El desplome cubano: la agonía de un país en crisis

La crisis cubana es un desangramiento sostenido, un mosaico de ausencias. Las carencias crónicas, como medicamentos, artículos de higiene y comida, se han agudizado. Se agregan nuevas, como faltantes de electricidad y agua. En estos días, una nueva ola de represión intenta silenciar a los periodistas que informan sobre las ausencias del Estado, lo que ayuda a entender la falta de protestas masivas, como las que estallaron en 2021. Frente al desgaste de una crisis multifacética y prolongada, el país ha experimentado una reducción poblacional del 18% en tan solo dos años; un fenómeno que algunos ya describen como un “vaciamiento demográfico.

Falta todo

En 2024, casi el 90% de los cubanos viven en “extrema pobreza”, según un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Además, el 70% de la población se ve obligada a saltarse al menos una comida diaria. En febrero, por primera vez, el gobierno cubano pidió asistencia a la ONU para mantener su entrega mensual de leche en polvo para los menores de siete años. La producción de arroz cayó un 90% en los últimos cinco años. El país importa huevos de Colombia y no tiene suficiente harina para producir pan subsidiado. La caída en la productividad está vinculada a falta de divisas para pagar insumos necesarios, como semillas y equipamiento. Los apagones son constantes y, sin electricidad, la mayoría de cocinas cubanas están apagadas.

La economía del país caribeño atraviesa su peor momento desde el “periodo especial” de los noventa, cuando colapsó su principal sostén, la URSS. En julio, el gobierno de Miguel Díaz-Canel declaró al país en “economía de guerra”. Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos desempeñan un papel fundamental, ya que no solo impiden el comercio entre sus propios ciudadanos y la isla, sino que también dificultan las transacciones de otros países con Cuba. Además, el cuadro se ve agravado por las estructuras económicas del gobierno comunista, el impacto del Covid-19 sobre el turismo (que todavía no se recuperó) y las complicaciones económicas que sufre Venezuela.

Ante esta situación, cada vez más personas se van: según el gobierno de La Habana, la población cubana se redujo un 10% entre 2022 y el 2023, debido, en gran parte, a la emigración. Las estimaciones de expertos son aún mayores: en dos años, casi 1,8 millones de personas se fueron del país, según el demógrafo cubano Juan Carlos Albizu-Campos, quien estima una reducción poblacional de alrededor del 18% en ese periodo. Intentan ir a Estados Unidos, donde según cifras oficiales llegaron más de 850.000 migrantes cubanos desde 2022. Estas cifras dejarían a la isla con 8,62 millones de habitantes, cuando hace tres años tenía unos 11 millones. Hay un fenómeno de “vaciamiento demográfico”, según le contó Albizu-Campos a El País.

Sin embargo, una ausencia sí es nueva: la del Estado. La magnitud de la crisis ha llevado al vaciamiento o abandono de muchos de los programas sociales que caracterizaban al gobierno cubano, como la salud pública, la comida subsidiada, la seguridad pública o incluso recolección de basura.

“La opción que le quedó a la gente es irse. Y no se va el que quiere, sino el que puede, porque una salida por la vía de Nicaragua y de los coyotes cuesta alrededor de 10.000 dólares. Y se han ido más de un millón de personas; así que te puedes imaginar los niveles de desesperanza y de desesperación”, contó el célebre autor cubano Leonardo Padura. “Creo que la gente ve las cosas con mucho pesimismo. Están muy cansados”, agregó.

La población cubana que queda está envejecida, ya que los jóvenes emigraron y las tasas de natalidad son bajas. Esto dejó al país con menos mano de obra, lo que empeoró la crisis económica. Las personas mayores no tienen quien las cuide, no se consiguen medicamentos y la plata no les alcanza para comer. Además, ha aumentado la inseguridad, un fenómeno alarmante en un país que alguna vez fue considerado uno de los más seguros de Latinoamérica.

“Quien haya visto Cuba no podría imaginarse el Malecón de La Habana o la Calle 23 vacíos a las ocho de la noche. Sin embargo, esa es la realidad actual en todas las ciudades de la isla”, le explica a Cenital José Jasán Nieves, editor jefe de El Toque, un medio independiente.

En la calle se evidencia la dejadez, le cuentan algunos cubanos a Cenital, y emergen nuevas enfermedades tropicales que evidencian el carácter multisistémico de la crisis: el éxodo de profesionales de la salud ha reducido la cobertura sanitaria, mientras que la falta de convocatoria de organizaciones de masas complica aún más la promoción de la salud. Sin combustible no se recoge la basura, se multiplican los criaderos de mosquitos, no se puede fumigar y, ante los apagones, no hay ventiladores para mitigar la presencia de mosquitos en las casas.

Estas situaciones ilustran el colapso de lo que algunos entendían como un pacto social cubano: el Estado garantiza derechos laborales, culturales o sociales a cambio de que los ciudadanos ceden sus derechos civiles y políticos. En un país donde la información siempre fue muy controlada por las autoridades, muchos de estos datos se conocen solo por el trabajo de los periodistas independientes.

Torturan periodistas

Entonces, es particularmente relevante otra ausencia que se suma al mosaico de crisis: los 150 periodistas que se exiliaron a causa del acoso gubernamental en los últimos dos años. Nieves se tuvo que exiliar hace cinco años y, desde el 2022, los colaboradores del medio que quedan en Cuba (cada vez menos) no firman sus notas ante la represión sostenida.

Es un número que sigue en aumento: tres periodistas más han abandonado el país debido a una nueva ola represiva que comenzó hace unas semanas. El Toque -según cuenta Nieves- contabilizó 36 personas, incluidos colaboradores de medios de prensa independientes, creadores de contenido o activistas, que fueron citados por las autoridades cubanas en las últimas semanas. Testigos informan sobre situaciones de tortura psicológica y hostigamiento.

Las personas citadas cuentan que son interrogadas sin acceso a abogados y sin el derecho a no autoincriminarse. “Lo que buscan son confesiones” de que han colaborado o participado en un curso de formación de El Toque, explica Nieves. Describen presión psicológica, sesiones maratónicas en centros de interrogatorio clandestinos, espacios enfriados y la detención de familiares. La presión apunta a “autoinculpaciones, filmadas en video, diciendo que han sido engañados o que ellos trabajaron para medios subversivos pagados por Estados Unidos”. Otros publicaron renuncias a colaborar con cualquier medio “considerado subversivo o contrario a los intereses del gobierno cubano”.

Las tácticas no son nuevas, pero hacía casi 20 años que no se utilizaban para silenciar a la prensa. Los colaboradores de El Toque han sido particularmente afectados por la represión oficial. Otros medios, como CubaNet y Periodismo de Barrio, también denuncian que sus colaboradores han sido víctimas de acciones represivas por parte de las fuerzas de seguridad desde mediados de septiembre.

Varios de los periodistas citados han sido acusados de “mercenarismo”, un delito tipificado en el Código Penal reformado en 2022, que establece penas de entre cuatro y diez años de prisión para quienes reciban fondos provenientes del extranjero. Esta situación afecta a muchos medios independientes en la isla, según El Toque. En numerosos casos, las autoridades exigen la devolución de supuestos fondos recibidos de programas internacionales, imponiendo montos arbitrarios.

El gobierno utiliza el Código Civil de 2022 para reprimir a la sociedad civil. También cuenta con una nueva Ley de Comunicación Social, que entró en vigencia la semana pasada, desconoce la prensa independiente y prohíbe la divulgación de informaciones que puedan “desestabilizar al Estado socialista”. Representa otro endurecimiento de las restricciones sobre los medios digitales independientes en Cuba, ante el continuo acoso contra los periodistas.

No estalla

La represión ayuda a entender otra ausencia que se luce en la crisis cubana: pese al significativo hartazgo social, no hay protestas masivas.

La represión estatal sofocó las protestas que estallaron en 2021, cuando miles de personas participaron de las manifestaciones más grandes desde la Revolución Cubana. Pedían libertad y comida. Tres años después, más de 600 personas siguen detenidas. Los demás líderes se exiliaron, sumándose a la ola migratoria.

Desde entonces, las autoridades sofocan cualquier intento de conflagración social con acoso y cárcel, no solo de los que participan, sino también de quienes difunden información sobre los hechos o denuncias en redes sociales. Las manifestaciones que surgen en localidades específicas son reprimidas, pero no en el momento, sino a través de un hostigamiento posterior, explica Nieves.

Yeris Curbelo Aguilera, quien informó sobre una protesta en Caimanera en mayo del año pasado, fue sentenciado a dos años de prisión el 24 de septiembre. Antes, en abril, había sido condenada Mayelín Rodríguez Prado por participar y compartir en Facebook videos de una protesta en un pueblo de la provincia de Camagüey. Ocurrió también en marzo, cuando comenzaron manifestaciones por la falta de electricidad y comida en Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande de la isla.

“Pese a todo, la nación Potemkin que el régimen aspira a mantener está llena de fisuras por las que escapan las historias de un país que se cae a pedazos, y esta oleada represiva contra la prensa independiente es un esfuerzo desesperado por sellarlas”, escribe Darío Alejandro Alemán en El Estornudo, otro medio independiente. “Un esfuerzo, agregaría, infructuoso; (…) porque siempre habrá gente dispuesta a contar Cuba desde dentro”.

*Este artículo se publicó originalmente en Cenital