7 de julio 2017
La política de Ortega ha sido: sometimiento al gran capital, desmovilización política y sindical, oídos sordos a los reclamos populares. Lo más preocupante ahora es la ausencia de una alternativa política para poner fin a un gobierno que ha facilitado la concentración de la riqueza, ha permitido la corrupción, ha consentido la destrucción de los bosques y fomentado la contrarreforma agraria facilitando el acaparamiento de la tierra en pocas manos.
En la lógica del gran capital, Ortega ha demostrado su capacidad para sacar las leyes que la derecha empresarial necesita: desmontar la legislación laboral y establecer un nuevo régimen previsional que requeriría más años ininterrumpidos de aportes para acogerse al beneficio jubilatorio con lo que, de hecho, acabarían con la jubilación como derecho para la enorme mayoría de la población.
Para los sectores populares el problema es que a pesar que el gobierno Ortega es señalado de corrupto e ineficiente no hay muchos políticos con mejores credenciales que él, y por ahora se lo soporta y sostiene, como el mal menor, a la espera de la aparición de un mesías de una clase dominada dividida y carente de una alternativa política viable y eficaz.
Ortega utiliza las tramoyas de rutina y reedita las prácticas tradicionales del intercambio de favores y la compra de votos. Por lo que parece avecinarse es una crisis del sistema político vigente, ya debilitado y deslegitimado por el sinfín de denuncias y delaciones por actos de corrupción y atribulado por una crisis social larvada de inédita envergadura en el país. Lo único cierto es que si las fuerzas sociales progresistas no ganan la calle nada cambiará en Nicaragua.
El temor de la burguesía es grande, la pregunta que se hacen es: Después de Ortega ¿qué? La sucesión de Ortega abre un abanico de posibilidades que no pueden ser previstas de antemano. Uno de los problemas es la crisis de legitimidad que arrastra a toda la clase política, al empresariado coludido con el gobierno y a los gobiernos municipales es de tal magnitud que las fórmulas tradicionales del compromiso de las oligarquías partidarias y la clase política tradicional son dispositivos muy desgastados y demasiado débiles, que difícilmente podrían ser exitosos frente al abanico de sucesos que se yergue en la vereda de enfrente.
Molecularmente se está constituyendo situación que “los de arriba” ya no podrán seguir, en la fase post-Ortega, dominando como antes y “los de abajo” (por lo menos un sector importante de ellos) no querrán seguir siendo dominados de la misma manera. Que esta situación desemboque en una salida política progresista requiere de una combinación de condiciones objetivas y subjetivas que no están dadas por el momento.
Pero, el desenlace de la crisis que se abriría en el post-Ortega podría producir una radical modificación en la correlación de fuerzas de hoy. Más allá de esto, se impone aquí una vieja verdad: la solución de la crisis política post-Ortega no brotará del rodaje de las instituciones del Estado, de los acuerdos parlamentarios o las sentencias de los jueces sino de la dinámica del protagonismo social de la calle.
Es decir, de la movilización popular y la voluntad de lucha de las capas populares resueltas a poner fin al ajuste y redefinir el rumbo de la sociedad nicaragüense. Sólo ellas podrán resolver el endemoniado entramado de corrupción, venalidad y abuso que caracteriza a la clase política tradicional y al gobierno actual. Tarea difícil, muy difícil pero no imposible.
Ojalá que las clases y capas populares en alianza con los intelectuales progresistas tengan la clarividencia para discernir las vías de solución a la crisis y puedan impulsar una regeneración ética que tanto necesita Nicaragua.