20 de agosto 2024
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Mientras algunos países de América Latina y el Caribe intentan llegar a un acuerdo negociado sobre las elecciones en Venezuela, la fuerza de los poderes fácticos en la región, Venezuela incluido, está limitando cualquier consideración de volver a la ruta democrática ya que son grupos cuya fuerza tiene fuentes de actividades ilícitas y criminales y tienen una perspectiva funcional del control del Estado.
Aún en una posibilidad muy remota de lograr una negociación en Venezuela en que Maduro entregue el poder a la soberanía popular, la presencia del crimen organizado en ese país y su efectiva captura de Estado no estarán resueltas.
El problema político de la región tiene que atacarse desde su raíz, acorralando a los poderes fácticos a través de una alianza democrática transnacional usando múltiples métodos de presión interna y externa.
Los poderes fácticos y los puntos de inflexión autoritaria
El llamado declive autoritario no es un proceso que ocurre repentinamente si no que se va desarrollando de manera gradual, mientras los poderes fácticos (crimen organizado, élites privilegiadas, clanes familiares, caudillos sin poseer ninguna legitimidad electoral) se van inmiscuyendo durante esas etapas con el autócrata para lograr control del andamiaje estatal.
En la experiencia reciente, analizando más de 45 dictaduras a nivel mundial, hay tres características sobresalientes que reflejan el momento en que los líderes políticos concentran el poder y se van aliando con poderes fácticos hasta trazar una ruta autoritaria.
Primero, está el momento en el que el líder aprovecha su estatus de liderazgo, sea por popularidad o por ser autoridad, para legitimar su uso de la violencia en alianza con fuerzas de seguridad cuando se presentan situaciones de crisis política o económica. En todas las situaciones de concentración preliminar del poder, el líder empieza a expandir su fuerza mediante su cercanía con las fuerzas de seguridad.
Segundo, está el momento en que el líder integra a su clan familiar en la cosa pública, nombrando a éstos en puestos ministeriales, agencias estatales, o en cargos de confianza política.
La tercera manifestación de progresión antidemocrática ocurre cuando el líder distrae a la opinión pública frente a críticas de la sociedad civil, asediando a los medios de comunicación y al periodismo independiente hasta atacar eventualmente a toda la sociedad civil democrática. Ninguno de estos tres momentos ocurren en secuencia, a veces los tres se dan simultáneamente.
El oportunismo político forma parte del proceso de cooptación, porque la mayoría de la gente no tiene respuestas de parte de un Estado democrático, o predomina la inseguridad, y la gente cae en lo menos 'complicado' (el populismo) y en la culpabilización del otro (polarización), creyendo en lo primero que le ponen enfrente (posverdad).
De ahí que los momentos de inflexión no son objeto de cuestionamiento popular porque el ciudadano está sofocado de tantas cargas y obligaciones. Estos tres momentos dan lugar a la posibilidad que estos líderes expandan su autoridad política concentrando el poder en todas las instituciones en una sola persona. Pero a la vez conforman o consolidan sus alianzas con estos actores, poderes paralelos, con los que van construyendo un Estado capturado.
Las experiencias de las dictaduras de Nicaragua y Venezuela son representativas del siglo XXI, pero también se observan las mismas tendencias en otros países, entre ellos El Salvador y Honduras, en Belarús, Egipto, y Bangladesh por mencionar unos cuantos.
La concentración del poder y la captura de Estado
Los poderes fácticos van creciendo a la par del autócrata, mientras éste va acumulando más fuerza, de manera que su concentración de poder crece, primero, eliminando los contrapesos institucionales, seguido de un proceso de criminalización de la sociedad civil y criminalización democrática a través de mecanismos legales que restringen la libertad de expresión y de movimiento, y se formaliza con la captura de Estado.
La consolidación de estos poderes fácticos ocurre de manera gradual y epistémica, se esparcen en todo segmento socio-político, tanto se expanden que para alertar de su amenaza se requieren monitoreos y mecanismos de presión más especializados. El principal problema es que se torna en una codependencia entre el autócrata y el poder fáctico, situación que profundiza más la radicalización y criminalización de la captura de Estado.
Esta es una captura casi total de las instituciones estatales para beneficio material del clan o el círculo de poder y sus aliados paralelos.
Dependiendo del grado de concentración de poder y captura de Estado la resistencia política se vuelve más difícil porque el problema ya no es estrictamente electoral, sino estructural, de desarmar el andamiaje mediante el cual se apoyan estos poderes, golpearlo y desmoralizarlo, y obtener apoyo externo para debilitarlo mientras un interlocutor democrático y legítimo abandera la lucha política.
Aunque los focos de resistencia pueden ser los mismos, el nivel de involucramiento es mayor dependiendo del malestar autocrático y los riesgos de resistencia política.
Hay al menos cuatro países en América Latina y el Caribe en donde el nivel de captura de Estado es una realidad, con actores clave que van asumiendo mayor preponderancia política en el escenario nacional. En cada uno de estos países, los lideres han aprovechado retóricas populistas, ataques revanchistas polarizantes, y han estado gobernando con su círculo familiar, nombrando familiares en puestos estratégicos de gobierno, y rodeándose de personajes vinculados en actividades del crimen organizado o como operadores de la captura de estado.
Su poder político y económico gradualmente va desplazando a otros actores del entorno nacional del país y cerrando espacios de competitividad.
¿Qué hacer frente a este híbrido de poder fáctico-autoritario?
La movilización política para contener la expansión y profundización de estos regímenes recae en manos de un movimiento democrático transnacional con raíces entrelazadas al interior y exterior de las estructuras de resistencia democrática.
La movilización internacional ante la represión interna no es funcional ya que en la actualidad el mundo está viviendo mundos paralelos. Hay un mundo 'formal' compuesto de gobiernos (funcionarios públicos profesionalmente formados para trabajos burocráticos de reglas y procedimientos internacionales), sociedad civil para atender a sus ciudadanos en servicios sociales, y a la par, hay un mundo de crimen organizado y poderes fácticos que lleva 30 años de coexistir y pervertir la estructura formal del Estado de derecho democrático.
Los del mundo “formal” no tienen o saben cómo presionar, lidiar, con los otros, los poderes fácticos criminales. En parte porque no los conocen bien, desconocen sus formas de operación- hasta que miembros de la policía, empresarios y militares son cooptados por esos poderes paralelos. Y éstos están creciendo en fuerza, aunque no en número, pero tienen capital y activos financieros, intereses y redes enraizadas transnacionalmente.
Esa naturaleza transnacional exige neutralizarla con un frente democrático, empezando por una estrategia que apunte con certeza a los puntos débiles de esos poderes y golpearlos con herramientas que vayan más allá de las sanciones.
La alianza transnacional democrática requiere reclutar fuerzas con la inteligencia política y experiencia que conocieron cómo tratar a monstruos dictatoriales durante los setenta y los ochenta. Dado que los nuevos movimientos cívicos no tienen experiencia para lidiar con los poderes fácticos que hoy acechan la región, la alianza entre experiencia, preparación, y riesgos, bajo condiciones de represión, es de vital importancia.
Es imperativo conformar y fortalecer alianzas con grupos cívicos democráticos transnacionalizados. La configuración geopolítica no es bipolar hoy día, hay intereses globales más tenues preponderantes que hacen difícil que la presión de Estados Unidos sea exitosa. El supuesto que la presión política decisiva debe estar en manos de EE.UU. es incorrecto. El capital transnacional ha jugado un rol preponderante, y de igual forma la presencia de China ha creado expectativas a la dictadura en Venezuela y Nicaragua sobre la posibilidad de una continuidad autoritaria con el apoyo chino.
La estrategia sigue teniendo los tres ángulos clave: desmoralización interna, neutralización de cuadros del régimen, presión externa. Pero el comienzo de debilitamiento gira en torno a las bases económicas que sostienen el poder fáctico y de ahí que es importante la estrategia transnacional que incluya al sector privado internacional.
La estrategia de lucha contra los poderes fácticos demanda que la alianza de actores pase de la denuncia a la propuesta de formas de presión interna, que se organicen de manera coordinada, con la aplicación de sanciones, escrutinio de financiamiento externo, penalizaciones por violaciones a acuerdos comerciales y otros tratados internacionales, campañas de boicot internacional a personajes involucrados en violaciones de derechos humanos.
