18 de octubre 2024
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La continua destitución de alcaldes en Nicaragua confirma que el oficio de gobernantes locales está reñido con las dictaduras, que por definición son centralistas y verticales. Las autocracias no admiten ninguna parcelación del poder, ni la horizontal en poderes independientes, ni la vertical en gobiernos autónomos. El régimen orteguista todos los días confirma este corolario. Quien acepta el cargo de alcalde se expone a terminar sus días manchado por acusaciones de corrupción o incapacitado por supuestos problemas de salud. Ser alcalde/sa es cargar con el futuro membrete de ladrón o de enfermo repentino.
Cuando asumieron sus cargos hace 22 meses, las autoridades municipales salidas de la pantomima electoral de 2022 cabían al menos tres hipótesis derivadas de tres dimensiones fácticas del municipio: población, territorio y autoridades. A estas dimensiones se asocian tres variables: autogobierno, políticas locales y reacción ciudadana. Del cruce de estas variables emergen tres hipótesis que apuntaban los siguientes escenarios:
Escenario A: El peor
Las autoridades municipales actuarían sin ningún tipo de autonomía respecto al Gobierno central y plegados al FSLN. Esto se reflejaría en la ejecución de directrices homogéneas para todos los municipios del país, que se traducirían en programas no decididos localmente, sin tomar en cuenta las características, problemas o demandas del municipio. A pesar de semejante control se presentarían casos de corrupción por la discrecionalidad o “amarres” entre funcionarios locales, centrales y del FSLN. La población “dejaría hacer”, no se metería en nada ni reaccionaría frente a las actuaciones de los Gobiernos locales que se mostrarían ineficientes por falta de iniciativa, mandados por el Gobierno central.
Escenario B: El intermedio
Se darían algunos casos de Gobiernos que se resistirían a acatar “la línea” y querrían tomar algunas decisiones propias. El Gobierno central reaccionaría destituyéndoles, obligándoles a renunciar o metiéndoles en la cárcel por acusaciones de corrupción o de malversación, o por mala gestión. Los ministerios pasarían a encargarse de la ejecución directa de todos los programas en los municipios, en particular aquellos que claramente corresponden a las alcaldías, como las calles, parques, mercados, viviendas y ferias locales. Se conocerían casos de quejas y protestas de la población por el mal desempeño de las autoridades. Este empoderamiento relativo de la población haría posible algunas experiencias de fiscalización y denuncia ciudadana.
Escenario C: El optimista
El modelo de control sobre las 153 alcaldías se fracturaría porque ni el Gobierno central ni el FSLN tendrían capacidad para hacer cumplir la línea que bajan desde Managua. Algunas alcaldías, en especial las de las cabeceras departamentales, se mantendrían alineadas con el Gobierno central, pero otras (las medianas, pequeñas y más alejadas) se rebelarían y se presentarían casos de ocupación manu militari de edificios por parte del Gobierno central, de paramilitares y del FSLN. La ineficiencia en la prestación de servicios aumentaría y ello alimentaría el descontento de la población. Esto crearía un caldo de cultivo para las protestas en algunos municipios, en particular donde hubo mayor abstención debido al rechazo de la población hacia el FSLN y la dictadura.
Después de 22 de meses en el cargo, la fotografía de los Gobiernos impuestos presenta rasgos de los escenarios A y B. Como se esperaba, el Gobierno central ha hecho obligatorios sus programas para los 153 municipios, convirtiendo a las alcaldías en meras agencias ejecutoras de decisiones que se toman fuera del territorio. Sin embargo, la falta de controles locales por el debilitamiento de los criterios normativos en favor de las coimas partidistas ha propiciado el florecimiento de las actuaciones discrecionales de las alcaldías que han abierto la puerta a prácticas corruptas que no cuentan con el visto bueno del mando central. No en balde en más de la mitad de los 18 alcaldes destituidos hasta la fecha se mencionan como causas la corrupción, el desfalco y la malversación.
Pero también se mencionan otros casos de destituciones por presiones políticas, desacato de órdenes superiores y pugnas internas en el FSLN. Es decir, también se han presentado elementos del escenario B en el sentido de que hay factores políticos que no se sabe si pueden ser atribuidos a cierta resistencia de las autoridades a acatar las órdenes superiores. Incluso esto levantaría sospechas de si detrás de algunas acusaciones de corrupción no hay pugnas políticas por el real ejercicio de poder en las localidades.
En cuanto al comportamiento de la población, aunque no se puede hablar de protestas por los malos manejos de las autoridades, tampoco se puede atribuir a una actitud generalizada de “yoquepierdismo”, habida cuenta los informes periódicos que organizaciones como Urnas Abiertas y Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia han venido realizando con el apoyo de sectores de la población que desde el municipio desempeñan un papel como fuentes de información. Lo mismo puede decirse de los reportajes frecuentes de CONFIDENCIAL que dan voz a las denuncias de una población que no calla ni tolera la robadera desatada en sus municipios.
Un síntoma de la gravedad de la corrupción incontrolada en las alcaldías en estos 22 meses podemos encontrarlo en dos decisiones del régimen: la creación de la Procuraduría de las Municipalidades dentro de la Procuraduría General de la República y el cierre de INIFOM para pasar la totalidad de sus competencias a la primera.
La primera medida era innecesaria porque la Contraloría ya realizaba auditorías en las alcaldías; la segunda es un despropósito tan grande que sólo equivale a un parche enorme para tapar un descontrol mayúsculo en la gestión de Gobiernos municipales que no fueron electos por otro mérito que la fidelidad canina al “amado líder”. El hecho de que INIFOM, una entidad del Estado pensada para asesorar y fortalecer el desempeño de las alcaldías, haya sido absorbido por otra cuya única función era la supervisión de la administración financiera de las mismas, solo revela que las finanzas locales, la contratación pública y las inversiones municipales en general se han convertido en una merienda de zopilotes, y que el parche de la Ley 1208 es un esfuerzo desesperado por taponar la hemorragia de la corrupción.
¿Alguien en su sano juicio puede pensar que la Procuraduría de las Municipalidades podrá asumir las nuevas competencias de “fortalecimiento de la administración municipal relativa a las finanzas municipales, asesoría legal e inversiones; y la asesoría, acompañamiento y planificación, seguimiento y evaluación de las estrategias municipales” como estipula la mencionada ley del pasado de 12 de julio? No solo es un disparate administrativo, es además una condena anticipada a la ineficiencia del nuevo organismo público.
No es de extrañar que siga habiendo nuevas destituciones. La corrupción y las pugnas por imponer el control político en las alcaldías no son las causas; más bien son el resultado de un ecosistema político que se rige por el ordeno y mando que la dictadura, para sostenerse, crea feudos a los que entrega cuotas de poder para todo, excepto para iniciativas políticas: poder para explotar recursos naturales —en particular los bosques— para expulsar a poblaciones originarias miskitas y mayangnas, para controlar la explotación de oro, y, por supuesto para administrar la trata de personas, de migrantes y del narcotráfico.
En este ecosistema, los Gobiernos locales se ubican al final de una cadena depredadora donde a veces solo pueden aprovecharse de la carroña que les dejan los depredadores mayores. Sin poder para decidir, que al fin de cuentas es el hecho sustantivo de gobernar, se ven condenados a la disyuntiva de obedecer o defraudar, acatar la línea o meter la mano, un escenario que los coloca de forma permanente al borde de la deshonra o de la cárcel.
