Desde Chávez a Ortega

A raíz de la ruptura del pacto de gobernabilidad surgido entre el gobierno de Daniel Ortega y el empresariado nicaragüense, desde que  asumió la Primera Magistratura en el 2007 (segunda era), hasta el mes de abril del presente año, cuando se iniciaron las primeras protestas públicas de la sociedad civil ante las continuas arbitrariedades de la dinastía Ortega-Murillo, se han producido hechos que han conmovido a la sociedad nicaragüense y a la comunidad internacional. Hechos que trascienden al origen que dio lugar a la primera protesta, cual fue cambios en los porcentajes de contribución del empleador y del empleado, así como de los jubilados  del Seguro Social.

La seguridad que otorga el ejercicio del poder omnímodo, el saberse por encima de la ley les hizo despreciar aquella inesperada protesta; reaccionaron con violencia desproporcionada contra los hombres y mujeres de la llamada tercera edad, que solo exigían no les menguaran su exigua pensión. Lo demás, a partir del pasado 19 de abril, es historia conocida.

Se ha dado en hacer un paralelismo inevitable con lo que sucede en Venezuela, y hasta comparaciones incomprensibles en cuanto al número de muertos en determinado espacio de tiempo, como si estuviésemos contando cuántos goles ha metido Messi y cuántos más Cristiano Ronaldo. Claro que hay semejanzas, la naturaleza criminal de los dos regímenes, el desprecio absoluto por los valores democráticos, la incondicionalidad al castrismo, esa convicción absolutista degradante que los lleva a sumergirse en la esquizofrenia de la designación mesiánica, el nepotismo y el enriquecimiento ilícito, en la seguridad de la impunidad.

Hay otras, el desmantelamiento de las instituciones, soslayar el orden legal, sintonía con autocracias y dictaduras, involucramiento en el narcotráfico, armamentismo, creación de colectivos armados entrenados en Irán y Cuba, uso de francotiradores para disolver protestas, violación masiva de los derechos humanos y, como siempre, la identificación de los intereses del Estado con los del partido y el líder, lo que al final concluye en que los intereses de la dinastía Ortega-Murillo o los de Maduro-Flores los confunden con los del país, la nación, el Estado.

Pero existen diferencias importantes y sensibles entre los dos regímenes. En la Venezuela de Chávez y ahora de Maduro, sometida al protectorado de la tiranía cubana, el proceso se inició con la destrucción de la producción nacional, confiscaciones, estatizaciones, invasiones de fincas, viviendas y fábricas, absorción de la banca privada, demonización del empresariado y el abierto desafío a Occidente y sus valores políticos y culturales, para sellar alianzas con países y movimientos generadores de inestabilidad, ya sea por el terrorismo, el tráfico de drogas, armas, lavado de dinero, o todos ellos en conjunto.

Uno de los primeros objetivos de Chávez fue la destrucción de las Fuerzas Armadas Nacionales, les cambió el nombre, el uniforme, los himnos, las consignas (“Patria, Socialismo o Muerte”), los rangos, los colocó en cargos públicos, les otorgó carácter de beligerancia política, los corrompió, castigó, desmoralizó, apresó, exiló, y las convirtió en el brazo armado del partido, bajo el mando directo de militares cubanos. Lo que no ha sucedido del todo en Nicaragua, por su historia y experiencias en estas lides. Ejércitos, como hoy se conciben, no existieron en el siglo pasado, eran montoneras, campesinos mal armados, mal vestidos, mal alimentados, siguiendo consignas y mandos de caudillos liberales o conservadores, quienes una vez en el poder, esas soldadescas regresaban a su miseria de vida diaria, atada a la subsistencia y a su parcela social. Aparecía y desaparecía cuando el enemigo de turno, interno o externo, lo ameritaba. Claro, está la excepción del filibustero William Walker, pero ese fue un caso muy coyuntural de Nicaragua, más propio de una novela de Sergio Ramírez que de la idiosincracia nacional. En realidad, ese fue el caso de la casi totalidad de las soldadescas de nuestro continente.

Ni el Ejército Zelayista, ni el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Sandino, ni la Guardia Nacional, ni el Ejército Popular Sandinista (1979-1994) se pueden catalogar como Fuerzas Armadas al servicio de la nación. En realidad, la profesionalización de una fuerza militar nacional con doctrina, rangos, unidad de mando y no beligerancia política surgió en 1994 con la creación del Ejército de Nicaragua; aunque, claro está, alimentado con cuadros y experiencias surgidas del EPS que optaron por el carácter nacional y no partidista bajo las reformas surgidas durante la presidencia de doña Violeta Barrios de Chamorro (1991-1997). De modo que el actual Ejército de Nicaragua, no obstante el compromiso que pudieran existir de algunos cuadros superiores comprometidos con los intereses de la dinastía Ortega-Murillo, obedece más a la Constitución y las leyes que regulan su Institución que a los caprichos del matrimonio Ortega-Murillo o del FSLN. Sus integrantes son profesionales en el más estricto sentido de la palabra, respetados y reconocidos por la sociedad nacional e internacional. Allí está su existencia, sus ascensos, su familia y hasta su digno retiro garantizado por el deber cumplido al servicio de la nación.

Por otra parte, Ortega partió de otro esquema, supo de la influencia que ejercía su nombre y el del FSLN en la psiquis de Chávez. De allí ALBANISA y los más de cinco mil millones otorgados sin control presupuestario, que lograron crear uno de los holding económico familiar (Ortega-Murillo) más importantes de la región; las confiscaciones y estatizaciones quedaron atrás, aunque las malas costumbres como invasiones y turbas, reaparecieron en su historial.

Otra diferencia fundamental ha sido la Mesa de Diálogo, surgida a raíz de los asesinatos desbocados ordenados por la dinastía Ortega-Murillo. Allí no se sentó partido político alguno a negociar parcelas de influencias, sino la sociedad civil sufriente: empresarios, trabajadores, estudiantes, intelectuales, campesinos, la Conferencia Episcopal, académicos, con un fin único: Cese de la represión, eliminación de cuerpos paramilitares y adelanto de las elecciones presidenciales con absoluta transparencia; y allí están plantados, con sus muertos, torturados, prisioneros y desaparecidos, apoyados por la misma comunidad internacional que, en su momento, apostó por un proyecto de convivencia incluyente, en libertad y transparencia, sometido al Estado de Derecho democrático, pero que no se supo, pudo o se quizo llevar a cabo.

*Juan José Monsant fue embajador de Venezuela en Nicaragua entre 1991 y 1994. jjmonsant@gmail.com