21 de diciembre 2020
AA
Share
Aprovechando la parálisis y dispersión de la mayoría de los grupos de oposición, Daniel Ortega reapareció en el escenario, golpeando la mesa e imponiendo, una vez más, los temas de discusión de la agenda política.
El conjunto de la oposición continúa prisionera en el corralito impuesto por la dictadura, vociferando, tronando en las redes sociales, en una posición contestaria y desafiante, pero completamente a la defensiva.
El anuncio de nuevas inhibiciones
En un agresivo discurso, pronunciado el pasado 18 de diciembre, en un acto de graduación de nuevos cadetes de la Policía Nacional, Daniel Ortega sentenció: “(…)
el que no defiende a Nicaragua, el que pide sanciones en contra de Nicaragua, ese no merece llamarse nicaragüense y bueno no lo podemos expulsar, pero de acuerdo con la Constitución perdió sus derechos de optar a cargos públicos cuando vengan las elecciones en este país”
Es la segunda ocasión que sale a relucir el tema de las inhibiciones, en un año electoral. La primera fue con la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros que prohíbe, a quienes deban inscribirse como tales, de optar a cargos de elección popular. Y la segunda fue con ese discurso, que dio luz verde para que la bancada del FSLN introdujera el llamado proyecto de “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, cuyo único objetivo es tener un instrumento legal para chantajear e inhibir a algunos candidatos de la oposición.
Elevando la parada
No hay duda que la dictadura está acomodando las piezas del rompecabezas. Antes de soltar alguna posible concesión, toma el control más allá del 100% para terminar negociando el 100%, es decir, anular de antemano cualquier posible concesión, o tener un equilibrio a su favor en cualquier escenario o mesa de negociaciones, procurando mantener el statu quo del poder.
Primero mandó a aprobar la Ley de Agentes Extranjeros, cuyo objetivo principal es restringir el ingreso de fondos a los ongs y movimientos sociales, estableciendo por primera vez, en una ley secundaria, una inconstitucional inhibición optar a cargos de elección popular para quienes se registren como “agentes extranjeros”.
La repuesta fue extremadamente pasiva: los administradores de ongs hicieron fila para interponer los recursos por inconstitucionalidad, aunque algunos se atrevieron a llamar a la desobediencia civil. El problema es que las inhibiciones que pretende establecer la dictadura afectan solo a un reducido número de personas, restándole fuerza al llamado a la desobediencia civil.
Después mandó a aprobar la Ley de Ciberdelitos, la cual en sus artículos 26, 28, 30 y 33 contiene peligrosas restricciones a la libertad de conciencia, el derecho a critica, y el derecho a “recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier procedimiento”. Esta ley tiene una “vacatio legis” hasta el 30 de diciembre, lo que podría interpretarse como un compás de espera para una posible negociación para derogar los aspectos más aberrantes de la misma.
Queda pendiente la aprobación, en segunda legislatura, del texto de la reforma constitucional que establecería la cadena perpetua para los “crímenes de odio”, cuya tipificación todavía no existe en el Código Penal.
La inutilidad de las sanciones
La administración de Donald Trump aplicó sanciones contra altos funcionarios de la dictadura, Rosario Murillo y varios de sus hijos, no con base a la Nica Act, sino por medio de ordenes ejecutivas basadas en la Ley Magnitsky, vigente desde 2016.
Las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) no están dirigidas contra el gobierno o el Estado de Nicaragua, sino contra altos funcionarios y especialmente contra la familia de Daniel Ortega, sin tocarlo a él por el momento.
Debido al aplastamiento de la rebelión de abril del 2018, y ante la incapacidad política de varios grupos de oposición para dirigir la lucha democrática en las nuevas y adversas condiciones, algunos de sus dirigentes cayeron en la tentación de confiar en las sanciones contra el anillo de acero de la dictadura.
El resultado era previsible: esas sanciones resultaron ineficaces para doblegar a la dictadura, mas bien formaban parte de una maliciosa estrategia de Donald Trump para, en el ataque contra las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, atraerse el vital voto latino para obtener la reelección, y lo logró parcialmente en el Estado de Florida. Trump dio a muchos “atol con el dedo”. Nunca le interesó el futuro de la democracia en lo que llamó despectivamente “países de mierda”.
Y una muestra de la ineficacia de las sanciones es que, la dictadura no solo logró resistir, sino que además ha comenzado a obtener nuevos créditos de los organismos multilaterales, en los que participan Estados Unidos y la Unión Europea.
Lo fundamental en la lucha contra la dictadura, no son las sanciones individuales ni lo que pueda hacer la comunidad internacional, sino lo que la oposición pueda organizar a lo interno de Nicaragua.
La dictadura esperó pacientemente que cambiaran los vientos, para iniciar el contra ataque, y ese momento parece haber llegado.
¿Inhibiciones a discreción?
Para justificar las posibles nuevas inhibiciones, Ortega apeló una vez más al estridente discurso nacionalista contra la intervención extranjera, mezclando malintencionadamente los conceptos de “golpe de Estado”, “terrorismo” y “sanciones”.
El artículo 147, numeral 4, literal b de la Constitución estableció inhibiciones para “los que encabecen, o financien un golpe de Estado, los que alteren el orden constitucional y como consecuencia de tales hechos, asuman la jefatura del gobierno y ministerios o viceministerios, o magistraturas en otros Poderes del Estado”.
Esta sola cita basta para desmontar la mitad del articulo uno del proyecto de “Ley de defensa de los derechos del pueblo..”, porque el golpe de Estado debe consumarse, es decir, los golpistas deben asumir la jefatura de gobierno y controlar las instituciones del Estado. En el periodo abril-julio del 2018 ocurrió todo lo contrario: fue la dictadura quien se aferró al poder ordenando disparar contra la población desarmada.
Probablemente, el objetivo de la dictadura, lo encontramos en la segunda parte del articulo uno, que contempla que quienes “(…) propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, (….), no podrán optar a cargos de elección popular”.
Las inhibiciones no pueden establecerse en una ley secundaria, de naturaleza proscriptiva (prohibidas por el artículo 34 de la Constitución), como es la Ley de Agentes Extranjeros, o el proyecto de Ley de defensa de los derechos del pueblo..”, mucho menos aplicarse retroactivamente.
El artículo 51 de la Constitución estableció claramente que “los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas y optar a cargos públicos, salvo las limitaciones contempladas en esta Constitución Política”. Las inhibiciones solo pueden ser establecidas en la Constitución, pero no hay duda que intentará aplicarlas de manera discrecional.
El singular trámite de urgencia de los diputados
El proyecto de Ley de defensa de los derechos del pueblo..”, por tratarse de un asunto muy importante relacionado con la futura campaña electoral, debería pasar a una comisión legislativa para iniciar el debate, iniciar consultas y evacuar el dictamen correspondiente.
Conforme el artículo 141 de la Constitución: “(…) Todas las iniciativas de ley presentadas, una vez leídas ante el plenario de la Asamblea Nacional, pasarán directamente a comisión (…)”.
Sin embargo, desde diciembre del año 2014, Ley No 888 introdujo una importante reforma al artículo 95 (ahora 105) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que permite a los jefes de bancada que representan al menos el 60% de los diputados utilizar el “trámite de urgencia”, aprobando leyes directamente en el plenario, sin mayor discusión.
El artículo 141 de la Constitución contempla el “trámite de urgencia” como un privilegio exclusivo del presidente de la república, siempre y cuando el ante proyecto se hubiese presentado a los diputados con al menos 48 horas de antelación.
La reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, anuló el rol de los diputados de oposición, dejó a la ciudadanía sin posibilidades de incidir, y convirtió a la Asamblea Nacional en un simple caja de resonancia del poder ejecutivo.
La estrategia: abatimiento, dispersión y abstención
Ya se inició la cuenta regresiva del año electoral, y esperando que se aclaren aun mas los nublados del día, la dictadura está levantando un muro legal para diluir, en una inevitable negociación, las demandas de la reforma electoral.
Antes de proceder a sentarse a negociar, o aplicar de manera unilateral la inevitable reforma electoral, la que está comprometido a impulsar conforme la última resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), la dictadura se adelanta, amenaza y lanza varias pedradas contra la oposición.
La lógica es sencilla: Si en determinado momento le toca hacer concesiones, por un lado, refuerza su control sobre otra área sensible del aparado del Estado. Una de cal y otra de arena. La dictadura no descansa. “La mejor defensa es el ataque”, decía Sun Tzu. Y la dictadura aplica esta máxima, eficazmente, en el plano de la lucha política.
Mientras tanto, con sus indetenibles bravuconadas, trabaja arduamente para desincentivar a una parte del electorado, desmoralizándolo, difundiendo la percepción que nunca se les arrebatará el poder, sentando las bases del abstencionismo.
El principal peligro que afronta la oposición es que la estrategia de la dictadura pretende dispersar las fuerzas, aprovechando las contradicciones naturales entre los grupos de oposición para fragmentarla
La dictadura llegará tan lejos, como la oposición se lo permita. Es hora de romper esquemas fracasados.
