El estallido de Abril 2018 (y la cuenta regresiva de 20 años)

Acabamos de conmemorar tres años de la lucha cívica de Abril 2018, una disrupción a nuestra sociedad y a nuestra forma de vida. Todos recordamos la primeras imágenes que vimos de esta lucha cívica: las manifestaciones en la Universidad Centroamericana (UCA) y Camino de Oriente, y la violencia de la que fueron víctimas por la Policía y fuerzas de choque afines al Gobierno. Sin saberlo, en ese momento, estábamos a las puertas de unos meses oscuros en la historia de Nicaragua, llenos de violencia, muertes y represión del Gobierno para detener la lucha cívica que aún busca recuperar nuestras libertades.

Cuando hablamos de este acontecimiento histórico, comúnmente nos referimos a ello como un estallido o una explosión social. De forma, consciente o inconscientemente, reconocemos que lo vivido en Abril 2018 fue el resultado del atropello sistemático de nuestras libertades sociales y cívicas durante años. En este contexto, debemos cuestionarnos: ¿cuánto tiempo estuvo en marcha la cuenta regresiva del estallido social de 2018 y no hicimos nada, como sociedad, para evitarlo?

El deterioro de nuestras libertades se ha reflejado en nuestra democracia. Actualmente, cuando analizamos los eventos que han deteriorado la democracia del país, y que fueron uno de los principales detonantes del estallido de Abril 2018, nos concentramos principalmente en los gobiernos más recientes de Daniel Ortega (2007 – actualidad): Señalamientos de fraude en las elecciones municipales de 2012, el acaparamiento del control de los poderes del Estado, la desaforación de diputados opositores, la aprobación de la reelección indefinida, y el nepotismo al compartir el poder con Rosario Murillo, esposa y vicepresidenta.

Esto nos lleva a concluir que el problema tuvo su génesis con el inicio del Gobierno actual; y suponemos, erróneamente, que la salida de Ortega del poder significará el fin del problema. Sin embargo, los datos apuntan que nuestra democracia viene deteriorándose desde años antes que Ortega asumiera la presidencia en 2007.

Los datos más recientes del V-Dem Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) podrían ayudarnos a comprender mejor esta premisa. Para analizar el estado de la democracia, V-Dem Institute propone cinco índices que representan los principios fundamentales que debe de poseer esta: electoral (celebrar elecciones periódicamente), liberal (protección de las libertades civiles y el Estado de derecho), participativa (participación activa en los procesos políticos), deliberativa (toma de decisiones basadas en el diálogo), e igualitaria (igualdad de condiciones en la participación política).

En 2020, Nicaragua se encuentra en el top cinco de los países latinoamericanos con mayor deterioro en su democracia, registrando una de las puntuaciones más bajas de la región en los cinco índices considerados.

Nicaragua registró la menor puntuación en los índices de democracia liberal y democracia deliberativa, incluyendo en este ranking a países como Cuba y Venezuela. Esto significa que, actualmente, es el país de la región donde menos se respetan las libertades civiles y el Estado de derecho, y donde el diálogo entre el Gobierno y otros actores de la sociedad para la toma de decisiones estratégicas para el desarrollo del país se encuentra más deteriorado.

Sin embargo, el debilitado estado de nuestra democracia no nos debería de extrañar. Al analizar la evolución que han tenido los índices para medir el estado de la democracia, se observa que estos ha sufrido un deterioro sistemático desde mediados de la década de 1990. Los datos muestran que en los últimos 50 años la democracia nicaragüense solamente se ha encontrado por encima de la situación promedio de América Latina durante los primeros años de la década de 1990. En la actualidad, el estado de nuestra democracia es similar al que teníamos a mediados de la década de 1980.

Estos resultados no eximen de responsabilidad al Gobierno de Ortega de la represión a la que ha sumido al país desde 2018, ni tampoco minimizan el daño que le ha causado a la democracia y a las libertades desde 2007. Sin embargo, nos obligan a enfrentar la realidad de que el estallido de 2018 tuvo una cuenta regresiva de 20 años, y que la responsabilidad del mismo no recae exclusivamente en una figura antagónica de nuestra historia. El ascenso y permanencia de este régimen en el poder es un claro reflejo del sistema de valores que ha primado en nuestra sociedad, y por ende, en nuestra clase política, durante décadas.

En las vísperas de unas nuevas elecciones presidenciales, y con la esperanza de salir de un régimen autoritario, debemos reconocer que los cambios que requerimos como sociedad son profundos, y por tanto, requieren cohesión y compromiso. El cambio debe de ir más allá de quién gobierna el país, y enfocarse en el sistema de valores que ha definido nuestra cultura política y a nuestros gobernantes desde hace más de medio siglo, y que ha provocado heridas profundas a nuestra sociedad. Principios como la justicia, la libertad y la democracia deben de regir en nuestro sistema de valores, y por tanto, en la sociedad y en los gobernantes.

La responsabilidad de cambiar es tuya y mía. Si como sociedad no asumimos el reto del cambio, y a pesar de que las elecciones las ganen la oposición política, estaremos condenados a repetir ciclos de futuros “Ortega” en las próximas décadas. Parafraseando a de Maistre, los gobiernos son solamente un reflejo de la sociedad que gobiernan. Nuestras hijas e hijos merecen vivir en una mejor sociedad en el futuro, y crearla es nuestra responsabilidad en el presente.

*El autor es economista.