Donald Trump, ¡censurado!

Un poco de historia. La censura impuesta por las redes sociales al presidente de Estados Unidos, a raíz del asalto al Capitolio, abre un capítulo crucial para el futuro de la libertad de expresión. Más allá de instigar a sus seguidores, un acto reprochable e indignante, la decisión tomada por Facebook y Twitter, tiene profundas implicaciones en el ámbito de las libertades ciudadanas. Las dos gigantes tecnológicas se otorgaron un derecho, que históricamente ha corresponido al poder público. Estamos ante un hecho sin precedentes. Censurar y acallar voces había sido hasta ahora una prerrogativa jurídico-política de los gobiernos. El ordenamiento jurídico establece las causas, para que gobiernos y jueces, queden habilitados para imponer la censura. Los cambios impulsados por las tecnológicas exigen un nuevo orden legal.

Estamos ante uno de los resultados que produjo la actitud asumida por el sector privado estadounidense. Durante las dos cumbres de la Sociedad Mundial de la Información, (2003 y 2005), se opusieron a una gobernanza democrática de internet. Estados Unidos convirtió la comunicación, en sector estratégico no negociable de su política exterior. Eso explica su iniciativa de controlar la gobernanza de internet. Creó la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), con sede en California. Un híbrido donde los empresarios tienen una enorne influencia. Controlan su operatividad. Una manera de contener las demandas de los países tercermundistas. ICANN responde a los empresarios; y hasta después a diversas instituciones, incluyendo organizaciones gubernamentales. Muestra el peso del sector privado.

El crecimiento y poder desmesurado de los mastodontes tecnológicos debió ser enfrentado desde hace mucho tiempo. Las advertencias y cuestionamientos llegaban de todos lados. El silencio fue hiriente. En sus comparecencias ante el Congreso de Estados Unidos, Mark Zuckerberg, principal artífice de Facebook, se mostró desmemoriado. Una forma velada de revertir el tiempo a su favor y retardar las decisiones que deberán tomar los congresistas. En vez de aceptar la decisión por haber censurado a Trump, congresistas y senadores, están obligados a tomar nota. El desposeimiento de la clase política, en un ámbito de su incumbencia, no hace si no complicar aún más las cosas. Cualquier retardo podría ser irreversible después. La libertad de expresión merece ser cautelada celosamente por el poder público.

La centralidad del debate. Mark Zukercberg se comprometió, que a partir de enero del 2021, el Consejo Asesor de Contenidos ((Oversight board), creado expresamente para estos fines, sería el encargado de decidir situaciones similares a las que incurrió Trump. ¿Por qué no lo hizo? Se saltó las trancas. Durante los últimos treinta años, las experiencias de autorregulación mediática ha sido fallida. Tampco puede quedar en manos de un comité ad hoc, determinar el futuro de la libertad de expresión. La naturaleza operativa de los consorcios tecnológicos lo exige. Su funcionamiento es totalmente distinto de cualquier medio de comunicación tradicional. Una verdad elemental que cualquier estudiante de ingenieria electrónica o de sistemas sabe. Estamos frente a un desafío mayúsculo. El paisaje mediático ha cambiado.

Desde inicios de los noventa del siglo pasado, el concepto de libertad de expresión, comenzó a ser desdibujado en el seno la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Después de haberla asfixiado económicamente, como represalia por haber aprobado el Informe Mc Bride (1980), Estados Unidos impuso en la Unesco el pincipio de “libertad de expresión comercial”. Un cambio radical con relación al concepto de libertad de expresión, que tiene carácter político. Una mutación peligrosa. Todas estas imposiciones han resultado dañinas. La privatización se expande acelerada. Ahora es el agua, mañana podría ser el óxigeno. En el colmo de excesos, la privatización de bienes públicos se está haciendo extensiva al campo de las libertades públicas. Un peligro todavía mayor.

Ningún demócrata podía estar de acuerdo con la forma que el presidente Trump, maneja las redes sociales. Arengó a sus seguidores con resultados impredecibles para el liderazgo e imagen mundial de Estados Unidos. Aunque el fondo del asunto es otro. Los políticos estadounidenses actuaron tarde, hasta que sintieron los efectos contraproducentes de dejar por la libre a las redes sociales. Sintieron en sus carnes lo nocivo que resulta para la vida de las naciones, que organizaciones con recursos financieros superiores a muchos países, en su afán por hacer dinero, auspicien la discordia, transgrediendo los derechos humanos. Al imponer la censura a Trump, los dueños de los consorcios tecnológicos, dejaron en evidencia el poder de vida o muerte que disponen. La libertad de expresión salió maltrecha en esta refriega.

La decisión trasciende a Estados Unidos. El funcionamiento global de las redes sociales convoca a la reflexión. La discusión que genera trasciende fronteras. Una de las preocupaciones que emerge, atañe a la futura gobernanza de las redes. Conocemos la oposición abierta de sus dueños de someterse o aceptar regulaciones jurídicas. La globalización continúa desafiando la imaginación. La armazón que han venido creando reclama la aprobación de nuevas leyes. Su retraso provoca estos cortocircuitos. Esta es la tesis de Ángela Merkel. Muchísimo antes se habia pronunciado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Cuestionó la determinación de los dueños de las redes sociales. Alarmado se preguntó, si no se estaba “creando un gobierno mundial con el poder de control de las redes sociales, un poder mediático mundial”. Una alarma justa. Las redes responden solo a sus dueños.

El vacío en el ordenamiento jurídico es aprovechado ventajosamente por los propietarios de las redes. En sintonía con esta realidad, cada Estado se siente inclinado a tomar providencias. Una acción legítima siempre que no menoscabe la libertad de expresión. La complejidad del reto obedece a las formas que funcionan las redes. Investigaciones recientes ratifican que los algoritmos “explotan la atracción del cerebro humano por la división”. Los expertos han sido unánimes en exponer, que “si los dejamos así, Facebook dará más y más contenido divisivo en un esfuerzo de ganar la atención e incrementar el tiempo en la plataforma”. El estudio presentado de Wall Street Journal, convalida la urgencia de reconfigurar el diseño de las redes. ¿Estarán dispuestos sus dueños? Tengo dudas. Los gobiernos tienen que actuar con presteza.

La apología del odio ocupa un lugar central en leyes y códigos de ética, relacionados con la libertad de expresión. No podía ser de otra manera. Hay que atajar toda manifestación de violencia. Las redes no pueden tener privilegios. Sobre todo en un campo que compete a los Estados. Las alarmas serían menores si sus propietarios hubiesen mostrado apertura para corregir las violaciones señaladas por diferentes gobiernos. Es probable que lo que pasó con Trump no hubiera ocurrido. La Unión Europea encontró en las multas la forma de contener sus abusos. Eso no basta. La experiencia indica que cada vez que castigan sus bolsillos, imponiéndoles multas millonarias, las han pagado. La incertidumbre y desconfianza por el comportamiento de los dueños de las redes, en vez de disminuir, siguen aumentado. Urge legislar.

Tema compete a todos. La libertad de expresión, acechada, agredida, disminuida y censurada por el poder político, enfrenta nuevas amenazas. Los dueños de las redes no pueden ni deben asumir como suyo, el derecho de vida o muerte que significa silenciar voces discrepantes. Implicaría un retroceso en materia de libertades públicas. Sería una ingenuidad creer que actúan a favor de la ciudadanía. Su largo historial señala que siempre lo han hecho en provecho de sus intereses económicos. Las organizaciones defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión, deberían asumir un papel más beligerante. Elaborar propuestas y hacer sentir su voz. Estamos en una encrucijada. Académicos y expertos en comunicación han insistido en advertir los peligros que suponen las redes y el riesgo que sus dueños asuman el rol de jueces.