26 de febrero 2020
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El 25 de febrero de 1990 ha quedado marcado en la historia de Nicaragua como un hito sin precedentes. Ese día, una amplia mayoría de nicaragüenses se volcó a las urnas para cambiar al país con los votos. Los resultados de esas elecciones presidenciales no sólo terminaron con la guerra civil que desangraba a toda la sociedad desde hacía diez años, también abrieron un proceso de transición complejo en el que se entrecruzaron la construcción misma de la democracia, la pacificación y el cambio del modelo económico. Treinta años después Nicaragua se enfrenta nuevamente a la contradicción entre democracia y dictadura, en medio de una profunda crisis política y elevados niveles de violencia estatal. ¿Cuál es la significación de ese 25 de febrero en este nuevo contexto?
Una de las lecciones más profundas y perdurables es que el voto de los ciudadanos puede provocar cambios importantes en la vida política. La masiva participación electoral de 1990 rompió con la tradicional forma de realizar cambios utilizando la violencia, y la sustituyó con el ejercicio democrático por excelencia: las votaciones. Le quitó la legitimidad a la opción armada como la vía para cambiar al gobierno, devolvió el protagonismo a los actores civiles de la política y a la ciudadanía, le mostró la importancia de la participación electoral. Esa lección perdura hasta ahora y se puede ver en la firme voluntad de la ciudadanía, sostenida durante casi dos años, para expresarse y buscar un nuevo cambio político mediante acciones cívicas. Ortega se ha empeñado en empujar a la gente hacia la violencia y ha elevado los niveles de represión de manera inimaginables y nunca vistos, pero no ha quebrado la convicción ciudadana en el camino cívico y pacífico.
La conformación de la Unión Nacional Opositora (UNO) en 1989 demuestra que es posible construir alianzas y coaliciones políticas amplias. Esa coalición tenía propósitos principalmente electorales y no era perfecta, pero permitió aglutinar a las fuerzas y liderazgos políticos cívicos del momento, proponer una alternativa legítima y creíble a los ciudadanos y llevar el barco a buen puerto. Ahora, la posibilidad de dar vida a una coalición amplia que permita construir una nueva alternativa política para salir de la crisis por medios cívicos es una realidad cercana en Nicaragua, por eso Ortega se empeña en impedirla y para eso su estrategia más importante es desacreditar a la Gran Coalición e intentar dividirla. A diferencia de la UNO, la construcción de esa coalición amplia tiene un reto mayor y es trascender el momento electoral para convertirse en la fuerza motora que restablezca y consolide la democracia.
Contar con un sistema electoral transparente, creíble y respetuoso de la voluntad ciudadana, indudablemente fue un factor clave en 1990 y mantiene su importancia en el tiempo. Lo sabe el propio Ortega, tanto así que controlar el sistema electoral fue una de sus jugadas maestras para regresar a la presidencia y permanecer en ella hasta hoy. Pero también lo sabemos nosotros, los nicaragüenses, por eso plantear en la agenda de salida de la crisis la urgencia de realizar reformas electorales y cambios en el Consejo Supremo Electoral (CSE) es uno de los ejes críticos para el futuro político del país.
El período de democracia liberal que se abrió en 1990 le permitió a la sociedad nicaragüense probar el sabor de las libertades ciudadanas. Antes de esa fecha, las libertades eran solamente anhelos y conceptos abstractos; pero en esa época, aun en medio de los conflictos y las tensiones de la transición, Nicaragua respiró libertad y esa sensación de aire fresco quedó en los pulmones del país hasta hoy. No por casualidad el período de la transición y la presidencia de Violeta Barrios de Chamorro son recordados como una de las mejores épocas políticas.
El 25 de febrero de 1990 dejó muchas más lecciones para Nicaragua. Es una fecha que no quedará escrita en los libros de historia nada más para recordarla como otra efeméride. Es una fecha que se metió en las venas de la cultura política nicaragüense.
