3 de septiembre 2023
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La toma de la jesuita Universidad Centroamericana UCA en Nicaragua el pasado 16 de agosto, ha sido el más reciente episodio de una campaña de cinco años del Gobierno para silenciar a la Iglesia Católica.
Definida por el régimen de Ortega como un “centro de terrorismo” por brindar refugio del ataque gubernamental a estudiantes que protestaban en el contexto de las manifestaciones masivas del 2018, la UCA sufrió la confiscación de sus edificios, cuentas bancarias y hasta de sus muebles. Si vemos experiencias pasadas, pronto será desmantelada o administrada por el Estado, con profesores y un currículo controlado por el Gobierno sandinista.
Desde el 2018, sacerdotes católicos y laicos críticos al gobierno han sido acosados, exiliados, encarcelados, torturados y asesinados. El régimen ha cerrado más de 700 organizaciones no gubernamentales, incluyendo Cáritas de la Iglesia Católica y la Cruz Roja Nicaragüense.
Este año, el régimen prohibió más de mil procesiones católicas durante la Semana Santa. Se le niega a sacerdotes atender a los enfermos, realizar bautizos o celebrar misa. Hasta rezar el Rosario está considerado un acto subversivo en Nicaragua.
En febrero, el obispo Rolando Álvarez fue arrestado y sentenciado a 26 años de prisión por realizar “actividades en contra del Gobierno” después de criticar el cierre de estaciones de radio y televisión por parte del régimen. La orden de monjas de Madre Teresa fue expulsada del país.
Antes de la toma de la UCA, el Gobierno había cerrado dos universidades católicas, la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, además de cancelar la acreditación del Seminario La Purísima de Managua. En total, en los últimos años ha tomado control o cerrado más de 13 universidades por ser críticas al régimen.
Algunas represalias han sido mezquinas. El padre Rafael Aragón, un fraile Dominico español que había vivido en Nicaragua por 40 años, fue impedido de regresar al país después de un viaje al extranjero en el 2022. El mes pasado, se les negó la entrada a dos pastores muy populares que regresaban de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. En julio pasado, el régimen socialista de Ortega canceló las pensiones de sacerdotes ancianos.
En la más reciente publicación de una serie de reportajes sobre la Iglesia Católica en Nicaragua, la investigadora y abogada exiliada de derechos civiles Martha Patricia Molina documentó 529 ataques en los últimos cinco años, 90 de los cuales han ocurrido en este año.
¿Por qué? “Porque la Iglesia Católica es el último bastión (independiente) que queda en Nicaragua”, según dijo Molina en una entrevista. El régimen, dijo ella, “se tomó los medios de comunicación, las instituciones, los partidos políticos y las ONG. El único espacio que quedaba era la Iglesia”. Dijo que el Gobierno “pretende erradicar la Iglesia por completo, silenciando la voz profética del evangelio para que el pueblo de Nicaragua no pueda oírla”.
No es de extrañarse que el papa, quien normalmente evita caracterizaciones mordaces, haya dicho con relación a Ortega: “Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige”. En una entrevista en marzo pasado a un medio argentino, Francisco acusó al régimen de Ortega de leninista y hitleriano, es una “dictadura grosera” dijo.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos describe las condiciones en Nicaragua cómo “una crisis sociopolítica que inició en abril del 2018 cuando la policía controlada por el régimen reprimió protestas estudiantiles pacíficas”. Desde esos ataques, el Gobierno ha continuado y ha asesinado al menos 325 personas, encarcelado a cientos, herido a miles y enviado al exilio a más de cien mil nicaragüenses.
En respuesta, los Estados Unidos han impuesto sanciones económicas. Quinientos funcionarios del régimen, incluyendo la esposa de Ortega, la vicepresidente Rosario Murillo, han sido declarados personas non gratas. La represión, sin embargo, continúa.
Los intentos de Ortega de extinguir el catolicismo en Nicaragua ameritan la mayor y más enérgica condena. Como presidente de una Universidad Católica, estoy especialmente interesado en reunir a líderes de universidades en oposición a esta persecución. Similarmente, los líderes en general deberían condenar a Ortega en los términos más duros. Su régimen debería ser aislado como paria internacional por intentar “desaparecer” al catolicismo, la libertad de culto y la libertad de expresión. La sanción sirve y tiene que continuar en el caso de una Nicaragua doblegada por el miedo y la violencia.
Presidente de la Universidad de Notre Dame, Indiana. Sacerdote católico C.S.C Publicado en The Washington Post
