Imposible maquillar la dictadura

Vamos a considerar muy someramente el campo pagado por Humberto Ortega, publicado el 2 de septiembre en el diario La Prensa, en el cual, este señor aconseja a su hermano sobre las medidas que debe adoptar para sortear la crisis de legitimidad política, a la cual se encamina erráticamente a grandes pasos, con arrogante intransigencia. Le aconseja, sin embargo, como si tal crisis no tuviese un carácter estructural, es decir, como si no fuese producto del modelo económico y político excluyente que adelanta la dictadura orteguista.

La torpeza política surge con mayores consecuencias y más espontáneamente de un régimen anacrónico, absolutista, que de la propia bizarría caprichosa de una personalidad obcecada encumbrada en el poder. La razón de ello, es que no existen contrapesos institucionales para limitar los exabruptos y, más bien, éstos se amplifican con el servilismo burocrático.

Por lo tanto, no citaremos a este señor porque contenga algo meritorio de analizar, sino, porque pese a su irrelevancia nos sirve para que avancemos algunas reflexiones que expliquen metódicamente la dinámica de la realidad política del país.

Caracterización superficial del Estado orteguista actual

Humberto Ortega inicia caracterizando a su modo peculiar (improvisado, superficial, caprichoso, burocrático, abstracto) al Estado orteguista actual:

“Nuestras formas de Estado no constituyen una dictadura militar, aunque producto del particular desarrollo histórico de nuestra sociedad desde caciques-conquistas-colonia, persisten en ser más piramidal-autoritaria-centralista que democráticas”.

Basta hacer unas pocas preguntas concretas, para poner en evidencia las apabullantes carencias metodológicas en la caracterización inmóvil de la realidad política que hace este señor, durante un extenso período de tiempo (más de cinco siglos).

¿Por qué –aparentemente- nuestra sociedad se habría estancado de modo particular, único en el mundo? ¿Qué hace que –supuestamente- en nuestro país el Estado asuma una forma invariable aunque cambie la sociedad, las relaciones de producción, las clases sociales y la correlación de fuerzas entre ellas, a medida que desde la época de los caciques y, luego, desde la colonia, se va construyendo conflictivamente la nación, con avances y retrocesos? ¿Cuáles conquistas democráticas se adquieren a lo largo de este extenso periodo histórico de luchas, cuáles permanecen pendientes, y qué rol les corresponde a los distintos sujetos sociales? ¿Y por qué esas conquistas –tanto jurídicas como tecnológicas, económicas y sociales- supuestamente no se reflejarían como cambios cualitativos en la conformación del Estado, que parece haber nacido de forma aberrante –a juicio de este señor-, con una naturaleza invariable e independiente respecto a las radicales transformaciones económicas, sociales y políticas?

Pareciera natural que la burocracia estatal sea independiente de la sociedad

Con esa visión política, sin fundamento teórico, la historia se vuelve muy simple y superficial, se limita a la suerte, a las ideas, a los planes de la burocracia estatal. El resto de factores objetivos contradictorios, esenciales en la sociedad, que reguardan a los derechos, a la cultura y a las cambiantes condiciones de trabajo y de vida de los sectores sociales, no cuenta para este señor. Ve burocracia en todas las épocas referidas, y dada una similitud superficial, absolutamente aparente, concluye que el Estado no cambia (pese a su innegable modernización institucional, primero con Zelaya y, luego, durante la dictadura somocista).

La burocracia estatal, liberada conceptualmente -por este señor- de los cambios sociales, al parecer adquiere obligadamente una independencia inevitable respecto a la sociedad. En realidad, la independencia de la burocracia estatal respecto a la sociedad (que desde los años ochenta se vuelve a repetir hasta ahora, con el actual modelo orteguista) es una de las características de una dictadura reaccionaria (ahora más retrógrada y degradante que durante el somocismo).

¿El orteguismo es un Estado piramidal-autoritario-centralista?

El Estado no se define geométricamente, ni por sus características generales. Autoritario y centralista, en mayor o menor medida, son características generales intrínsecas al Estado burgués moderno, como órgano de poder nacional. En ciencias políticas, el término autoritario indica una subordinación de los ciudadanos al orden jurídico, basado ideológicamente en el supuesto predominio del interés colectivo sobre el interés individual. Es un concepto político contrapuesto, no a la democracia, sino, a la libertad anárquica que se opone al Estado.

El Estado se define, concretamente, por su particular carácter de clase (por el sistema económico que defiende) y, en segundo término, por la forma de gobierno, por los derechos que otorga o que conculca a las clases sociales para garantizar en la coyuntura política concreta la prevalencia de la clase hegemónica. En este segundo aspecto, se produce la forma democrática o dictatorial, en vista que el Estado refleja la tendencia de cambio de la correlación de fuerzas entre las clases fundamentales en lucha.

El orteguismo defiende un sistema económico neoliberal, con fuertes atributos pre capitalistas y especulativos, de carácter social oligárquico. Es un régimen gubernamental de rasgos fascistas, dictatorial, deformado por el absolutismo y por la corrupción galopante. En consecuencia, el orteguismo carece de ideología.

Concertación o pacto, sin credibilidad para maquillar la dictadura

Aconseja Humberto Ortega en el campo pagado:

“La situación se ha agudizado por la ausencia de un “Plan Humanista de Nación” consensuado entre todos. Es oportuno que el candidato electo impulse un proceso de Concertación Nacional con la dirigencia económica-política-social-espiritual-académica para concretar el Plan Humanista de Nación.

La situación no se ha agudizado por la ausencia de un plan, sino, por el atropello que ha hecho Ortega a los últimos resquicios de democracia representativa.

A la vez que Ortega destruye la institucionalidad del Estado, se aísla inevitablemente en el ámbito nacional e internacional. Así, por propia mano, se ha convertido en un cuerpo extraño en el tejido social. Y su torpeza absolutista suscita un radical rechazo unánime.

La degradación institucional producida por Ortega, convierte todo el proceso democrático en una estructura vestigial, rudimentaria. Con lo cual, consigue atomizar a los partidos opositores electorales, impotentes estratégicamente frente a la disolución legal de su único campo de batalla.

Su régimen anacrónico experimenta ya un rechazo frontal en el concierto internacional. La iniciativa de ley del Congreso norteamericano (Nica Act), dirigida expresamente en su contra, es consecuencia de la burla y del desprestigio que él mismo ha hecho del proceso electoral en curso, por lo que está en proceso de ser declarado –por propia iniciativa- como gobernante ilegítimo.

Las fuerzas burocráticas pactistas (partidos electoreros, empresarios, académicos, religiosos, sindicatos blancos, convocadas por Ortega a una concertación, diálogo, o como quiera llamársele), no pueden sustituir, demagógicamente, el espacio de la democracia representativa colapsada. Y no lograrían darle a su régimen una legitimidad burocrática de última hora (como un gobierno por consenso de cúpulas, cuyo maquillaje supuestamente sustituiría la legitimidad electoral perdida).

Más del 60 % de la población, aunque todavía no proceda orgánicamente en su contra, manifiesta ya un repudio irreductible acumulado, extremadamente vehemente, contra el orteguismo y sus secuaces de última hora.

Ante la crisis económica en ciernes, el plan de consenso no buscaría reemplazar la realidad conflictiva con un plan abstracto, sino, que buscaría imponer a los trabajadores un programa concreto de austeridad económica. La eventualidad de que el fascismo orteguista se convierta en un régimen bonapartista, o de que abra paso a un proceso democrático, depende del resultado de los enfrentamientos políticos ante el próximo auge de la lucha de masas.