Imposible que hayan elecciones libres

Seis partidos participantes parecieran suficiente para legitimar una elección a Presidente, Vicepresidente y diputados, pero no en Nicaragua, para nada, porque se trata del partido de la familia dictadora y cinco organizaciones “zancudas” o cómplices, ahora que Ciudadanos por la Libertad (C x L) ha sido inhibido en una jugada combinada entre el régimen y el sometido Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Es imposible que haya elecciones libres si las administran quienes desde el sofocamiento sangriento del estallido social del 2018, mantienen a nuestro país bajo un Estado de Sitio y de Ley Marcial de facto y una situación opresiva y de terror. 

¿Cómo puede haber elecciones libres si todo ha sido diseñado de manera que la familia en el poder controle todas las estructuras nacionales, regionales, departamentales y locales del Consejo Supremo Electoral, hasta las juntas receptoras de votos (JRV)? Además, los minúsculos partidos satélites más bien le cederán su tendido electoral al FSLN para que este complete su control absoluto. 

Es imposible que haya elecciones libres en un país donde en vez de cumplir con un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para reformar la Ley Electoral a fin de conseguir un estándar electoral reconocido internacionalmente, más bien hicieron reformas que son un retroceso en materia de comicios, asegurándose su control absoluto del sistema, negando la participación a la oposición y prohibiendo la observación de organismos locales e internacionales. Además, está su amplia experiencia en fraudes electorales.

No se le puede ocurrir a nadie que sea posible que haya elecciones libres en Nicaragua cuando el régimen tiene presos a siete precandidatos presidenciales de la oposición política e inhibió a una candidata a la vicepresidencia ya inscrita. Solo este hecho descalifica por completo el mamotreto de “elecciones“ que habrá el 7 de noviembre.

Mientras los partidos “zancudos” se organizan para participar en unas “elecciones” en las que se conforman con recibir las sobras  que les quieran conceder, por ejemplo, diputados en la Asamblea Nacional, los opositores son aterrorizados, sus casas allanadas, sus principales líderes encarcelados, otros son vigilados, hostigados y asediados.

Por otro lado, más de cien personas han sido citadas a declarar ante la Fiscalía General de Justicia, institución que se ha especializado en fabricar cargos contra opositores, entre ellos empresarios de los grupos más importantes del país, además de 36 periodistas. 

Asimismo, 25 organizaciones no gubernamentales, especialmente médicas, fueron anuladas por el régimen y seis médicos fueron convocados por el Ministerio de Salud (MINSA) para amenazarlos con suspender sus licencias y cárcel, si continúan haciendo declaraciones en relación a la Covid 19 que ellos consideran más grave que lo que informa la entidad oficial.

Esta ofensiva de terror ha obligado a algunos políticos, empresarios, periodistas y ciudadanía en general, especialmente jóvenes, a huir del país en busca de refugio principalmente en Costa Rica, Estados Unidos y España. Antes, tras el estallido social cien mil coterráneos tuvieron que salir  de Nicaragua después que el régimen sofocara cruelmente el levantamiento popular del 2018.

Erosionada profundamente la libertad de prensa y de expresión, suspendidas las libertades de organización y de movilización, el régimen hará sus “elecciones” con los competidores que él permite, es decir, con sus propios agentes políticos, con sus partidos subordinados.

Las “elecciones de noviembre” serán una payasada, un circo, una manipulación, un fraude descomunal, porque si hubiera comicios libres, la mayoría de la ciudadanía echaría del poder a un gobierno repudiado y deslegitimado en Nicaragua y el exterior. 

Una salida pacífica a la irreconciliable contradicción política que vive el país, se está echando a la borda, causando más dolor a la población, sobre todo a las madres y otros familiares de los 150 presos políticos que están en las ergástulas.

Con las elecciones el régimen no podrá obtener la legitimidad internacional que desesperadamente necesita, pues anunciado fraude de noviembre solo generará descalificación y repudio nacional y exterior. La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) ya comunicó que no reconocerá los resultados como legales ni legítimos.

Perdida una oportunidad de resolver de manera pacífica nuestra crisis, el futuro se tiñe de incertidumbre y de temor, ante un régimen que está desenfrenado en el uso de sus instrumentos de terror contra la oposición política. Pero, todas las tiranías son finitas.