El informe de la ONU sobre los derechos humanos en Nicaragua

Me complace presentar esta actualización oral de conformidad con la resolución 49/3, cubriendo el periodo desde el 7 de marzo hasta la fecha.

En estos últimos tres meses, la situación de derechos humanos en Nicaragua se ha seguido deteriorando. Mi Oficina (de Derechos Humanos de Naciones Unidas) continúa documentando: detenciones arbitrarias y condiciones deplorables de detención para estas personas, cientos de organizaciones de la sociedad civil despojadas de su personalidad jurídica y, huyendo de la crisis, los nicaragüenses continúan abandonando el país alcanzando un n­úmero sin precedentes.

Según fuentes de la sociedad civil, 173 personas se encuentran privadas de libertad en relación con la crisis política y de derechos humanos que estalló en 2018. Quienes fueron detenidos en el contexto de las elecciones de 2021 están afrontando condiciones de detención contrarias a las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, y muchos han sido procesados y condenados sin un debido proceso.

Estas personas detenidas, 11 mujeres y 39 hombres, han sido condenadas a penas de hasta 13 años de prisión y fueron inhabilitadas para ocupar cargos públicos. Cuarenta y cuatro fueron condenados por “propagar noticias falsas”, “menoscabar la integridad nacional” y otros delitos. Las otras seis personas fueron condenadas por lavado de dinero y delitos conexos. Sin embargo, estas condenas se habrían basado en alegaciones no comprobadas durante los procesos judiciales.

La mayoría permanecen privadas de libertad en un centro de detención policial. Este año, solo se les permitió cuatro visitas de sus familiares adultos, y a sus hijos e hijas menores de edad se les continúa negando el derecho de mantener contacto con sus padres y madres privados de libertad, a través de visitas y otros tipos de contacto. Los familiares han reportado que sus seres queridos se encuentran recluidos en condiciones inhumanas, con especial preocupación por quienes necesitan atención médica urgente, permanente o especializada, que las autoridades se rehusarían a brindar.

Actualmente, once personas se encuentran en detención domiciliaria. Sin embargo, de acuerdo a la normativa nacional vigente, este beneficio debería favorecer a todas las personas detenidas que sean adultos mayores o tengan enfermedades graves.

Hago propicia esta ocasión para reiterar mi pedido a las autoridades competentes de asegurar la inmediata liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, y garantizar su integridad física y psíquica. Asimismo, insto encarecidamente a las autoridades para que se lleve a cabo una verificación independiente de las condiciones de detención y se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad; así como condiciones de detención de acuerdo a estándares internacionales.

Sigo muy preocupada por la dramática reducción del espacio cívico en el país. A la fecha, la Asamblea Nacional, a petición del Gobierno, ha cancelado la personalidad jurídica de 388 organizaciones desde inicios de este año, lo que arroja un total de al menos 454 desde noviembre de 2018. Esto no solo ha afectado a organizaciones de derechos humanos, sino también a otras organizaciones nacionales e internacionales, que trabajaban en educación y desarrollo, así como asociaciones médicas y profesionales.

También se ha cancelado arbitrariamente la personalidad jurídica de al menos 12 universidades, que ahora están bajo control estatal. Recientemente fue aprobada una reforma de la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, la cual somete la aprobación de los programas académicos de todas las universidades a la potestad de un órgano central. Esto representa una nueva amenaza para la libertad académica y la autonomía universitaria, elementos fundamentales del derecho a la educación y la libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

Las autoridades aseguraron que las organizaciones e instituciones afectadas incumplieron con sus deberes administrativos y normas relacionadas con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Sin embargo, tenemos conocimiento que sus representantes fueron impedidos de defenderse en un debido proceso ante una autoridad independiente.

También quisiera expresar mi seria preocupación respecto a las consecuencias de la nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que entró en vigor el 6 de mayo. Esta ley dificulta el registro de las organizaciones y permite al Gobierno total discrecionalidad para requerirles información sobre sus fondos, actividades y beneficiarios. Cualquier actividad realizada por una organización deberá ser sometida a la autorización previa del Gobierno y las organizaciones tendrán prohibido involucrarse en actividades políticas. Además, la ley impone una cuota máxima del 25% de “miembros extranjeros” en cualquier organización.

Los límites y prohibiciones de esta ley obstruyen fuertemente el libre ejercicio del derecho a la libertad de asociación, así como otros derechos esenciales en una sociedad democrática.

La crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos que estamos presenciando en Nicaragua está expulsando a miles de personas de la seguridad de sus hogares. El número de nicaragüenses que abandonan el país está aumentando a cifras sin precedentes, incluso mayores a las registradas en la década de 1980.

En los últimos ocho meses, la cantidad de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica se ha duplicado, alcanzando el número de 150 000. Esto representa el 3% de la población de Costa Rica. El número de personas nicaragüenses interceptadas en las fronteras de los Estados Unidos de América está viviendo un incremento inédito, aumentando de 3164 a septiembre de 2020 a 92 037 a abril de 2022. En marzo de 2022, la cifra alcanzó 16 088, la más alta registrada hasta la fecha para un solo mes, y ocho veces más alta que la registrada en marzo de 2021.

Mi Oficina ha documentado varios casos de hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades nicaragüenses que colocan al derecho a la libertad de circulación bajo grave amenaza. Se han registrado casos de denegación de renovación de pasaportes en un consulado de Nicaragua, exigiéndose a estas personas que presenten la solicitud de renovación en Nicaragua donde su seguridad correría peligro. También se documentó casos de retención injustificada de pasaportes a nicaragüenses que pretendían salir del país. Por otra parte, habría negado la entrada en el país a un ciudadano nicaragüense.

Además, desde mayo, la Policía ha reanudado el acoso contra sacerdotes católicos, siguiéndolos e intimidándolos persistentemente. Dos de ellos fueron rodeados en sus iglesias por oficiales de la Policía y se les prohibió la entrada a los feligreses. El Gobierno también ha ordenado la eliminación del canal católico de la grilla de televisión por cable.

En abril, dos comisiones de la Asamblea Nacional finalizaron el análisis de la legislación penal empleada para perseguir a quienes el Gobierno percibe como sus oponentes, y propuso un endurecimiento de penas e introducir otras medidas represivas como la confiscación de bienes. Esto genera serias preocupaciones que invitan a pensar que el Gobierno busca profundizar aún más la represión de voces críticas.

Exhorto enfáticamente al Gobierno de Nicaragua a cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos, —y no alejarse aún más de ellas—. También insto a las autoridades a cesar inmediatamente las políticas que actualmente solo sirven para aislar al país y su gente de la comunidad regional e internacional.

Otorgar acceso al país al personal de mi Oficina constituiría un gesto positivo —estamos listos para impulsar esfuerzos para promover los derechos humanos para el pueblo de Nicaragua.

También insto al Consejo de Derechos Humanos y a los Estados miembros a intensificar prontamente los esfuerzos dirigidos a la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis, y a que se permita que estas personas puedan ser visitadas por mi Oficina.

*Actualización oral sobre la situación de derechos humanos de Nicaragua, presentada por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, en el 50 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Ginebra, Suiza, 16 de junio 2022.