El primer año del Gobierno de Xiomara Castro

Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras y esposa del expresidente José Manuel Zelaya, derrocado en 2009, ya es un ícono histórico del país, dada la condición de mujer de esta. La pregunta es si pasará a la historia sin otro relieve que el de dicha condición. Y es que, en el seno del oficialismo, tras el primer año de gobierno se oyen quejas que consideran que “se está perdiendo una oportunidad histórica”.

Los cuestionamientos comenzaron poco tiempo después de haber empezado el mandato, cuando solo unos pocos puestos de los más relevantes fueron ocupados por quienes lucharon durante doce años para regresar al poder político-institucional. “Un ministro, considerado un compañero de luchas, ha sido rodeado por ineptos oportunistas, arribistas de última hora, y la culpa la tiene, nada menos que Mel (José Manuel Zelaya)”, comentaba un viejo militante, exliberal, que lo acompañó tras su derrocamiento.

A lo largo de este primer año de la izquierda en el Gobierno, José Manuel Zelaya no ha escatimado esfuerzos para demostrar quién es el que manda, aunque sin decirlo explícitamente. Apenas iniciado el mandato de su esposa, el expresidente se armó una oficina en la Casa Presidencial como coordinador del Partido Libre, algo prohibido por la Constitución. Y más tarde llegó a presidir una reunión de gabinete, sin ser miembro del Gobierno.

Por otro lado, el controvertido Salvador Nasralla, primer designado presidencial, no demoró en revelar su otra cara: incoherente, egocéntrico, caprichoso e imprevisible. Casi desde el comienzo del Gobierno, se ubicó en el papel de víctima e incluso coincidió con las posiciones de la oposición. En este marco, Xiomara y sus colaboradores de confianza han debido lidiar con propios y ajenos, lo cual le ha pasado cuenta al evaluar los logros de sus promesas de campaña.

El asunto energético viene siendo desde hace varias administraciones un problema grave, debido a las enormes pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). En mayo de 2022, por solicitud de la presidenta, el Congreso nacional aprobó la ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de Seguridad Nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social. Dicha ley permite la supervisión estatal y la intervención de las empresas contratadas por el Estado en el subsector eléctrico.

Xiomara Castro también prometió apoyar los derechos reproductivos de la mujer y propuso la despenalización del aborto por tres causales y la aprobación de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE). La primera promesa es difícil de cumplir, pues el aborto está expresamente prohibido en la Constitución. Sería necesario un fallo de la Sala de lo Constitucional para anular esa prohibición o que, por mayoría calificada (86 votos), el Congreso nacional vote su derogación, algo complicado, debido a la enconada oposición de la Iglesia católica y de los sectores evangélicos.

Si bien las Iglesias evangélicas están de capa caída por su irrestricto apoyo al extraditado expresidente Juan Orlando Hernández, todavía tienen una gran influencia sobre ciertos sectores de la alta sociedad hondureña. Muchos legisladores provienen de esos sectores o son fieles de algunos de esos credos. De hecho, el propio ministro de Salud, José Manuel Matheu, del Partido Salvador de Honduras, es un abierto militante antiabortista.

La transformación de los sistemas de educación y de salud era una de las promesas que generaba mayores expectativas, ya que Castro había prometido incrementar notablemente sus presupuestos. Para este año, el presupuesto general establece aumentos del 7% para la Secretaría de Educación y del 8% para la de Salud. Si bien no es suficiente, sí es algo.

Por otro lado, un sector que reclama por incumplimientos es el de la comunidad LGBTIQ+, cuyos dirigentes han expresado sentirse abandonados por la presidenta. Una de las promesas incumplidas, hasta el momento, es la potestad del individuo de cambiar de nombre en el nuevo documento nacional de identidad (DNI).

En cuanto al medio ambiente, durante la campaña electoral se prometió la eliminación de la minería a cielo abierto y el final de la criminalización y de la persecución penal a los defensores de la tierra. En febrero de 2022, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas declaró a Honduras territorio libre de minería a cielo abierto, pero, en la realidad, nada ha cambiado. Siguen existiendo explotaciones mineras que se enfrentan en duros conflictos con las comunidades locales en Guapinol, Reitoca o Azacualpa, muchas veces con la complicidad de las autoridades locales y de la Policía Nacional o del Ejército.

Una de las más sentidas promesas de campaña fue la desmilitarización de las fuerzas de seguridad del Estado. El régimen anterior de Juan Orlando Hernández creó cuerpos de élite policial y militar, entre ellos la Policía Militar del Orden Público (PMOP). Todos esos grupos siguen activos, aunque con un supuesto cambio de objetivos y de mentalidad en el caso de la policía, a la cual se le pretende dar una visión comunitaria.

Por otro lado, la presidenta Castro decidió medidas represivas contra el flagelo de la extorsión mediante la creación del estado de excepción que, sin embargo, no elimina de raíz la problemática relacionada con las maras y las pandillas. Esos grupos, aseguran analistas, tienen relación directa con exfuncionarios, con exlegisladores y, quizás, con algunos de los actuales. Mientras esa relación no se ataque y se corte de cuajo, el problema seguirá.

Por otra parte, el estado de excepción ha sido fuertemente cuestionado por los defensores de los derechos humanos porque de entrada se implementó en 162 barrios y colonias del Distrito Central y de San Pedro Sula, los dos núcleos urbanos más poblados del país. Esos barrios y colonias tienen los mayores índices de pobreza, lo cual implica que, desde el mismo Estado, se criminalizó la indigencia. A pesar de ello, la medida se amplió en enero de este año a otros 73 municipios.

Muchos otros asuntos han quedado, de momento, en el tintero, como la erradicación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes), creadas por el Gobierno anterior; los pactos de impunidad, que han dejado en libertad a cientos de responsables de corruptelas y otros ilícitos, y la postergada creación e instalación de la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad (Cicih). Finalmente, la derogación de la “ley de secretos”, que blinda las acciones de exgobernantes, en la práctica no ha sido acatada ni por el Ejecutivo ni por los demás poderes del Estado.

Por el momento, ante los numerosos incumplimientos de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, los militantes de su partido tienen razón cuando aseguran que “se está perdiendo una oportunidad histórica para cambiar a Honduras”.

*Artículo publicado originalmente en Latinoamérica21.