20 de febrero 2018
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Una elección democrática es la vía natural para legitimar los poderes en un país. Pero el nivel de competitividad de esa elección y el reconocimiento que de ella hagan los actores políticos internos y la comunidad internacional, es fundamental para lograr ese cometido.
Cuando se convoca un adelanto de elecciones, la justificación teórica es que existen desequilibrios que exigen la relegitimación del poder. Se basa en la tesis de que esa elección resolverá los problemas internos y externos, otorgándole la potentísima legitimidad de origen. En una presidencial, se busca que el presidente elegido o reelegido muestre su fuerza mayoritaria y se reduzcan así las presiones, comenzando un nuevo período con el respaldo explícito del pueblo.
Pero se supone que esa legitimidad sólo puede obtenerse en una elección lo suficientemente transparente y competitiva, como para que el país y el mundo lo reconozca. Es obvio que una elección manipulada, opaca y no competitiva no resuelve el problema.
La discusión sobre la validez y representatividad de una elección tiene bemoles. En América Latina, hay muchas denuncias de abuso de poder, falta de participación y representatividad, uso de recursos públicos, desbalance de presupuestos, entre otros muchos problemas. No estamos en una democracia perfecta. En Venezuela, la situación reciente ha sido mucho más grave que en el resto de la región, pero con competitividad restringida (no ausencia total de competitividad) los elegidos lograron lo que buscaban: legitimidad de origen.
La oposición unida participó y la comunidad internacional reconoció al triunfador. En el camino, el presidente Maduro tomó acciones demoledoras que le han llevado al extremo de sanciones personales y económicas de la comunidad internacional y es considerado por el mundo moderno como ilegítimo de ejecución, aunque nada de esto haya eliminado el hecho de que es el presidente elegido por el pueblo en 2013. Sería un simplismo pensar que la democracia es sólo ser elegido, pero tener legitimidad de origen es una fuerza imposible de ignorar.
La pregunta es: ¿puede relegitimarse de nuevo en abril con el adelanto de elecciones? Todo parece indicar que no, aunque gane.
Primero, las condiciones en las que se ejecutará este proceso son peores que cualquier elección previa en Venezuela. El CNE es desbalanceado y cuestionado, los líderes políticos opositores más importantes están presos o inhabilitados, la mayoría de los partidos fundamentales proscritos, los principales países latinoamericanos, la Comunidad Europea, Estados Unidos y Canadá han manifestado abiertamente que no reconocerán un evento electoral en estas condiciones y no darán por legítimo al presidente “seleccionado”. En estas condiciones, ocurre un fenómeno inédito.
La elección no sólo no otorgará al elegido legitimidad de origen, sino que en el caso más probable, se la quitará al presidente Maduro y lo dejará en peores condiciones que las actuales en términos de legitimidad. Eso no quiere decir que estamos al borde de un cambio, pero si que el gobierno y los chavistas emergentes están frente a una decisión que no han enfrentado en 20 años.
Seguir hacia una elección que los dejará deslegitimados, aislados y sancionados, aunque preserven el poder a lo Castro o buscar una alternativa que le de al chavismo una oportunidad de convertirse en una fuerza democrática de estilo peronista, capaz de obtener el poder electoralmente ahora o en el futuro, preservando la posibilidad de ser reconocidos internacionalmente y sin condenarse al ostracismo. Ese es el verdadero dilema chavista y su mayor riesgo de implosión, más peligroso que la misma oposición.
Publicado originalmente en ProDavinci.
