4 de febrero 2020
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El logro más rotundo de la Rebelión de Abril, hasta ahora, es haber reivindicado la protesta cívica como el medio de lucha predominante para lograr el cambio político y, a la vez, derrotar la estrategia de la dictadura que pretendía desvirtuar el reclamo nacional de justicia y democracia como una guerra civil entre dos bandos armados. Después de la matanza perpetrada entre abril y julio 2018, Ortega fracasó con su narrativa del supuesto golpe de Estado para justificar la represión, y tampoco pudo imponer la opción militar a la oposición Azul y Blanco. A pesar de la cárcel, el exilio, y la persecución bajo el estado de sitio policial, la oposición nunca ha concebido la vía armada como opción, y se mantiene unida y firme en que la salida para desmantelar la dictadura es política y democrática, y radica en la vía electoral.
La única elección creíble que puede realizarse hoy en Nicaragua se asemeja a un plebiscito entre dos opciones: dictadura o democracia; más dictadura Ortega-Murillo, o un cambio político democrático para desmantelar la dictadura y sacar al país del estado de postración económico y social. Para llegar a esta elección plebiscitaria es condición sine qua non arrancarle a la dictadura una reforma electoral que permita una elección libre y competitiva con observación nacional e internacional, lo cual implica, además, la liberación de los presos políticos y la suspensión del estado policial, para devolverle al soberano el poder del voto con libertad de expresión y movilización. En esas circunstancias, no importa cuántos partidos zancudos obtengan el favor de la dictadura y si en la boleta electoral habría diez o quince casillas para intentar dividir el voto, porque a final de cuentas el electorado se decantará entre dos opciones: el FSLN de Ortega, y la coalición opositora, si esta finalmente se une en torno a las banderas de la Rebelión de Abril y su programa de cambio democrático con justicia sin impunidad.
Después de tres períodos presidenciales bajo el sistema Estado-partido-familia, la dictadura institucional de Ortega colapsó como una dictadura sangrienta. En consecuencia, esta no sería una elección “normal” para elegir un presidente, sino para decidir un cambio de régimen político. Los electores serán convocados a votar, no por el carisma de un candidato y sus preferencias ideológicas, sino para decidir sobre la continuidad de la dictadura, o el cambio político. Un cambio para desmantelar las estructuras de la dictadura e iniciar una transición democrática que conduzca a reformas duraderas que, para consolidarse, requerirán al menos varios períodos de gobierno.
Entre la aspiración democrática de las mayorías y la crisis de la dictadura, no hay opciones intermedias o terceras vías posibles. Por ello, es imperativa la unidad de la oposición para resolver la crisis del régimen de forma inequívoca, con la garantía de lograr una mayoría política calificada en una elección libre. Los liderazgos de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional han convocado a la creación de una Coalición Nacional, sin exclusiones, entre la nueva mayoría política Azul y Blanco, los partidos no colaboracionistas y otros sectores sociales no organizados, en torno a un programa democrático de cambio, desmontaje de la dictadura, y reconstrucción nacional.
El punto de partida no es escoger al “santo que va a encabezar la procesión”, como decía el doctor Emilio Álvarez Montalván, aludiendo a la vieja tradición política caudillista, sino responder a las nuevas demandas del movimiento ciudadano: organización, conducción política, y una estrategia de lucha, para terminar con el régimen Ortega-Murillo. La selección de los candidatos a cargos de elección popular --presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes y concejales-- presupone erradicar el dedazo y las “misas negras” a través de elecciones internas, con legitimidad y transparencia, pero no es el primero sino el último paso en la secuencia política de esta estrategia de salida. Primero, la coalición y la organización territorial, el programa y la estrategia de lucha, y por último, los candidatos.
El propio dictador Daniel Ortega ha entendido mejor que muchos la naturaleza plebiscitaria de esta elección que el FSLN da por perdida de antemano, al grado de que en estos 21 meses de crisis nacional nunca ha aceptado debatir una reforma electoral, ni está dispuesto a negociar “por las buenas” una reforma que permita una elección libre y competitiva. La dictadura solamente cederá una verdadera reforma electoral bajo una situación extrema de crisis política, como resultado de una presión ejercida al máximo, nacional e internacional, que le arrebate a Ortega el poder de decisión política. No se puede predeterminar, por lo tanto, si esta negociación --la tercera y la vencida-- será, con o sin, Ortega y Murillo en el poder. Pero como sentenció el estudiante universitario Lesther Alemán en el primer diálogo nacional, la negociación equivale a la rendición política de la dictadura.
El resultado político de la negociación y el contenido último de la reforma electoral dependerá de la presión que logre desatar la estrategia de lucha de la Coalición, para sumar nuevas fuerzas y debilitar los soportes políticos y económicos del régimen. En primer lugar, de la presión política que genere la Coalición al organizarse en los 153 municipios del país, y de su capacidad para conectar la demanda de elecciones libres, con los efectos de la crisis económica y social que agobia a todos los sectores del país --con más pobreza y desempleo, más impuestos, y el recorte de los subsidios-- en el tercer año consecutivo de recesión económica. Pero, además, se requiere sumar la movilización de todos: pobladores de los barrios, estudiantes, comerciantes, productores, y campesinos, junto a la presión de las cámaras empresariales y los grandes empresarios, para ponerle un límite terminante a la dictadura. La resistencia cívica de los servidores públicos, y el compromiso público del Ejército de Nicaragua de no avalar un fraude electoral, también son imprescindibles para crear mejores condiciones para la reforma electoral.
De la combinación de la presión cívica nacional, la condena diplomática y las sanciones internacionales, dependerá si en los próximos meses hay o no condiciones para despejar el camino de la reforma electoral. El mayor desafío de los líderes de la naciente Coalición, no es hacer una declaración formal de unidad el 25 de febrero, sino diseñar y ejecutar una estrategia de lucha política efectiva para cambiar el balance de fuerzas y debilitar el estado policial. Mientras tanto, la inacción política y una eventual división de la oposición, representan el principal aliado de la dictadura y el mayor peligro para la democracia.
