimo perverso de progreso.

En Nicaragua prevalece una ganadería extensiva, de baja productividad, que requiere grandes extensiones de tierra. En las zonas más alejadas, el manejo, la sanidad y el insuficiente desarrollo genético, siguen siendo una limitante para la sostenibilidad del sector ganadero. Por eso existe una correlación entre la expansión de la frontera agrícola y el crecimiento del hato ganadero, en su mayoría en la Costa Caribe, donde las constantes lluvias favorecen la siembra de pasto todo el año.  Según datos de FAGANIC, en la zona del Caribe hay alrededor de 2,355,000 cabezas de ganado, equivalente a 46 % del hato ganadero.  Global Forest Watch, una organización que monitorea la pérdida de cobertura boscosa en el planeta, reporta que la RAAN y la RAAS perdieron, respectivamente, 78 % y 73 % de su bosque primario del 2001 al 2019. Es decir, 10,210 kilómetros cuadrados de bosque, un área diez veces el departamento de Granada o el equivalente a alrededor de 1,868 canchas de fútbol.

Esto ha incrementado la presión sobre los territorios indígenas, particularmente en Indio Maíz y Bosawás. Pese a ser un patrimonio nacional, estos bosques están siendo talados por grupos que se apropian de las tierras para realizar actividades que violentan las leyes ambientales vigentes. En el primer eslabón, están los traficantes, que especulan con el valor de la tierra.  En el segundo, están los campesinos, que por su cuenta o como peones, trabajan la tierra para producir granos básicos y, finalmente, sembrar pasto mejorado. Los ganaderos, por su parte, alquilan la tierra o la compran, para engordar su ganado todo el año o durante la época seca en el Pacifico. Dada la fluctuación en los precios de los granos básicos, la ganadería es considerada una actividad que brinda mayor seguridad y la oportunidad de crecer más rápido.

En las subastas alrededor de las reservas, el ganado se comercializa sin ningún obstáculo.  En Las Maravillas, en Indio Maíz, por ejemplo, el ganado se vende en una subasta rústica, es trasladado a una finca en las afueras de las reserva y días después a los mataderos en distintos puntos del país.

El caso de José Solis Duron es uno de los más emblemáticos.  A inicios del 2017, durante un patrullaje en la zona núcleo de Indio Maíz, guardabosques Rama y Kriol encontraron a motosierristas despalando unas 2000 hectáreas de bosque. En el lugar había decenas de novillos para engorde identificados con chapas. Tras una investigación de varios meses, se identificó al dueño de la finca, quien en una entrevista a periodistas de Onda Local confirmó ser proveedor de Sukarne y Nuevo Carnic y dueño de otras fincas en las afueras de Indio Maíz, Nueva Guinea y Rosita.  Según Solís Duron, para burlar el sistema de trazabilidad, registra todo su ganado en una finca fuera de la reserva y compra la documentación que necesita para venderle a los mataderos.

Estos mecanismos y la falta de regulación en las subastas vulneran el sistema de trazabilidad. Aunque muchos ganaderos cumplen con la ley, la ganadería ilegal tiene un impacto negativo en las áreas protegidas y los territorios indígenas.  Solís Duron fue denunciado ante la fiscalía y Marena y el Ejército y la policía quemaron la finca ilegal, pero nunca fue acusado por delitos ambientales y hoy continúa talando el bosque en Indio Maíz.

Desde el 2018, las comunidades indígenas en Bosawás e Indio Maíz reportan más casos de invasiones en sus territorios.  Comunitarios mayangnas y miskitos han sido asesinados y cientos de personas han sido desplazadas de sus hogares, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de los pueblos originarios. A pesar de estas graves violaciones a los derechos humanos, el gobierno no ha tomado medidas para proteger a las comunidades y más bien está abriendo caminos y permitiendo el crecimiento desordenado de asentamiento humanos en las reservas.

De esta manera, la inacción ante la creciente ganadería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas, no solo para las reservas y las comunidades indígenas, sino que también para los ganaderos legales, que respetan las normas ambientales y están impulsando proyectos para adoptar sistemas silvopastoriles más amigables con el medio ambiente, reducir el impacto de la ganadería y cumplir con los estándares del mercado internacional.

Los políticos, las empresas y los consumidores en Estados Unidos, el principal mercado para la carne nicaragüense, están cada vez más conscientes de la necesidad de proteger los bosques. Para garantizar que la ganadería ilegal no perjudique la exportación de los ganaderos legales y, más importante aún, para proteger nuestros bosques primarios, hay medidas que se deben de tomar desde el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil.

Se debe de ejecutar un plan de emergencia para reforzar la protección de las reservas, apoyar a las comunidades indígenas y afrodescendientes, corregir las fallas del sistema de trazabilidad e investigar y procesar a los ganaderos ilegales. Las plantas autorizadas para la producción, procesamiento y comercialización de la carne, por su parte, deben de adoptar mecanismos de control más estrictos y contribuir recursos para implementar soluciones tecnológicas para evitar que la carne legal sea contaminada por la carne ilegal.

Evitar que esta situación llegue a provocar la prohibición de la carne nicaragüense en el mercado de Estados Unidos requiere un esfuerzo conjunto de todos los actores.  De eso depende el sustento de miles de familias que viven de la ganadería legal. También es la forma más efectiva de proteger los derechos humanos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, mitigar el impacto del cambio climático, y salvaguardar ecosistemas vitales para el bienestar de los nicaragüenses.

Es responsabilidad de todos proteger el medio ambiente y dejar un mejor país para las futuras generaciones.