De los abusos del poder a la inhumana crueldad

Emitir un juicio o criterio político crítico sobre un gobierno es lo más natural. Al menos así lo sugiere el esquema teórico oficial sobre la democracia. Pero como vivimos en una sociedad bajo un gobierno dictatorial, el emisor del juicio político se convierte en un reo político. En esa condición, le sigue otro tipo de juicio, la tramitación de una causa que siempre la lleva un juez de la dictadura con ausencia de la justicia, convirtiéndose en un delito de Estado contra el derecho humano de opinar.

Esa es la característica de los juicios políticos que se están llevando a cabo en nuestro país, los que no tienen nada que ver con la ortodoxia jurídica, como tampoco estos juicios tienen que ver con ninguna causa que lo amerite, pues los reos están siendo juzgados conforme leyes espurias, no existen pruebas de los delitos que les imputan y quienes los juzgan utilizan un poder político de ilegítimo origen:

Las cuatro leyes conforme las cuales encarcelan, juzgan y condenan a los reos políticos, tienen una doble ilegalidad: una porque fueron aprobadas por encargo político expreso del dictador a su Asamblea Nacional; y dos, porque esta Asamblea está integrada por diputados candidateados dentro de la misma lista electoral única encabezada por los dictadores Ortega y Murillo, y todos fueron “elegidos” en el mismo acto electoral fraudulento de 2016. Su posterior reprís, fue la parodia electoral del 7-11 de 2021.

Los más de 170 reos políticos adquirieron esta condición después de ser secuestrados por mandato de un gobernante ilegítimo desde cuando rompió el orden constitucional al imponer a sus magistrados de la Corte Suprema su voluntad de violar el artículo 147 que prohibía la relección presidencial; y porque sobre la base de esta violación constitucional, el dictador impulsó tres procesos electorales fraudulentos (2011, 2016 y 2021) que le ratificaron el carácter espurio de su poder político.

La Corte Suprema de Justicia, además de espuria por ser originaria de la voluntad de un gobierno fraudulento, cumple el compromiso partidario de seleccionar a los jueces que juzgan y condenan a los reos políticos con toda ilegalidad, más la insólita práctica –que no se vio ni bajo el somocismo— de efectuar una especie de consejos de guerra dentro de los recintos carcelarios a escondidas, sin defensa y teniendo como testigos a los mismos guardias que los secuestraron.

Como si ese cúmulo de ilegalidades fuera poco… ¡las llamadas “pruebas” son tan falsas como la representatividad del Gobierno que los ha encarcelado, las leyes encargadas para juzgarlos y la autoridad moral y ética de los jueces que los condenan!

II

Hablar de los delitos del Estado, en verdad, es un eufemismo, pues este es un ente con origen en la voluntad política de las clases dominantes, de cuyos líderes devienen las ilegalidades e injusticias que se cometen a nombre del Estado. Y la historia del Estado nicaragüense, es una historia de crímenes, robos, saqueos, violencia, traiciones mutuas entre los políticos y las traiciones de estos en detrimento de la dignidad de la patria y de su pueblo.

Con esa herencia intacta, apenas barnizada de modernidad burocrática y prácticas represivas de nuevo estilo, el Estado actual funciona en manos de las clases dominantes como una dictadura. Los dictadores ORMU –contrario a lo que pudiera parecer, no solo a ellos beneficia su dictadura— también ejercen la representación del capital financiero. Precisamente, el silencio de sus dueños ante las atrocidades antidemocráticas es su manera de respaldar a los dictadores. Este apoyo, unido a las fuerzas militares y burocráticas de la represión, constituye una tercera fuerza en la que se fundamenta la continuidad del orteguismo en el poder.

El gobierno corporativo montado por la dictadura con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), terminó solo formalmente ante las masacres de abril de 2018; lo rompieron los directivos del Cosep, que fueron quienes prestaron sus rostros a los dueños del capital financiero y estos actuaron y siguen actuando tras bastidores como los verdaderos aliados de los Ortega Murillo.

Tan fuertes son esos lazos económicos y políticos que los unen con la dictadura, que a los señores financieros no les perturbó el encarcelamiento de Luis Rivas, gerente del Banco de la Producción (Banpro); no se mosquearon cuando la dictadura encarceló a José Adán (Chanito) Aguerrí, durante años presidente del Cosep –copartícipe del Gobierno corporativo y de habituales abrazos fotográficos con Daniel Ortega— ni les ha importado el secuestro de Michael Healy, presidente del Cosep y su vicepresidente Álvaro Vargas. Al contrario, los han reemplazado por fichas cercanas a la dictadura, como un castigo a su desobediencia.

Nunca hubo una mínima protesta pública de esos señores por esos encarcelamientos y, si alguna vez lo hicieron en privado, no ha producido la mínima alteración en la situación carcelaria de los miembros del Cosep secuestrados. Del resto de centenares de reos de conciencia, es lógico que los amos financieros ni siquiera se hayan dado por enterados.

III

En momentos que redactaba esta columna –la primera para Confidencial después de haber cumplido 92 años el recién pasado 11 de febrero— fui conmocionado con la noticia de la muerte del secuestrado excomandante guerrillero y general de brigada retirado Hugo Torres Jiménez. Torres era el único protagonista de dos de las acciones que más contribuyeron a variar –no a cambiar, lamentablemente— la historia moderna de Nicaragua: el asalto a la casa del ministro somocista José María Castillo, en diciembre de 1974, y el asalto del Palacio Nacional en agosto de 1978, ambos actos tuvieron la finalidad de liberar a decenas de miembros del FSLN de las garras de la dictadura somocista.

Dicho así, con la simplicidad de una noticia común, al lector extranjero –o nicaragüense muy joven— no le hará sospechar de lo trágico inhumano que aquellos actos de entonces tuvieron en la vida y ahora en la muerte de Hugo Torres: entre los miembros del Frente Sandinista liberados con su participación en la acción de 1974… ¡estaba Daniel Ortega, ahora convertido en el secuestrador, el carcelero y el responsable de la muerte de Hugo Torres!

Con el salto de los dictadores de la delincuencia política de encarcelar a las personas por solo disentir, criticar y actuar cívicamente por un necesario cambio democrático en la conducción política de la sociedad, cruzaron la frontera de la política represiva hacia la deshumanizada crueldad carcelaria contra sus antiguos compañeros de lucha.

IV

¿Cómo calificar de otro modo que no sea crueldad y traición de Daniel Ortega, el hecho de que secuestrara durante meses y luego condenara a ocho años de cárcel a Dora María Téllez, por cuya dirección política y heroicidad guerrillera se logró la liberación de la ciudad de León, lo cual le permitió a 0rtega –el comandante sin batallas— aterrizar tranquilo procedente de Costa Rica, a hacerse cargo de la coordinación de la Junta de Gobierno?

¿Qué sentimiento humano puede caber en Daniel Ortega, quien siendo presidente de la república contó en el Gobierno con uno de los mejores ministros, el ciudadano ejemplar Miguel Ernesto Vijil, y ahora ha secuestrado a su hija Margarita y la ha condenado a diez años de prisión, solo por seguir las enseñanzas cívicas y patrióticas de su padre?

Son muchas las historias similares que pueden relatarse de antiguos combatientes sandinistas, ahora víctimas de Ortega: como Irvin Dávila, cuya hija Tamara está secuestrada y juzgada por los dictadores por seguir la trayectoria de su padre; el exmilitar sandinista Irvin Larios; mujeres ejemplares en la lucha cívica por la democracia, como Suyen Barahona y Violeta Granera; María Oviedo, valiente abogada defensora de los derechos humanos; jóvenes valiosos como Lester Alemán; campesinos que aman su tierra y luchan por salvarla, como Medardo Mairena; las decenas de mujeres y hombres encarcelados durante meses y años por la crueldad de dos dictadores que tratan al país como su hacienda y a los ciudadanos como a enemigos, solo porque se oponen a las consecuencias de sus enfermizas ambiciones.

Otras ortegadas…

Al margen de estas cuartillas

*Daniel Ortega en la cárcel –como todos los presos políticos— era afeitado en la barbería de la prisión los días sábados para que los domingos recibiera la visita de su madre y familiares…

*Ahora, Ortega, el carcelero, mantiene aislados a sus prisioneros, las visitas son escasas con infames registros a las mujeres visitantes y bajo vigilancia militar…

*Ortega, les ha negado el permiso de asistir al entierro de sus madres a varios de sus reos de conciencia…

*En la cárcel, Daniel y compañero suyos recibían medio día de sol y de esparcimiento cada semana…

*En las cárceles de Ortega, los reos políticos viven en aislamiento, sin derecho a recibir los rayos del sol y otras formas de tortura…

*A las prisioneras Ortega no las dejan ver a sus hijos menores, ni atiende las peticiones de los niños para ver a sus madres…

*Ortega, no era solo un reo político; sobre él pesaban los cargos comprobados de asalto bancario y participación en la muerte de un agente de la seguridad somocista…

*Los reos de conciencia de Ortega, no tienen delitos comprobados, sino acusaciones falsas y, por ello, nunca probadas…

*Ortega fue un actor político armado, aunque no haya combatido; sus prisioneros, sin excepción, son actores políticos cívicos….

*Definición de diccionario: Cruel, quien disfruta haciendo sufrir o contemplando el sufrimiento ajeno.