20 de agosto 2018
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Los regímenes autoritarios carecen de atributos democráticos, incluyendo la protección, el cumplimiento y la promoción de los derechos de sus ciudadanos; la separación e independencia de los poderes gubernamentales así como de la existencia de un cuerpo de seguridad leal a la Constitución, apartidista y rendidor de cuentas. Desde el comienzo del mandato de Ortega, Nicaragua cumple con las características de un Gobierno autoritario casi a la perfección.
En 2016, a pesar de severas críticas de fraude electoral, Ortega ganó su segunda reelección sin enfrentar ninguna oposición legítima. Desde entonces, el Gobierno sandinista monopolizó el parlamento (con 71 de 92 legisladores), el sistema de justicia (con 11 de 16 magistrados), el sistema electoral (con 7 de 10 miembros de la Comisión Electoral), así como el cuerpo militar y la Policía Nacional. Ortega también ejerce un mecanismo de control social mediante el uso de grupos de choque callejeros los cuales dirige a través de la organización Juventud Sandinista. Estos grupos, que ahora son militares, son entrenados para intimidar los intentos de desobediencia civil mediante cualquier medio posible. De esta forma, durante los últimos tres meses, estas fuerzas paramilitarescon apoyo tácito de la Policía, han sido responsables de muchas de las muertes de civiles ocurridas tras las protestas en contra de la reforma del sistema pensiones.
De ahí que la protesta en Nicaragua refleja el enojo de la gente hacia un ambiente de corrupción sistemática expandido en casi treinta años. Mientras que las tensiones entre el Gobierno y protestantes persisten, el sistema de justicia ha permitido que el uso de la fuerza cause las muertes de más de 300 personas desde el pasado 19 de abril, hasta ahora.Además, desde julio pasado, cuando las cortes pasaron una ley en contra del terrorismo, el derecho constitucional de libertad de expresión para todos los nicaragüensesquedó desprotegido. Los jueces pro-Ortega han sido encomendados a enjuiciar a protestantes, mientras que los doctores, enfermeras y educadores que han atendido a quienes protestaban, han sido despedidos.
El control de las instituciones de justicia para asegurar el poder
La negación a la pluralidad en la identidad política, así como la falta de pesos y contrapesos en los poderes del Gobierno, son parte del esfuerzo consciente de Ortega por establecer un sistema de autoridad singular e indisputado. En el centro de esta práctica antidemocrática se encuentra la manipulación del sistema de justicia para construir un régimen dinástico y autoritario. Como un líder transaccional y clientelista, Ortega depende tanto de la justicia como de las fuerzas de seguridad. La falta de independencia judicial en Nicaragua data desde la Revolución Sandinista y se manifiesta a través de losnombramientos de la Suprema Corte y jueces de distrito. Desde entonces, estos cambios dieron lugar a un sistema de transaccional y clientelista, el cual funciona a través de sobornos y chantajes hacia la oposición para lograr y mantener mayoría en las cortes.
Después de su derrota en las elecciones de 1990, Ortega se aprovechó de la reforma constitucional de 2000, tras el pacto con el entonces presidente Arnoldo Alemán, la cual permitió incrementar el número de jueces de la Corte Suprema. Dado que la legislatura sandinista votó para aprobar los candidatos, se incrementó el número de magistrados sandinistas, permitiendo la expansión de este grupo en períodos de cinco años. Seguidamente, con el objetivo de alcanzar una reforma constitucional, Ortega usó las turbas oficialistas como amenaza en la calle mientras sellaba pactos con los partidos políticos y, así, comprar su lealtad. Mediante esta estrategia, para el año 2016, controla a 11 de los 16 magistrados de la Suprema Corte quienes entre otros atributos nombran a jueces de distrito.
Al mismo tiempo, entre 2000 y 2016, un número significativo y controversial de casos judiciales fueron resueltos en favor de Ortega. En particular, dos casos aseguraron su casi absoluto monopolio de poder para su presidencia. El primero fue la presión que Ortega ejerció sobre la Suprema Corte para anular por las vías de hecho el artículo 147 de la Constitución, lo que permitió su reelección legal en 2011. El segundo fue durante su relección seis años más tarde, cuando ordenó a la Suprema Corte la destitución de Eduardo Montealegre, como representante jurídico del partido de oposición (Partido Liberal Independiente, PLI) a tan solo cuatro meses antes de las elecciones de 2016. Como resultado, la Alianza PLI se fragmentó y quedó sin candidato, permitiendo que Ortega ganara sin oposición, con el 72% de los votos. Para entonces, Ortega había asegurado el control legal de su Gobierno, haciendo uso de las cortes a su conveniencia.
Los siguientes pasos: justicia transicional a lo nica
Este grado de autoritarismo y corrupción en el Gobierno ayuda a explicar la frustración y enojo que ha surgido recientemente en las calles de Nicaragua. Las demandas de los nicaragüenses sugieren que la transición política en el país es necesaria y que una reforma de la justicia es parte central de ella.
Ante todo, la transición debe incluir como premisa el restablecimiento del orden democrático con elecciones libres y justas, y supervisión internacional.
De igual forma, el cambio político que resulte de estas elecciones tiene que ir acompañado de esfuerzos y propuestas de líderes que aseguren reformas que establezcan la independencia de las instituciones políticas.
La independencia de las instituciones implica crear mecanismos transparentes y democráticos para la selección de miembros, el uso de procedimientos transparentes y verificables para ejercer la gobernabilidad de cada poder, contrapesos para fiscalizar el trabajo administrativo y político.
Una vez que lo anterior ocurra, es importante introducir un mecanismo de justicia transicional. El propósito de la justicia transicional es de asegurarse que los abusos del pasado sean investigados, y los que han ocurrido en el presente vayan acompañados de un juicio justo.
En relación con el pasado, debería establecerse un registro válido de los hechos ocurridos desde la década de los ochenta. Como resultado de la guerra civil, más de 500000 nicaragüenses fueron desplazados al interior y exterior del país, y más de 45000 personas perdieron sus vidas. Posteriormente, cuando el acuerdo de paz fue negociado, este incluía dos objetivos imperantes; el establecimiento de elecciones libres y justas; y el desarme del ejército de la Contra. Pero no hubo investigación alguna acerca de los abusos perpetrados por las dos partes del conflicto, así como ningún mecanismo para la reparación de las víctimas. Esto fue evidente durante la transición del período a cargo de Violeta Chamorro, cuando un gran número de investigaciones de asesinatos políticos que fueron juzgados en las cortes controladas por magistrados sandinistas no llegaron a ningún veredicto, a pesar de que la evidencia señalaba el involucramiento de las fuerzas de seguridad sandinistas.
La indiferencia por atender el pasado, así como los abusos continuos, ha creado resentimiento en los nicaragüenses y ha detonado la movilización política en contra de los sandinistas y de Daniel Ortega que se vive hoy en día. La guerra civil se peleó con un profundo sentido de división y odio, y muchos regresaron a sus casas después de la guerra a convivir día a día con sus adversarios, sin la oportunidad de sanar heridas, obtener justicia, o lograr el perdón. Aunque reconocer el resentimiento y dolor de las víctimas y sus familias es un reto, hacerlo representa un paso clave para alcanzar la justicia y reconciliación que se les ha negado a tantos nicaragüenses por décadas.
Sin embargo, la investigación y justicia del presente también incluye corregir los abusos perpetrados desde 2007 por el Gobierno actual. De por medio está incluir los casos de corrupción política (el nepotismo incluido), la corrupción económica, el uso de aparatos de represión para ejercer la violencia y la intimidación, en particular. Esto también implica que no se pueden otorgar más amnistías como en los noventa, a quienes participaron en los asesinatos de jóvenes, mujeres y niños durante esta etapa de conflicto entre abril y el presente de este año. Es imperativo dar lugar a juicios con evidencia, sentencia y voluntad justa.
Como hemos visto en otros países de la región como El Salvador o Guatemala con la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), la justicia retributiva puede contribuir a construir más confianza y restablecer un sistema de justicia imparcial, de manera sustancial. De esta manera, Nicaragua sería capaz de lograr que todos aquellos que sean o hayan sido responsables de actividades de corrupción política o violencia física en los últimos 40 años, rindan cuentas, así como de abordar las actuales preocupaciones de los manifestantes en las calles de Nicaragua.
La justicia es clave para el cambio democrático, sin embargo, es la transición democrática que permitirá la independencia institucional.
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*Politólogo, Investigador del Diálogo Interamericano. Beryl Seiler, Asociada del Diálogo, es coautora de este artículo.
