Diálogo OEA: ¿oportunidad o estrategia de Ortega?

Aunque el secreto que marca de entrada un posible diálogo entre el Gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA deja poco margen al entusiasmo, el acuerdo por sí solo constituye un momento de inflexión importante para el campo oposicionista que lucha por superar la precaria situación electoral y, como correlato, salvar la actual conducción democrática.

Sin espacios para el entusiasmo, puesto que el propio Secretario General, Luis Almagro confirmó que no divulgará el informe sobre las elecciones remitido al gobierno nicaragüense, mientras este último tampoco ha considerado transparentar el diálogo; esta decisión tiene potencial para erigirse como un nuevo frente cívico que profundice la lucha democrática que algunos movimientos sociales, principalmente socio-ambientales, iniciaron en las calles.

Sólo que tal profundización no depende apenas de las estrategias de los movimientos ni menos del campo oposicionista. El factor más importante continúa estando en las condiciones políticas de la administración de Daniel Ortega y su dupla electoral, Rosario Murillo. Y aquí la situación es aún más nebulosa. Un posible diálogo OEA-Gobierno de Nicaragua hará muy poco por las elecciones, cuando a escasos días para las “votaciones” no existe ninguna señal de parte de la administración orteguista por democratizar el proceso.

Los espacios posibles para la oposición

En un mundo ideal (que no siempre es el mismo de la política), las “elecciones” del 6 de noviembre serían suspendidas a través de una enmienda constitucional, ampliando por un año más el mandato a Ortega – Halleslevens, mientras se desarrollan las pláticas con la participación de todos los sectores posibles del país, en las que la OEA haría un papel mediador. Ocurre que realísticamente, la administración orteguista no tiene ninguna razón para hacerlo. Ortega – Murillo no enfrentan ninguna amenaza en términos electorales que ponga en riesgo la segunda reelección presidencial, asegurada además por el control absoluto sobre todo el aparato estatal, principalmente el CSE y el sistema de justicia, a pesar del alto abstencionismo ya estimado.

¿Qué margen queda entonces para la oposición y algunos movimientos que luchan por salvar el curso democrático? Dos salidas son aquí posibles. Almagro continúa siendo un actor altamente confiable para la oposición nicaragüense, tornándolo aparentemente sensible a la presión para que divulgue el informe sobre las elecciones y asegurar, al mismo tiempo, todas las garantías necesarias para un diálogo amplio.

Y por garantías me refiero a los mecanismos y el contenido de estas pláticas. Por ser de interés nacional, el diálogo debe ser público y con la participación de todos los sectores posibles, desde representantes de la oposición partidaria (particularmente los afectados por el golpe al Legislativo del 28 de Julio), movimientos sociales por la defensa del agua y la tierra (anti-canal), intelectuales y académicos, sector empresarial, ONGs e Iglesia, superando nuestra terrible ventura de creer que “la política pertenece a los partidos”.

Sobre el contenido, deberá tener la capacidad de traspasar la mera agenda electoral. Debe constituirse como una oportunidad para dialogar sobre lo que en este país no se dialoga: El inminente despojo a los campesinos frente a la posible construcción del canal interoceánico, la actual manipulación de la Justicia, la fuerte desconfianza ciudadana sobre la Policía Nacional, el descaso oficial frente a los delitos ambientales, la injusticia frente a los feminicídios, la restitución del aborto terapéutico, la criminalización de los movimientos sociales y la ilegalización de algunos partidos políticos, entre otras cosas.

¿Si suspender las elecciones no parece realista, ampliar estas pláticas en mecanismo y contenido lo es? Aquí al menos dependerá del nivel de presión que la oposición y los movimientos sociales puedan ejercer sobre la Secretaría General de la OEA, dejando claro que ninguna plática con el gobierno nicaragüense tendrá legitimidad social sino es lo suficientemente pública y amplia, como se estima en cualquier campo democrático.

Es una presión que no debe dispensar, en ningún momento de la lucha callejera. Las movilizaciones frecuentes por la defensa de la tierra y el agua han captado una creciente atención internacional que revela no sólo un liderazgo renovado y fresco en el campesinado que no parece dispuesto a darle tregua a las ansias del orteguismo por la mega construcción; mientras la lucha callejera contra la llamada “farsa electoral” que se ha registrado en algunos territorios en las últimas semanas encuentra una expresión directa en el alto número de nicaragüenses que no está dispuesto a visitar las urnas el 6 de noviembre.

Escenario internacional como factor clave

No queda claro aún, en medio de todo este panorama, si la aceptación del gobierno de Ortega a un diálogo con la OEA es el reflejo de una flexibilización del régimen, o se trata apenas de “ganar tiempo para legitimar las elecciones”, como lo consideran algunos analistas.

Independientemente de sus cálculos, el escenario internacional no parece muy halagüeño para el gobierno nicaragüense. Casi todos sus aliados latinoamericanos enfrentan profundas crisis asociadas a un giro derechista en la región, sumado a la inminente aprobación de la NicaACT en el Congreso estadounidense que podría ser realidad con un posible triunfo de Hillary Clinton en las elecciones del 8 de noviembre. Al final fue la propia candidata demócrata quien en 2009 ordenó la suspensión de la Cuenta Reto del Milenio (CRM), lamentando “la falta de condiciones democráticas” en las municipales de 2008.

A juzgar por el proyecto presupuestario introducido al Legislativo, la administración pública enfrentará una mayor presión fiscal en 2017, debido en parte a la reducción del 15% en las donaciones internacionales y más del 30% de caída en la cooperación venezolana registrada en el primer semestre de 2016. Con una restricción del gasto para la inversión social, las posibilidades de mantener el nivel de satisfacción popular de los últimos cinco años parecen comprometidas, empujando a la búsqueda inmediata de consensos o, en el peor de los casos, incrementar la represión.

Cualquiera de estas posibilidades depende por ahora – en buena medida aunque no exclusivamente –  de si el campo oposicionista y los movimientos sociales podrán unificar sus pautas para salvar las posibilidades de un diálogo incluyente y amplio para alcanzar la legitimidad requerida. No se trata de si Ortega quiere ganar tiempo para “salirse con la suya”, sino de si están dispuestos a permitírselo una vez más.

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Politólogo nicaragüense. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Campinas (UNICAMP) en São Paulo. Especialista en el área de activismo, movimientos sociales y partidos políticos.