30 de enero 2023
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Reunidos el pasado 5 de enero en Bilwi, cabecera de la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN), catorce representantes de pueblos originarios Misquitus y Mayagnas firmaron una proclama denunciando agresiones a sus lenguas, culturas, costumbres, tradiciones y a sus tierras legítimas, por los Gobiernos de turno, deteniéndose, en particular, en lo que están sufriendo desde 2007 con la llegada del dictador Daniel Ortega al poder.
La invasión de las tierras indígenas comenzó en la década de 1990, cuando se entregó terrenos a desmovilizados del Ejército y de la Resistencia (Contra), enfrentados en la década revolucionaria, pero el incremento de ocupaciones y la violencia con decenas de muertos inició desde el año 2012.
En 1998 fue radicado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso “Comunidad Mayagna (Sumo), Awas Tingni Vs. Nicaragua”, donde la comunidad demandaba reconocimiento de sus derechos frente a la concesión maderera otorgada por el Gobierno de Arnoldo Alemán a favor de la empresa Solcarsa. En 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor del pueblo Mayagna exigiendo la demarcación de sus tierras.
Durante la presidencia de Enrique Bolaños (2002-2007), fue dictada la Ley No. 445 sobre el Régimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe y el Gobierno entregó títulos a las comunidades, iniciando el cumplimiento de la sentencia, acción que Ortega se comprometió a terminar.
En la práctica, mediando intereses económicos capitalistas, las comunidades indígenas sufrieron acoso, amenazas e invasión violenta de los colonos, como avanzada de madereros, ganaderos, minería y agronegocios, en contubernio con funcionarios del Gobierno regional y nacional y la complicidad de algunos dirigentes indígenas, a quienes Ortega nombró en altos cargos de gobierno o los hizo sus aliados electorales.
Bosawás, objeto de deseo
En 1991, la selva tropical de Bosawás, con una extensión de 19 000 hectáreas, fue declarada Reserva Nacional de Recursos Naturales y, en 1997, Reserva de la Biosfera por la UNESCO, calificada el pulmón más grande de Centroamérica. Su mayor parte estaba habitada por pueblos originarios Mayagnas y Misquitus, quienes históricamente han sobrevivido en sus bosques y sus ríos sin afectar la biodiversidad y el equilibrio ecológico.
Aprobada la Ley 445, las comunidades Mayagnas fueron las primeras en demarcar y titular. En abril de 2009, los líderes de los Gobiernos Mayagnas crearon la Nación Indígena Mayagna de Nicaragua, integrada por 15 516 personas, nueve territorios y sesenta y seis comunidades, en un territorio de 10 000 kilómetros cuadrados, que representa el 7.7% del territorio nicaragüense.
La decisión de estos pueblos de defender sus derechos a la tierra y territorios ha sido castigada con crueldad. En 2017, el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) ―ilegalizada por la dictadura orteguista en 2022―, informó que, desde 2012, el conflicto por la tierra había dejado 98 víctimas indígenas Misquitus (32 muertos y 66 desaparecidos o heridos).
Entre los responsables de invasiones a los territorios indígenas con actividades que afectan las zonas de amortiguamiento de Bosawás fueron identificados: la Empresa Alba Forestal, creada con fondos venezolanos, pero manejada de manera privada por allegados al régimen; la expansión del agronegocio de la palma africana; la ganadería extensiva y la explotación minera de oro y plata, que se incrementó de manera exponencial con las concesiones otorgadas por el Gobierno extractivista de Ortega y Murillo.
Al respecto, el estudio de Oakland Institute, publicado en 2020 y citado en un excelente reportaje de Wilfredo Miranda Aburto en Divergentes, afirma que “Daniel Ortega alienta la fiebre del oro en Nicaragua”. En 2017, fue creada la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), que permite al Estado de Nicaragua mayor participación en negocios mineros con empresas privadas. De esa forma, el total de tierra bajo concesión minera aumentó de 1200.000 hectáreas a 2 600 000 hectáreas. Lo alarmante es que 853 800 hectáreas de esa tierra están en la zona de amortiguación de la reserva de Bosawás en territorios indígenas.
Pero estas empresas y los poderosos no actúan directamente. Utilizan a los colonos, campesinos, muchos de ellos con experiencia militar, a los que se les permite acceso a las armas, con las que entran a las tierras, las deforestan y preparan para sus cultivos, violentando, además de los derechos indígenas, normativas de protección de la reserva. Entre los colonos fueron identificados paramilitares que participaron en masacres contra la sublevación popular de 2018. Ellos son la avanzada de grandes intereses extractivistas mencionados.
Algunos datos del etnocidio
Los líderes presentaron una síntesis de algunos ataques violentos y parte de las víctimas, enfatizando en el “apocalipsis vivido en 2015”, uno de los años más violentos para los territorios indígenas y afrodescendientes, asesinando al menos a 35 indígenas.[i] También reportaron el asesinato de Bermúdez Wilson, de Wiwinak, y José Álvarez, de Esperanza, Río Coco. Pero hay más muertos y otros lugares.
Alejandro Guevara, indígena misquito, testimonió para Divergentes el terror vivido en Polo Paiwas el 29 de octubre, donde hombres armados “atacaron la comunidad con escopetas y Ak-47. Asesinaron al joven Germán Martínez Fenley e hirieron a otro indígena. El resto de la banda quemó las casas de los comunitarios y mató a todos los animales de corral que encontraron. Alrededor de 25 familias tuvimos que salir de la comunidad. De lo contrario nos mataban. Nos fuimos para Klisnak como pudimos. Polo Paiwas quedó arrasada”.
Entre 2015 y 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a varias comunidades por semejantes crímenes, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó medidas provisionales a favor de doce comunidades indígenas de la costa Caribe, demandando al Estado de Nicaragua a prevenir, investigar y sancionar a los culpables de estos ataques. Sin embargo, el Estado de Nicaragua se encuentra en desacato, al omitir el cumplimiento de tales medidas y negar que los ataques estén ocurriendo.
En 2018, el régimen de Ortega fue señalado responsable de crímenes de lesa humanidad. En respuesta, expulsó a funcionarios de la CIDH, ilegalizó a las principales organizaciones de defensa de derechos humanos y capturó cientos de personas en ciudades del Pacífico y centro de Nicaragua.
En las alejadas comunidades indígenas la violencia continuó y escaló. El 20 de enero de 2020, un grupo de ochenta armados atacó la comunidad de Alal, parte del territorio indígena Mayagna Sauni As. Seis indígenas Mayagnas fueron asesinados y diez desaparecidos. Los invasores quemaron viviendas y secuestraron a miembros del Gobierno comunal. Numerosas familias indígenas se refugiaron aterrorizadas en Musawás. La Policía Nacional emitió un ambiguo comunicado e inició una supuesta investigación sin establecer responsables.
Pobladores transportan los cadáveres de seis indígenas asesinados en un ataque a la comunidad de Alal, en enero de 2020. Foto: Tomada de Debates Indígenas
Después de esta masacre, Paulo Abrão, exsecretario general de la CIDH, recordó la obligación del Estado nicaragüense de cumplir con las medidas provisionales otorgadas a estas comunidades, en tanto consideró responsable al Gobierno de armar colonos contra los indígenas: “Es una lógica perversa, porque muchas veces las operaciones violentas no se ejecutan por las fuerzas estatales directamente, sino que es por otros actores, empresas privadas u otros grupos que desean explorar estos territorios ejerciendo las funciones típicas del Estado formal con la venia de las autoridades estatales. Ahí se genera la responsabilidad del Gobierno en estos hechos”.
Pero los asesinatos y heridos siguen. Lo peor es que los colonos sorprenden a los comunitarios en sus faenas productivas y les disparan sembrando el terror. También ocurren violaciones sexuales a mujeres y otras agresiones brutales, como secuestros, para amenazar y amedrentar. Horrorizados, los indígenas huyen en busca de zonas más seguras, abandonando sus tierras, ranchos, animales y reservas alimenticias. Muchos cruzaron el Río Coco y se refugiaron en comunidades misquitas en Honduras.
La violencia sexual contra mujeres indígenas fue denunciada por el Gobierno de Mujeres Mayagna de Nicaragua a raíz de la masacre de Kiwakumbaith.
El año 2021 también fue terrible para las comunidades. Mientras en Managua capturaron a todos los líderes opositores, en julio fue reportada la muerte de Bonifacio Dixon, en la comunidad de Santa Fe, territorio Li Aubra. El 23 de agosto ―según la proclama de dirigentes territoriales firmada el 5 de enero― hubo nuevos ataques de colonos armados, esta vez en el cerro Kiwakumbaith, territorio Mayagna Sauni As, donde dejaron trece indígenas asesinados.
Los ataques continuaron en 2022. En marzo, Salomón López Smith fue liquidado por colonos en Pansuhwás, territorio Matumbak. En mayo, también lo fueron Roberto Melgara Gutiérrez y su hijo Terlin Gutiérrez Medina, originarios de Sukatpin en el territorio Twi Waupasa.
Los líderes indígenas concluyeron: “En la gran asamblea de la Mosquitia, realizada en Waspán en marzo de 2022, las autoridades regionales se comprometieron nuevamente a realizar el saneamiento territorial, pero todo queda en promesas. Hoy en día, más del 80% de las tierras están invadidas y responsabilizamos al Gobierno de Nicaragua por las consecuencias”.
En ese ambiente, en noviembre pasado se realizaron elecciones municipales. El fraude descarado en todo el país incluyó las municipalidades de mayoría indígena, como Waspán, donde el FSLN se proclamó ganador. Las protestas contra el fraude, protagonizadas por pobladores que apoyan al partido indígena Yatama, fueron duramente reprimidas y hubo decenas de personas encarceladas.
Los líderes en la proclama denunciaron que días después, la alcaldesa anunció que “el Gobierno de Nicaragua ordenó el libre acceso de los colonos a través de las comunidades y el comunitario que se oponga será arrestado”.
Por todo ello hacen un llamado a las autoridades de Nicaragua y al mundo, a frenar la grave crisis humanitaria y ambiental contra la Madre Tierra, la biodiversidad y sus poblaciones. Y gritan al mundo: “¡No nos dejen solos!”.
*Artículo publicado en desInformémonos.org. Fuentes: territorioindigenaygobernanza.com, servindi.org, Infobae.org, Debatesindigenas.org, Divergentes.com, CALPI, culturalsurvival.org, elextremosur.com, articulo66.com, laprensani.com
