Juicios penales y embargos contra periodistas

El cuadro que vive la prensa nicaragüense se ha vuelto más dramático, al cierre y toma de instalaciones de medios, cárcel, exilio, asedios, persecución, agresiones, acoso, cerco informativo, debemos sumar ahora embargos económicos y juicios penales contra periodistas. La tempestad lejos de amainar tiende a profundizarse. La crisis por la que atraviesa el periodismo nicaragüense se ha vuelto más compleja. Se alarga en el tiempo. Son catorce años de calvario. El padecimiento se ha vuelto crónico. No hay manera que los gobernantes transijan y recapaciten. La prensa ha sido convertida en el adversario a destruir. Un adversario incómodo al que no debe dársele tregua.

La persistencia y falta de miedo de los periodistas, ha sido la respuesta a las pretensiones gubernamentales de domesticarles y acallarlos. No ha habido forma de que retrocedan. Entre más enconada la embestida, la solidaridad y cierre de filas ha sido la respuesta. Son monolíticos. Los primeros tanteos para saber cómo iban a reaccionar frente al acoso de las autoridades, debió servir de indicador a los gobernantes. En ese momento debieron desistir en su propósito de mediatizar una prensa históricamente crítica, contraria a los desmanes políticos y abusos reiterados de quienes detentan el poder en Nicaragua. El sandinismo se benefició de esta conducta.

El inicio de juicios penales contra periodistas y las multas impuestas por los jueces, constituyen un ingrato recuerdo histórico. La promulgación del Código de Radio y Televisión —en agosto de 1960— por el presidente Luis Somoza Debayle, (el famoso Código Negro, como llamaron los nicaragüenses), tenía como objetivo fundamental imponer multas a la radio y televisión, para amedrentar a periodistas y dueños de estos dispositivos. Las oleadas de solidaridad que las multas generaron entre diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, fue la respuesta inmediata a las pretensiones somocistas. Para pagar las multas se iniciaban colectas a lo largo y ancho del país.

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El respaldo de los periodistas y el repudio de amplios sectores sociales al juicio emprendido contra la joven Kalúa Salazar, jefe de prensa de radio La Costenísima, en Bluefields, no es más que la continuidad de una actitud de respaldo tradicional hacia una mujer que está siendo multada solo por cumplir con su deber. Todavía no sabemos cuanta será la cuantía de la multa que impondrá la juez Deyanira Traña. Eso es lo de menos. La gravedad radica en culpar una vez más al mensajero. Salazar solo cumplió con el mandato de abrir los micrófonos de la radio a los quejosos. No fue ella quien acusó de corrupción a quienes pretenden hoy pasarle la guillotina.

Cómo ha ocurrido en ocasiones anteriores, la respuesta de Salazar como de Kimberly León, heredera y continuadora del legado de su padre, fue ratificar que de presentarse en el futuro situaciones idénticas, en que personas agraviadas asistan a la radio, están dispuestas en mantener en alto la estafeta de Sergio León Corea. Sería una traición a un periodista que padeció acoso inclemente, por asumir una posición beligerante que condujo incluso a ser enjuiciado. Su fallecimiento por el coronavirus, lo libró de continuar sentado en el banquillo de los acusados a la espera de una sentencia que todos sabían de antemano sería condenatoria. Por eso fue incriminado.

Las distintas iniciativas surgidas a partir de la condena de Salazar, revelan que continuará recibiendo el apoyo no solo de sus colegas, como también de empresarios, estudiantes y profesionales de diferentes ramas. El mensaje recibido es esperanzador. No solamente para ella, también para el resto de periodistas que actualmente están siendo enjuiciados en diversas judicaturas. En situaciones como las que padece la prensa nicaragüense, las manifestaciones de solidaridad son una constante. Especialmente ahora que la ciudadanía nicaragüense tiene plena consciencia que los periodistas han asumido la defensa de sus intereses al más alto de los precios.

Las expresiones de apoyo para Salazar y resto de periodistas de La Costeñísima, se tornó extensiva a favor de Elsa Espinoza, miembro de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes (PCIN), David Quintana, director del Boletín Ecológico y William Aragón, veterano periodista del diario La Prensa en el departamento de Madriz. La creencia dominante entre el gremio de periodistas, es que se trata de una nueva cruzada, dirigida a sembrar ansiedad y desconcierto en sus filas. Aun así, no hay visos que depongan su condición crítica de la gestión pública del comandante Daniel Ortega. Todo indica que ya no habrá retroceso.

Paralelo a los juicios penales, la Dirección General de Ingresos (DGI), embargó Canal 12 por la cantidad de 21 millones de córdobas. Ludwin Martín Quiroz García, juez tercero de ejecución de embargos del Municipio de Managua, procedió a ejecutar la medida cautelar que pesa contra Nicavisión S.A., empresa dueña de Canal 12. En una actitud inesperada, el embargo fue extensivo sobre los bienes muebles e inmuebles de Mariano Valle Peters, director-propietario de dicho medio. El rechazo a la maniobra gubernamental demuestra posiciones afines entre el dueño de la televisora y los periodistas que laboran para dicha institución. Lo acuerparon plenamente.

Mucho antes, en el contexto de la crisis político-social que vive Nicaragua como resultado de las protestas cívicas iniciadas por los estudiantes en abril de 2018, la DGI había impuesto un reparo a Canal 10. Debido a su improcedencia los abogados de Ratensa recurrieron ante el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo. El prolongado silencio de esta institución, obligó a los operadores de Canal 10 a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia. El tribunal de justicia todavía no ha fallado. Los reparos han sido una constante durante los tres períodos presidenciales consecutivos del comandante Ortega. Una presión que ha mantenido invariable desde 2010.

Las peticiones de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como un derecho humano fundamental, siguen sin encontrar eco. Un llamado que se ha estrellado contra el muro levantado por los gobernantes. No recapacitan. Continúan en sus posiciones intransigentes y lesivas para periodistas y dueños de medios. El derecho a saber de los nicaragüenses se ve quebrantado, sin medir las consecuencias políticas. El derecho a informar y ser informado es un derecho social y político. El empecinamiento gubernamental no ha fructificado. La terquedad de los periodistas y dueños de medios ha hecho posible que los nicaragüenses se mantengan informados.

¿A qué se debe que estén ensayando otros artificios? El nuevo mecanismo gubernamental evidencia que continuarán estrechando el cerco contra los periodistas. Los más afectados, interna y externamente, continúan siendo los mismos gobernantes y la población. Su insistencia señala una actitud abierta en menoscabo de la libertad de expresión. Los juicios penales criminalizan el ejercicio profesional del periodismo. Una aberración y una forma radical de intimidación contra la prensa nacional. Una escalada más aviesa y calculada, en momentos que los bolsillos de medios y periodistas se ven estrangulados ante las diversas crisis que sufre Nicaragua.

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