Guillermo Rothschuh Villanueva
22 de septiembre 2019
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Las multas millonarias impuestas a Google y YouTube continúan multiplicándose
Es la primera ocasión que Google y Facebook pagarán por mandato legal
“…a pesar de todo lo bueno que hemos conseguido,
la Red se ha convertido en un motor de desigualdad
y división bajo la influencia de poderosas fuerzas
que la utilizan para sus propios fines oscuros”.
Tim Berners-Lee
Cada día que pasa se incrementan las denuncias contra las tropelías cometidas por las redes sociales. Todo cuanto se diga resulta poco. Sus abusos se suceden en cascadas, en una espiral sin límites. No respetan edades ni fronteras. Sus mismos creadores y hasta gobiernos que auspiciaron su nacimiento, critican y tratan de meter en cintura sus desafueros. No hay forma que eludan el escrutinio de los entendidos y la condena de las organizaciones defensoras de distintos derechos: los de privacidad, contra la incitación al odio, los de la niñez, los raciales y sexuales. La facilidad con que pueden ser usadas y su alcance planetario, las sitúa en un universo totalmente privilegiado.
Algunos de sus artífices desean purgar sus pecados —de los que no creo que todos sean culpables—. Los límites impuestos a la utilización de las redes dentro de su entorno familiar resultan reveladores. Ni Bill Gates ni Steve Jobs se muestran partidarios, mucho menos anuentes, a que sus hijos usen de manera desenfrenada las redes sociales. ¿Por qué será? Esta debería ser una pregunta inevitable entre padres de familia que han sustituido a la televisión con teléfonos móviles el papel que antes desempeñaba de baby setter. Los niños en su candidez disfrutan y se regocijan con las imágenes y juegos electrónicos. Aprenden a nadar a sus anchas en estos artefactos.
Las multas millonarias impuestas a Google y YouTube continúan multiplicándose. La Comisión Federal de Comercio (CFC) de Estados Unidos, decidió imponerle una sanción pecuniaria en vista de su comportamiento reñido con la ley: se dedicaba a recolectar datos de menores de edad, sin el consentimiento de los padres. Lo hacía con fines estrictamente publicitarios. Para remate, YouTube adujo ante los anunciantes que no deberían de preocuparse, la disponibilidad de los datos no incluía a menores. Algo que como en ocasiones anteriores resultó falso. Para ser exactos, los ofrecía con conciencia plena de violentar los derechos de la niñez. Una más en su haber.
Las sanciones a YouTube fueron impuestas no solo por la CFC, también intervino la Fiscalía General de New York. La suma total fue de doscientos millones de dólares, conglobadas las dos multas. La primera impuesta por la CFC fue de ciento treinta y seis millones y la de la Fiscalía General de New York de treinta y cuatro millones. No deja de ser preocupante que, pese a los reveses recibidos, ni Google ni YouTube hayan reconsiderado su actitud. Son reincidentes. Las instituciones de justicia europea —celosas por el respeto que deben guardar las empresas en el respecto a la ley— fueron las primeras en sancionar a Google. Hoy otros países tratan de protegerse.
La gula incontenible por acrecentar sus fortunas, ha llevado a los dueños de estas plataformas a asumir un comportamiento lesivo de los derechos humanos. No les bastan las cantidades millonarias obtenidas anualmente. También se lanzan a la captura de mayores dividendos violentando la ley. El dinero es la razón fundamental para incurrir en todo tipo de vejámenes. La Fiscal General de New York, Letitia James, lo dice en todas sus letras. “Google y YouTube, ilegalmente y a sabiendas, monitorizaron, trazaron y sirvieron anuncios personalizados a niños pequeños solo para continuar recibiendo los dólares de la publicidad”. Actuar a contrapelo de la ley ameritaba una mayor sanción.
Estos casos ratifican una vez más la necesidad imperiosa de la existencia de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Son guardianas de los intereses generales de la sociedad. El activista Josh Golin, director de la campaña por una Niñez Libre de Anuncios, una de las organizaciones demandantes contra Google se mostró desconsolado. “Es extremadamente decepcionante que la FTC no exija cambios más sustanciales y no haga más para que Google responda por perjudicar a los niños durante años de recolección ilegal de datos”, acotó. Una prueba que su activismo resulta fructífero. Son las encargadas de velar para que los derechos que asisten a las personas se cumplan.
El origen de todos los desmanes cometidos por las redes, radica en la raíz misma de su forma de nacimiento y desarrollo. El pecado original se incubó desde el engendramiento de esta criatura: la mismísima Internet. El involucramiento directo y la participación primaria del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, preludiaba los futuros usos que le tenía reservado el Pentágono. Los militares nunca iban a invertir tiempo y dinero, para que finalmente el dispositivo se les saliera de las manos. Conviene hacer la salvedad que muchos de los pioneros que participaron en la creación de la Red no lo hicieron con el propósito de convertirse en millonarios.
La actitud de Steve Jobs fue diametralmente opuesta a la conducta asumida por Steve Wozniak. El desenfado con que asumió Wozniak la creación de Apple es un signo indicativo de que jamás estuvo guiado por acrecentar su fortuna. Cuando se habló de plata expresó convencido: “La diversión de hacerlo superaba a todo eso… ¿A quién le preocupaba el dinero?”. Jobs en cambio deseaba obtener plata. Igual que Wozniak, también suscribía la tesis de que el poder derivado de la Red fuese compartido. El estamento contracultural es quién está detrás de esta historia prodigiosa. Sin olvidar que, desde el principio, el gobierno estadounidense y empresarios estaban a la caza.
Manuel Castells cuenta la participación de los pioneros de manera fascinante y enaltecedora. Los grupos contraculturales en San Francisco alentaban el propósito de dar vida a una tecnología compartida. El resto de esta historia ya la conocen. El impulso sostenido del Pentágono por crear Arpanet no era gratuito. No olvidemos tampoco que detrás de estas invenciones estaban los enormes contratos del Departamento de Defensa con universidades y empresarios. La sacrosanta alianza industrial-militar como la llamó el general Dwight D. Eisenhower. Una convergencia de intereses entre militares y empresarios. Desde hace muchos años caminan a par.
Más lúcido que nadie, Evgeny Morozov, editor asociado de New Republic, se planta para hacer un breve recorrido hasta los orígenes y dejarnos claros de una vez, que las promesas de unas tecnologías libres y de uso ilimitado eran simples quimeras. Coloca en el centro del debate su naturaleza política. Lo expone claramente: “No hay empoderamiento digital sin empoderamiento político, y este último solamente se puede alcanzar concibiendo la Red no como un medio o una herramienta, sino como un conjunto de infraestructuras para facilitar la vida, el trabajo y la cooperación”. Mientras esto no ocurra y es imposible que acontezcan cambios sustantivos. Seguiremos igual.
Existe un paralelismo entre las consideraciones del sociólogo estadounidense, Herbert Schiller, con el presente. Para quienes sostienen la teoría del auditorio activo —el poder descansa entre los lectores y audiencias— Schiller respondía que era más fácil y conveniente creer que tenían el poder, que lanzarse a conquistarlo. Los medios siempre han sido actores políticos y la libertad de expresión constituye un tema político, como hemos podido comprobar los nicaragüenses desde abril de 2018. Las ganancias producidas por las redes y la vigilancia a la que estamos sometidos los usuarios por los gobiernos son las dos caras de la misma moneda y expresiones de una misma desgracia.
No deja ser sintomático y aleccionador que Tim Berners-Lee, el creador de la World Wide Web y presidente de la Fundación Web, al celebrarse este 2019 los treinta años de la creación de la Web, propongan la creación de una nueva plataforma llamada Solid. La proponen con la intención de restaurar “el poder y la capacidad de intervención de los individuos en la Red”. Cuando lo que se necesita —como expone Morozov— es “un orden constitucional legítimamente establecido que consolide unos derechos y unas libertades inalienables, cualesquiera que sean los costes que ello imponga a las empresas o los Gobiernos”. Un orden jurídico que todavía no existe y por el cual vale la pena luchar y conquistar.
No solo los propietarios de las plataformas digitales se empecinan en usarlas desafiando leyes y fronteras. Los gobiernos de las potencias militares y tecnológicas utilizan internet de manera fraudulenta. La extracción de datos estratégicos —económicos, políticos y militares— ha sido convertida en un ejercicio descarado y continuo. Los militares se espían mutuamente. Acusaciones van, acusaciones vienen y nunca se detienen. El espionaje realizado por los republicanos en las oficinas del Partido Demócrata —el affaire del Watergate— es un juego de niños comparado con los recursos disponibles en la web hoy en día. Somos víctimas de su desenfreno.
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Comunicólogo y escritor nicaragüense. Fue decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Centroamericana (UCA) de abril de 1991 a diciembre de 2006. Autor de crónicas y ensayos. Ha escrito y publicado más de cuarenta libros.
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