15 de marzo 2024
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El Departamento de Estado modificó el Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas (ITAR) para actualizar la política comercial de defensa hacia Nicaragua. Eso significa que el Gobierno de Estados Unidos impuso restricciones a la importación y exportación de artículos de defensa y servicios de defensa de origen estadounidense con destino a Nicaragua. En su nota de prensa sobre esa decisión, Estados Unidos expresa que está “profundamente preocupado por la continua y brutal represión por parte de las autoridades de Ortega-Murillo contra el pueblo de Nicaragua, incluyendo las recientes elecciones simuladas en la costa caribeña poblada principalmente por indígenas y afrodescendientes”.
Una observación apresurada de esta medida podría llevar a algunas personas a creer que es otra sanción sin fuertes consecuencias. Al igual que sanciones anteriores, la realidad es que una medida de esta naturaleza, por sí sola, no está diseñada para tener un impacto fatal para el régimen. No obstante, es la suma de herramientas de presión diplomática como esta, las que podrían tener mayores implicaciones. Una forma de interpretar esta medida es que sea un preámbulo de sanciones al Ejército y una forma de preparar el terreno para acciones futuras.
Recuerdo que cuando Nicaragua tenía una sanción similar heredada del conflicto de la década de los años ochenta, la administración de doña Violeta Barrios de Chamorro hizo gestiones para que se revirtiera ese tipo de restricciones al Ejército de Nicaragua. Lo mismo intentaron las administraciones de Arnoldo Alemán y de Enrique Bolaños. No fue sino hasta el 2002 cuando se logró establecer un acuerdo de cooperación en defensa. Es decir, este tipo de decisiones es una de las que más suele prevalecer en el tiempo y por tanto Estados Unidos se toma con sumo cuidado qué país que incluye en esta modificación.
Por ello, el impacto de esta sanción es un mensaje no solo para la Policía Nacional sino también para el Ejército de Nicaragua. Ya era hora. Es una medida que además trasciende en su impacto a estas dos instituciones, y coloca al Estado de Nicaragua y a la dictadura sandinista de los Ortega-Murillo en una categoría de regímenes que, de cierta forma, Estados Unidos considera una amenaza. Países en esta categoría son aquellos que sostienen relaciones con entidades que son consideradas amenazas a la seguridad hemisférica, que han cometido violaciones de derechos humanos o que están involucrados en tráfico de armas u otras acciones ilícitas.
Al imponer restricciones a la importación y exportación de artículos de defensa y servicios de defensa, Estados Unidos también aumenta la presión económica y política sobre el régimen de Ortega-Murillo al limitar el acceso a equipos y tecnología de defensa estadounidenses. Esto debería ser de gran preocupación para el régimen, ya que muchas compañías transnacionales que hacen negocios con Estados Unidos tendrán que pensar dos veces antes de hacer transacciones con Nicaragua.
La medida envía un mensaje claro de condena a las acciones del régimen, particularmente en relación con la represión brutal contra la población nicaragüense y las recientes elecciones consideradas fraudulentas. Esta acción diplomática subraya el compromiso de Estados Unidos con la promoción de la rendición de cuentas y el apoyo a los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua.
Finalmente, la decisión tiene un impacto en las relaciones internacionales de Nicaragua, especialmente con países que son aliados de Estados Unidos. Otros países pueden seguir el ejemplo de Estados Unidos e imponer restricciones similares, aumentando el aislamiento del régimen de Ortega. Las restricciones son vistas como un gesto de apoyo a la oposición nicaragüense y a aquellos que buscan un cambio democrático en el país. Este apoyo fortalece los esfuerzos de la oposición para movilizar el apoyo tanto a nivel nacional como internacional.
En resumen, Estados Unidos parece estar anticipándose mecanismos de presión al Ejército para mermar su capacidad futura de adentrarse en una carrera armamentista. Bloquea posibilidades futuras de que el Ejército de Nicaragua pueda adquirir nueva tecnología y tenga que seguir dependiendo de la obsoleta tecnología soviética con la que cuenta. La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos representa una escalada en la presión diplomática y económica contra el régimen de Ortega-Murillo, con el objetivo de promover la rendición de cuentas y apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua. Dicho lo anterior, si no está acompañada de una necesaria sanción al Ejército, terminará siendo una acción diplomática sin trascendencia.
