6 de agosto 2020
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PARÍS – El 20 de julio pasado, las autoridades zimbabuenses arrestaron al afamado periodista de investigación Hopewell Chinono con la acusación de “incitar a participar en violencia pública”. Pero su crimen verdadero fue exponer, en colaboración con Mduduzi Mathuthu, otro periodista que hoy está arrestado, el supuesto fraude de adquisiciones en el ministerio de salud relacionado con insumos médicos para combatir el COVID-19.
Las revelaciones de Chinono hicieron que un reluctante Emmerson Mnangagwa, presidente del país, sacara de su cargo al ministro de salud Obadiah Moyo. Pero mientras a este le fue otorgada la libertad bajo fianza tras su arresto, Chinono sigue en la cárcel a la espera del juicio.
Tras su arresto, la jueza Judith Taruvinga formó una orden extremadamente amplia que permitió a las autoridades entrar en su hogar en la búsqueda de “documentos ilegales y otros artículos guardados en el interior de la casa”. Cerca de 30 policías armados, provistos de una orden judicial adicional, procedieron a allanar el hogar de Chinono e incautaron su cámara. En contraste, Moyo no fue objeto de allanamientos ni búsquedas.
Al arrestar a un prominente reportero anticorrupción, el gobierno zimbabuense ha demostrado una vez más su intención de usar las leyes como arma política para criminalizar el periodismo. Finalmente, la comunidad internacional está logrando ver lo que hay detrás de la rimbombante retórica de Mnangagwa y reconociendo la verdadera naturaleza de su régimen.
A pesar de todos sus intentos por maquillar la imagen internacional de su gobierno, Mnangagwa simplemente está siguiendo el estilo autoritario del largo régimen de su predecesor Robert Mugabe. No debería sorprender a nadie, ya que había sido su asistente de seguridad durante 40 años antes de convertirse en presidente tras el golpe militar que derrocó a su mentor en 2017.
Cuando Mnangagwa comenzó a gobernar en lo que sin tapujos denomina su “reino”, una comunidad internacional agotada de las villanías de Mugabe ansiaba un reacercamiento y relaciones de colaboración. Los inversionistas avizoraron una nueva era en que las autoridades implementarían reglas predecibles, limpiaran la omnipresente corrupción y limitaran la burocracia rentista. Mnangagwa les siguió el juego, asegurando que Zimbabue estaba “abierta para los negocios”.
Sin embargo, pasados apenas dos años su simulacro se cae a pedazos. Con la misma crueldad y sensación de impunidad de Mugabe, pero sin su elocuencia e inteligencia, Mnangagwa se ha revelado como un bufón con un convencimiento caricaturesco de su propia invencibilidad.
El mundo puede ver ahora con claridad lo que siempre fue evidente para los zimbabuenses inteligentes: el golpe de 2017 no fue un acto de renovación desde adentro del gobernante partido ZANU-PF, sino que más bien se originó en la impaciencia de un heredero político ansioso de usar su turno para mutilar, robar y matar.
Después de todo, cuesta creer que el régimen esté abierto a los negocios después de su indignante tratamiento a Chinono, cuyos reportajes pusieron al descubierto las conexiones del hijo de Mnangagwa con el escándalo de las adquisiciones. ¿Pueden seguir teniendo sentido los alardes de una “segunda república” y una “nueva administración” tras el reciente secuestro y vejación sexual de tres jóvenes dirigentes femeninas de la oposición por parte de agentes de seguridad del gobierno, que luego fueron arrestadas por supuestamente fingir el episodio? ¿Qué pose sobre reformas políticas se puede sostener cuando el régimen, continuando donde Mugabe lo dejó, ha reprimido con armas de fuego manifestaciones pacíficas, manipulado elecciones y cometido actos de tortura y otros crímenes prohibidos por la ley internacional?
El régimen sabe que acusar a Chinono de incitación a la violencia pública es un sinsentido legal, por lo que prefiere castigarlo con farsas previas al juicio. Como ha observado Deprose Muchena , de Amnistía Internacional, el arresto y detención de Chinono son parte de un intento mayor de las autoridades zimbabuenses de perseguir a los críticos al régimen.
Por ejemplo, hace poco tiempo el titular de justicia de Zimbabue remitió a los jueces una directiva que exigía que sus sentencias fueran “vistas y aprobadas” por sus superiores antes de ser emitidas, una instrucción evidentemente inconstitucional, puesto que los jueces deben ser independientes. Aunque eliminó la palabra “aprobadas” al día siguiente y, más adelante, tras clamorosas protestas pareció retirar la directiva completa, el propósito sigue siendo claro. Además, últimamente ha habido arrestos de abogados de derechos humanos por acusaciones espurias.
Mientras tanto, los problemas de Zimbabue siguen multiplicándose. El abogado Alex Magaisa ha descrito hace poco cómo la magnitud del saqueo oficial de un plan de apoyo estatal a la agricultura causó una enorme deuda pública. Y, antes, el diputado de oposición Tendai Biti reveló el desvío de miles de millones de dólares de un programa separado de “estímulo agrícola”. El régimen está en pánico, en medio de la huelga de enfermeras y enfermeros en un sistema de salud pública colapsado y llamados de parte de la hambrienta población del país a protestas masivas.
El arresto este 31 de julio de varios manifestantes pacíficos, entre ellos el renombrado escritor Tsitsi Dangarembga y la estudiante Panashe Sivindani, completó un mes de descontento ciudadano en el que, además, Mnangagwa anunció medidas de confinamiento más estrictas por un periodo indefinido. Incluso en un contexto de aumento de las infecciones, las draconianas reglas llevaron a las Naciones Unidas a expresar preocupación sobre una posible ofensiva autoritaria. Las nuevas directivas imponen un toque de queda desde las 6:00 p.m. a las 6:00 a.m. y exigen que todos los zimbabuenses “que no trabajen” se mantengan en sus hogares durante el día, en momentos en que el desempleo formal está por sobre el 90%.
El régimen zimbabuense vive de la corrupción y las mentiras. Mnangagwa usa las leyes e instituciones de justicia no para garantizar los ideales de propiedad, equidad y dignidad, sino como zanahorias y palos que usar cuando y como le convenga.
Todo esto ha creado un ambiente de impunidad e injusticia que ha causado que los inversionistas responsables se lo piensen antes de poner su dinero en Zimbabue. Cuando un régimen se dispara a los pies, como lo está haciendo del régimen de Harare, la inversión extranjera que llega al país suele ser crudamente extractiva: contratos de sangre calculados para vaciar sus recursos naturales a cambio del apoyo a sus gobernantes con tanques, armas de fuego y municiones, otras herramientas para la represión política y social y abultadas cuentas bancarias personales.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen
Tawanda Mutasah, ex Director Sénior de Legalidad y Políticas en Amnistía Internacional y ex Director Global de Programas en las Fundaciones Open Society, es académico de la Escuela de Asuntos Internacionales de la Universidad de Ciencias Políticas de París.
Copyright: Project Syndicate, 2020.
