El “Estado sinvergüenza”

El Estado democrático de Nicaragua consignado en la Constitución de la República sucumbió en la última década ante la deriva autoritaria del comandante Ortega. El proyecto de democracia con separación de poderes y participación ciudadana, fue sustituido por una dictadura familiar institucional que ejerce el control absoluto de todos los poderes del Estado. Una consecuencia natural de este régimen personalista, que concentra el poder sin ninguna clase de rendición de cuentas, ha sido su degeneración en un “Estado sinvergüenza”. Se trata de un Estado que reconoce y exhibe a la vista pública la corrupción de sus más altos funcionarios y al mismo tiempo les brinda protección para que sus delitos queden en la impunidad, como ha ocurrido en el caso del magistrado Roberto Rivas.

Al mantener en su cargo al presidente del Consejo Supremo Electoral, aunque despojado de sus funciones que fueron transferidas al vicepresidente del Consejo Lumberto Campbell, el presidente Ortega ha reconocido implícitamente la gravedad de los delitos atribuidos a Rivas –corrupción, fraude electoral, violación a los derechos humanos– que le impiden seguir siendo la cara pública de ese poder del Estado después de haberlo administrado durante dieciocho años. Pero en vez de destituirlo y someterlo a una investigación como correspondería bajo un Estado de Derecho, le inventó el rol de “presidente sin funciones” del Consejo Supremo Electoral, otorgándole inmunidad legal y hasta la potestad de seguir cobrando su salario de magistrado y demás privilegios, solamente por cumplir una labor decorativa.

¿A cuánto asciende la deuda política de Ortega con Roberto Rivas y el cardenal Miguel Obando y Bravo, que le impide al presidente enfrentar con pragmatismo un problema de Estado? ¿Por qué no se atrevió a sacarlo del CSE y reubicarlo en una embajada o consulado, y de paso llenar algunas vacantes diplomáticas con sus aliados en Rusia o Venezuela, en las que también gozaría de inmunidad? ¿Hasta dónde llega el poder de negociación de Roberto Rivas? ¿Cuál es el costo político de la información y los secretos acumulados durante más de dos décadas de servicios prestados a la familia presidencial, que le permite resistirse a renunciar al cargo, a diferencia de los otros funcionarios del régimen caídos en desgracia?

La mera existencia de estas interrogantes evidencia los límites del poder personalista del caudillo, al extremo de que aún no ha podido resolver una de las más graves crisis políticas de su gobierno. Ciertamente, Ortega ha ganado un año y cuatro meses de tiempo en su intrincada negociación con Roberto Rivas, cuyo período como magistrado se vence en mayo de 2019. Pero la salida temporal urdida por la pareja presidencial para intentar sortear las sanciones norteamericanas derivadas la Ley Global Magnitsky, le ha impuesto un costo monumental al Estado de Nicaragua.

Por una parte, Ortega se ha visto obligado a adelantar una rocambolesca reforma a la Ley Electoral, a espaldas de la promesa de reformas sustantivas que hizo ante la Organización de Estados Americanos (OEA); y por la otra, le ha asestado un golpe demoledor a la administración pública y a la sociedad entera en materia de moralidad pública al proclamar que el robo al Estado, mientras se cometa al servicio del sistema Estado-partido, ¨se resuelve en familia”. Igual que en el escándalo de corrupción del Aeropuerto Internacional, cuando el gerente Orlando Castillo Guerrero fue separado del cargo sin haber sido investigado por la Policía, la Fiscalía, o la Contraloría, sino únicamente por operadores de la familia presidencial, Ortega ha utilizado el mismo expediente en el caso Rivas, para intentar solucionarlo tras bastidores.

El problema es que Rivas sigue siendo un lastre demasiado comprometedor, del que difícilmente el régimen logrará desembarazarse. Antes de ser sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado 21 de diciembre, Rivas ya se había convertido en el símbolo más conspicuo del enriquecimiento ilícito del régimen de Ortega, y en el principal operador de la corrupción política a través de los fraudes electorales que hicieron colapsar el sistema electoral. Las pruebas y los alegatos en su contra, no fueron aportados por el Gobierno de Estados Unidos, sino por las investigaciones de la prensa independiente y las organizaciones de la sociedad civil, que siguen estando a la vista de todos.

En consecuencia, el caso Rivas ya dejó de ser un asunto “familiar”, para convertirse en un problema estructural, el nudo en que convergen las principales demandas que concitan el consenso nacional: la reforma electoral y el combate a la corrupción. Ya es demasiado tarde para intentar un cambio de personas --Campbell por Rivas-- porque la única salida viable para restituir la confianza en el sistema electoral, consiste en una verdadera reforma política institucional. Y mientras esta se siga postergando, los principales afectados por la incertidumbre y la amenaza de mayores sanciones externas, serán los grandes empresarios que intentan salvar su alianza corporativista con el régimen, pero sin empeñar su músculo económico para presionar por reformas políticas de fondo, no en Washington, sino en Managua, en El Carmen, donde radica la enfermedad del “Estado sinvergüenza”.