El ocaso del bono solidario

En un intento por satisfacer la justa demanda por mejores salarios en el sector público, el Presidente Daniel Ortega anunció en mayo de 2010 la entrega del llamado “Bono Cristiano, Socialista y Solidario”, un complemento salarial para miles de trabajadores del Estado que se constituyó, sin duda, en una pieza fundamental de su programa de Gobierno. Este bono se mantuvo por un lapso de cinco años, gracias al copioso patrocinio de la cooperación venezolana, hasta que finalmente en 2014 fue integrado al presupuesto nacional.

En sus primeros años el bono solidario, además de depender exclusivamente de recursos externos, operó por fuera de las finanzas públicas y no formó parte integral de la política salarial del Estado. No obstante, hay que reconocer que junto con otras medidas ejecutivas, como los subsidios al transporte y los servicios básicos, mejoró la capacidad adquisitiva de sus beneficiarios, aunque sin llegar dicha capacidad a igualar el costo de la canasta básica.

Cuando en el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) conocimos la iniciativa de Ley Anual de Presupuesto General de la República 2014, constatamos el interés de la administración Ortega de preservar el bono solidario, absorbiéndolo presupuestariamente, pese a que el Fondo Monetario internacional presionaba por encontrar una solución que no significara un impacto insostenible sobre la masa salarial del Estado.

El integrar el bono al Presupuesto de la República, fue una movida que tuvo un costo fiscal para los contribuyentes por un monto de US$ 46.7 millones (equivalente a 0.4 puntos del PIB), y surgió como medida de última instancia frente a los menguantes precios del petróleo que hicieron escasear la fuente financiera que dio origen al bono solidario.

El bono solidario inició beneficiando a más de 160 mil empleados públicos y llegó a significar, previo a su absorción presupuestaria, una erogación anual de aproximadamente US$ 60 millones. Semejante cantidad de recursos resultaba difícil de absorber con fondos presupuestarios sin irremediablemente sacrificar otros gastos prioritarios.

En ese momento en el IEEPP señalamos algunos desaciertos técnicos sobre la forma de incorporar el bono al presupuesto 2014, que en realidad escondían propósitos financieros y políticos. En estricto cumplimiento con la ley, nos preocupaba que el bono solidario fuera integrado bajo una partida presupuestaria que no fuera la del salario ordinario porque eximía al Gobierno de sus obligaciones en concepto de décimo tercer mes y aporte patronal; aunque también eximía a los trabajadores de ver su salario neto afectado vía una mayor cuantía en sus deducciones a la seguridad social. Al final prevaleció el criterio en virtud del cual se evitó más presiones presupuestarias aún a costa de incumplir con el marco legal.

También señalamos que la solución encontrada por la administración Ortega para mitigar el impacto presupuestario del bono solidario en el mediano plazo, fue precisamente la moderación de los incrementos futuros en el salario estatal. De esta manera, hemos presenciado que, a diferencia de los años anteriores, únicamente se ha venido garantizando un reajuste salarial anual del nueve por ciento a los maestros y maestras, quedando el resto de empleados públicos con reajustes salariales menores. En otras palabras, se constata que el “ajuste” está siendo soportado por los mismos trabajadores.

No resultaría extraño que salieran a relucir descontentos entre la clase trabajadora del Estado como consecuencia de un cumplimiento estricto de la política del bono solidario, a saber que este beneficia únicamente al trabajador con un salario igual o inferior C$ 5,000 al mes. De forma tal que aquellos trabajadores que estén por encima de ese umbral, como resultado de los incrementos nominales a sus salarios ordinarios, estén propensos a no recibir más este beneficio. De hecho en la iniciativa de Ley del Presupuesto General de la República 2017, se señala que el bono desde 2016 fue incorporado al salario ordinario del magisterio nacional, lo que presupone que inmediatamente miles de maestros y maestras podrían haber quedado excluidos de este beneficio.

Y es precisamente a partir del 2016 que empezó el desmontaje del bono solidario con la gradual reducción en el número de beneficiarios. Mientras en 2015 el Gobierno reporta un total de 97,086 trabajadores beneficiados con el bono solidario, en 2016 se estima que la cobertura fue de sólo 55,522 trabajadores. En este año 2017 el Gobierno ha previsto beneficiar solamente a 45,366 trabajadores del Estado, y proyecta continuar reduciendo este beneficio cada año hasta alcanzar únicamente a 31,593 trabajadores para el año 2020.

La entrega del bono solidario seguirá teniendo un impacto positivo para los trabajadores y familiares que todavía se benefician directa o indirectamente del mismo. Pero lo que empezó como una medida populista, ahora choca contra la realidad de un presupuesto limitado y la falta de una política salarial integral desde el Estado.

Esta política salarial deberá procurar, entre otras acciones, un reordenamiento de la estructura salarial del sector público, corregir distorsiones salariales con respecto el sector privado, disminuir inequidades en relación con los mega salarios y tratamientos especiales, y llevar a la práctica la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

El autor es economista e investigador del IEEPP.