Daniel Ortega, traficante de personas

A finales de diciembre, un avión de la compañía rumana Legend Airlines, dedicada a vuelos chárter, aterrizó en un aeropuerto de París, procedente de Dubái, para reabastecerse y seguir hacia Managua. Transportaba 303 pasajeros, la mayoría de ellos de nacionalidad india, quienes pretendían, tras su llegada a Nicaragua, trasladarse por tierra hasta la frontera sur de Estados Unidos.

Las autoridades retuvieron la nave durante cuatro días, permitieron que 25 de sus ocupantes permanecieran en Francia y devolvieron el resto a la India, salvo dos que fueron apresados por llevar consigo altas sumas de dinero en efectivo y puestos a la orden de la justicia, como sospechosos de organizar el viaje. Por supuesto, no se trataba de una operación humanitaria, sino de un negocio en las sombras para aprovecharse de necesidades humanas.

Por la publicidad que recibió, el caso dio notoriedad mundial a una trama ya de sobra conocida en nuestra parte del mundo, que retrata la total falta de escrúpulos del régimen de Daniel Ortega. Desde hace más de dos años, ha convertido a su país en un centro de trata de personas, con jugosos ingresos para el fisco o los bolsillos de altos funcionarios, y una fuente de presión migratoria adicional para Estados Unidos.

El negocio tiene dos vertientes. Una es el flujo de migrantes en situación irregular, procedentes del sur. Luego de atravesar Panamá y Costa Rica, deben pagar entre 150 y 200 dólares por ingresar a Nicaragua y seguir su ruta hasta el norte de México. La mayoría son venezolanos, haitianos y cubanos, pero también han aumentado los de otras nacionalidades, desde nepalíes hasta somalíes. La otra vertiente es la llegada masiva de personas por vía aérea, sea mediante vuelos regulares o fletados, con autorización para permanecer muy pocos días en el país; es decir, de utilizarlo como trampolín para el tráfico. Por supuesto, la paga también es requerida.

Hace poco, Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano, con sede en Washington, declaró al medio independiente nicaragüense CONFIDENCIAL que, entre junio y diciembre del año pasado, se produjeron más de 700 vuelos desde diversos destinos hacia Managua, un número desusado. Su banco nacional reportó que 634 000 viajeros llegaron en el 2022 al aeropuerto Augusto César Sandino, pero 322 000 no hicieron el viaje de vuelta.

Como resultado de esta situación, que sigue floreciente a pesar de una serie de presiones y declaraciones previas, el gobierno de Estados Unidos, mediante sus departamentos de Estado y del Tesoro, impuso el miércoles una serie de sanciones a varios funcionarios e instituciones nicaragüenses. A ellas agregó, por razones distintas, dos empresas extractoras y comercializadoras de oro ligadas el gobierno y un centro de capacitación operado por el Ministerio del Interior de Rusia, que funciona en Managua y se ha convertido en su principal espolón de proa en Centroamérica.

A la vez, emitió una alerta a las aerolíneas, conminándolas a que eviten cualquier complicidad “en la explotación de migrantes”. Además, la semana pasada, durante una visita a Guatemala, el subsecretario de Estado Adjunto para América Central, Eric Jacobstein, declaró que nadie debería lucrar “a costas de los migrantes”. Lo puntualizó de esta manera: “Ni los traficantes, ni las empresas privadas, ni los funcionarios, ni los gobiernos”.

La migración irregular siempre ha contado con la complicidad de funcionarios, pero hasta hace poco era una actividad dominada por bandas criminales y ejecutada por los llamados coyotes. Estos elementos se mantienen como esenciales para explotar la desesperación, las necesidades, las ansias de una vida mejor o la huida de la persecución de cientos de miles de personas. Que la dictadura de Nicaragua sea ahora parte del macabro negocio es una prueba más del oportunismo de su cúpula, encabezada por el matrimonio Ortega-Murillo.

No se trata de algo sorprendente. Su desprecio por la dignidad y la vida humanas es harto conocido, y se ha manifestado de múltiples formas. Este negocio añade una más, y hay que apoyar cualquier esfuerzo destinado a frenarlo.

*Editorial publicado en La Nación de Costa Rica.