11 de abril 2016
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La fiscalización de los usos de la cooperación venezolana, que se ha canalizado a través de mecanismos privados como un presupuesto paralelo, ha sido una demanda ciudadana de primer orden desde que en 2007 se suscribió el primer convenio de cooperación petrolera entre ambos estados, bajo la responsabilidad de los presidentes Hugo Chávez y Daniel Ortega. Desde entonces se inició una genuina batalla, los gobernantes imponiendo un esquema de ocultamiento de información y opacidad extrema, y la prensa independiente escarbando en los márgenes, para hacer valer el principio democrático de transparencia y rendición de cuentas.
En una democracia en la que prevalece algún mínimo contrapeso de poderes, esta habría sido una tarea fundamental de las entidades de control del estado, como la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República, pues la cooperación venezolana representa un patrimonio nacional acumulado de más de 3,500 millones de dólares. Pero en Nicaragua, donde estas instituciones carecen de autonomía y funcionan como una extensión del sistema caudillo-estado-partido, esta ha sido una misión solitaria de la prensa y de un reducido grupo de diputados e investigadores independientes.
Los economistas aún debaten cuál habría sido el impacto a largo plazo, de haberse invertido esos fondos en las prioridades del desarrollo a través de una estrategia nacional, con una sólida contrapartida institucional. Lo que nadie discute es que la estrategia cortoplacista adoptada por Ortega para disponer de la cooperación venezolana, despejó el camino de obstáculos para instalar un régimen corporativista autoritario. Por una parte, le permitió consolidar su base de apoyo popular con políticas asistencialistas y de cooptación, y por la otra, le facilitó una alianza con el gran capital al postergar una verdadera reforma fiscal, ofreciéndoles, además, grandes oportunidades de negocios en el mercado venezolano.
El futuro de la cooperación venezolana ahora es incierto, por el desplome de los precios del petróleo y el declive político del chavismo en Venezuela. Pero lo que está a la vista como fruto de diez años de cooperación es un conglomerado de negocios que hoy representa uno de los nuevos capitales más importantes de Nicaragua. Los historiadores siguen publicando libros con nuevos hallazgos sobre cómo surgió el capital familiar de la dictadura dinástica fundada por Anastasio Somoza García, utilizando el presupuesto de las entidades públicas para pagar las planillas de sus fincas, o adquiriendo las propiedades de los alemanes a precios de guate mojado en subastas amarradas a punta de ametralladora. Los periodistas en el siglo XXI no deberíamos esperar a que dentro de otros cincuenta años los historiadores vengan a contarnos cómo se formaron estos nuevos capitales, al amparo de la desviación de los fondos de la cooperación estatal venezolana.
En las condiciones políticas actuales, resulta imposible esperar que alguna vez los gobernantes y sus allegados —el Presidente ausente y la omnipresente vocera oficial— brindaran una declaración de probidad que sea verificable, o respondieran a las preguntas de la prensa independiente. Afortunadamente, en un régimen personalista el silencio oficial siempre empieza a erosionarse desde adentro. En el aparato estatal y partidario, hay empleados públicos, técnicos y profesionales, y cuadros del FSLN, que se resisten a permitir la consolidación de un nuevo régimen familiar dinástico, y a pesar de las prohibiciones y las amenazas con que se pretende mantener el monopolio de la información pública, está empezando a fluir más información para promover la transparencia.
En 2011, Confidencial publicó la primera gran investigación periodística titulada “Las cuentas secretas de Albanisa”, basada en una filtración de la contabilidad de Albanisa. El año pasado publicamos otra investigación titulada “El botín de los petrodólares”, arrojando nuevas luces sobre la opacidad de la cooperación venezolana y las actividades empresariales de Albanisa. Esta nueva investigación titulada “La ‘alcancía’ de Albanisa”, está basada en una filtración aún mayor de 1,207 documentos, que fuentes vinculadas a Albanisa y al partido de gobierno hicieron llegar a este medio de comunicación. Nuestro único compromiso es proteger sus identidades, y brindarle a la información un tratamiento periodístico riguroso y profesional.
El lector encontrará en esta investigación nuevos hallazgos, aún incompletos, sobre el derroche y la forma discrecional con que se ha manejado la bonanza petrolera, y cómo Albanisa se convirtió también en una “pulpería” de negocios al menudeo, sin ninguna racionalidad económica o lógica inversionista. Bajo el mando del vicepresidente de Albanisa, ingeniero Francisco “Chico” López, Albanisa se transformó en una incubadora de negocios, a la entera disposición de la familia presidencial.
La última parte de esta serie de tres entregas, referida a la deuda que Nicaragua ha adquirido con Venezuela, plantea un nuevo dilema a ambos países, a raíz de que el gobierno de Maduro orientara a inicios de este año un cambio en las reglas del juego, redefiniendo el manejo de la cooperación y las obligaciones de nuestro país con Venezuela. Según el Fondo Monetario Internacional, Venezuela orientó que “todos los activos y pasivos relacionados con el esquema de cooperación petrolera están en proceso de ser transferidos de una cooperativa financiera privada (Caruna), a una empresa de responsabilidad limitada nicaragüense (Albanisa), copropiedad de la empresa de distribución de petróleo estatal de Nicaragua Petronic (49%), y la empresa nacional del petróleo de Venezuela (Pdvsa, 51%)”.
Esto significa que la deuda resultante del esquema de cooperación petrolera (o sea los pasivos) dejan de ser asumidos por Caruna, y pasan a cargo de Albanisa, pero también los activos derivados de las inversiones nacidas del fondo petrolero pasan a control total de Albanisa. Algunos de esos activos incluyen: el Banco Corporativo, el canal 8 de televisión, emisoras de radio, el hotel Seminole, la red de gasolineras DNP, las plantas térmicas y eólicas generadoras de energía, la empresa distribuidora de energía Disnorte y Dissur, fincas ganaderas, empresas constructoras, Albalinisa, el plantel de tanques de almacenamiento de la combustibles de la refinería que no fue, en fin, todo lo que ha sido financiado con el dinero de la cooperación petrolera.
La diferencia es que mientras Caruna se definía como una entidad privada netamente nicaragüense, en el caso de Albanisa el 51% le pertenece a la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa). ¿Significa esto que Venezuela está borrando la deuda de Nicaragua al asumirla la misma PDVSA? ¿Acaso Venezuela está reclamando el control de las inversiones del grupo Alba en Nicaragua que hasta ahora han sido cedidas enteramente a su socio privado, el comandante Ortega, o se trata solamente de un mecanismo formal para consumar otra transferencia privada?
Estas son preguntas que deberían debatirse en Nicaragua con urgencia, por las implicaciones que tienen en nuestro futuro inmediato, y en cualquier agenda de cambio que tendrá que tomar en cuenta la recuperación de esos activos y recursos para ponerlos a disposición de un estado soberano. Y también son preguntas relevantes y pertinentes para la nueva Asamblea Nacional venezolana, ahora controlada por la oposición, que está empezando a demandar una rendición de cuentas sobre el destino de los petrodólares en el exterior, que nacieron de un proyecto de solidaridad y terminaron en manos privadas.
No basta con los informes del Banco Central al FMI que presentan en grandes agregados los montos de la cooperación. El pueblo nicaragüense tiene derecho a conocer la letra menuda de la cooperación venezolana para saber cómo se han usado estos 3,500 millones de dólares, y sobre todo en manos de quiénes terminó el consorcio de los nuevos capitales privados.
