2 de julio 2022
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La actual crisis nicaragüense tiene que analizarse y enmarcarse desde lo que es: una crisis provocada por la consolidación de una dictadura, sin matiz alguno. En los últimos años diferentes índices democráticos o académicos le venían dando categorías como “régimen híbrido”, “autoritarismo blando”, “autocracia”, sin embargo, a partir de 2018 lo que hemos visto es una transición acelerada hacia una dictadura abierta, que no se molesta en ocultar su vocación totalitaria y que constituye la principal manifestación de autoritarismo en Nicaragua.
Desde que estallaron las protestas sociales en 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calcula que por lo menos 355 personas han sido asesinadas y otras 1 614 detenidas, las últimas cifras extraoficiales apuntan que más de 300 000 mil personas se han visto obligadas a migrar por la crisis política y económica. Al finalizar el mes de mayo de 2022, 378 organizaciones de la sociedad civil sufrieron la cancelación de su personería jurídica, incluyendo a centros miembros de CLACSO como el Centro de Estudios Internacionales (CEI), fundado por Zoilamérica Ortega Murillo y Alejandro Bendaña.
Estos datos se suman a la política de terror y persecución ejecutada por el Estado de Nicaragua contra las personas opositoras, que entre otras cosas incluye: hostigamiento policial, expulsiones, despidos, desapariciones, cancelaciones de organizaciones de la sociedad civil, confiscaciones de medios de comunicación, violencia sexual, negación del derecho a la salud y la supresión absoluta de las libertades fundamentales de opinión, expresión, organización y asociación. Todo esto operado por una amplia red de complicidad formada por policías, militares, civiles, paramilitares y funcionarios públicos.
La principal preocupación en este momento son los malos tratos y torturas de las que están siendo víctimas las 182 personas que actualmente son presas políticas de esta dictadura, torturas que responden a una política de exterminio que ya provocó la muerte del exguerrillero sandinista y general en retiro Hugo Torres, el pasado 12 de febrero.
Las familias de las personas presas políticas han denunciado que el Complejo Policial Evaristo Vásquez, conocido como “El Chipote”, está funcionando de facto como un centro de tortura. En los primeros meses de este año se desarrollaron procesos de judicialización contra personas detenidas en el contexto electoral de 2021, las cuales fueron condenas entre ocho a trece años y en su mayoría, acusadas por delitos como conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, lavado de dinero y propagación de noticias falsas.
Al iniciar este año 2022 se han observado nuevas formas de represión que responden a la escalada de un absoluto control totalitario por parte de la dictadura. Existe una continuidad en expresiones de violencia política como son las detenciones arbitrarias, hostigamiento policial, torturas y malos tratos, persecución, vigilancia y amenazas.
Asimismo, han surgido nuevas manifestaciones de control o al menos con mayor magnitud, como por ejemplo la extorsión fiscal, negación de documentos de identidad, represión migratoria, represalias administrativas contra grandes, medianas y pequeñas empresas, represalias con beneficios sociales y servicios públicos, persecución al sector cultural y a la Iglesia católica y confiscación de universidades. La profundización de esta crisis ha provocado también la consolidación de un aparato construido para garantizar la impunidad de todo tipo de crímenes, incluyendo los que no son exclusivamente políticos.
Es necesario señalar que en esta nueva etapa represiva se observa una leve disminución de la participación de las fuerzas armadas (policías, militares, paramilitares), que es sustituida por una serie de medidas administrativas emanadas por instituciones gubernamentales. Este tipo de persecución política es posible darse en un régimen autoritario y totalitario totalmente cooptado y centralista, que se logró consolidar gracias a los pactos de las élites económicas y políticas del país.
Situación política actual
La débil e incipiente democracia nicaragüense se ha visto totalmente erosionada, dejando a la ciudadanía sin ninguna herramienta institucional ni fuerza opositora organizada para canalizar sus demandas y garantizar el respeto de sus derechos. La aniquilación de la oposición organizada real es producto de las detenciones ilegales de los liderazgos en 2021 y la persecución política generalizada, dejando únicamente a partidos políticos colaboracionistas, lo que permite asegurar que hoy en Nicaragua no hay partidos políticos útiles para el proceso social.
A diferencia de los demás países de la región, en Nicaragua no hay manera de hacer política institucional, de disputar el poder o de tener algún tipo de participación en la democracia liberal. Todas las oportunidades que abre el superciclo electoral en otros países como Chile, Brasil, Honduras o Colombia, en Nicaragua no existen.
El pasado 7 de noviembre de 2021 se llevaron a cabo elecciones presidenciales y legislativas, desde Urnas Abiertas denunciamos que todos los elementos legitimadores de la integridad electoral fueron conculcados de manera sistemática, por tanto, esas elecciones viciadas de origen no pueden considerarse legítimas, bajo ninguna condición.
El fraude electoral fraguado dio pie a la instalación de un gobierno de facto, que lejos de solucionar la problemática sociopolítica ha profundizado la crisis humanitaria y de derechos humanos. Actualmente, el FSLN controla todos los espacios políticos, institucionales, cívicos, religiosos y culturales en el país.
Orígenes de la dictadura de Daniel Ortega
Es importante ubicar en la historia reciente, tres pactos de Daniel Ortega y el Frente Sandinista (FSLN): con el expresidente Arnoldo Alemán, con la Iglesia católica y con el gran capital nicaragüense, a través del modelo de consenso y diálogo, una forma sofisticada de corrupción conocida también como captura del Estado. El pacto Alemán-Ortega dejó en manos del bipartidismo todas las instituciones gubernamentales, y les permitió, entre otras cosas, realizar una serie de reformas que facilitaron el regreso al poder de Daniel Ortega en 2007, quien venía de un proceso de desdemocratización y hegemonización dentro del FSLN.
Shelley McConnel advierte que la consolidación de la dictadura se debió en buena medida a que no se lograron tomar acciones tempranas ante un régimen autoritario emergente, la evidencia empírica permite señalar que algunos de estos indicios del autoritarismo fueron:
(1) Fraudes y la eliminación del pluralismo político y la competencia electoral: a partir de 2008, las primeras elecciones municipales con Daniel Ortega en el poder, se han venido fraguando fraudes electorales que no representan la voluntad popular, sino que obedecen a las necesidades partidarias de controlar el Estado. En el camino, se han cancelado, despojados y cooptado partidos políticos, sobreviviendo únicamente todos aquellos que colaboran e intentan dar legitimidad a estos fraudes.
(2) Monopolización de los medios de comunicación: Ortega empezó paulatinamente a controlar todos los medios de comunicación, no solamente eso, sino que también colocó en sus equipos directivos a sus hijos, a la vez que persiguió y reprimió a los medios de comunicación independientes o no alineados al oficialismo.
(3) Anulación de actores sociales y sujetos políticos: la cooptación de movimientos sociales fue una constante de todos los gobiernos sandinistas, aunque no es deliberado, porque muchos de estos movimientos encontraron su matriz ideológica en el proceso revolucionario, ciertamente la vuelta del FSLN los vació de contenidos y los convirtió únicamente en piezas necesarias de su andamiaje represivo. Cuando los movimientos o actores sociales no se dejaban cooptar, el Gobierno optó por la persecución, estigmatización, difamación y criminalización.
(4) Supresión progresiva y sistemática de las libertades fundamentales: para poder controlar las disidencias y oposiciones, Ortega apostó por la represión y el ataque a civiles desarmados, el abogado defensor de Derechos Humanos, Uriel Pineda, sistematizó acciones represivas en 2008 y de 2011 a 2018. Algunas de las acciones que se pueden mencionar son ejecuciones extrajudiciales en el campo, represión a la protesta pacífica como en #OcupaINSS, en las zonas mineras o al movimiento campesino anticanal.
Otras de las características autoritarias del régimen se manifestó a través de la excesiva centralización de poder en manos de Daniel Ortega, de esta manera se llevó a cabo la erosión de la autonomía universitaria y de la autonomía municipal, el control partidario en comunidades y trabajos, el uso del sistema de justicia con fines políticos, la subordinación de la Policía Nacional al Ejecutivo, el control total de la Asamblea Legislativa. Asimismo, la reforma constitucional de 2014 habilitó la reelección presidencial de manera indefinida, y son estos elementos los que permitieron la consolidación de un sistema político hiperpresidencialista que tenía por base el bipartidismo institucionalizado que fue pactado con el expresidente Arnoldo Alemán.
El régimen neoliberal
De manera muy similar a los años 80, Ortega construyó un discurso en defensa de la Revolución, que pasaba por la eliminación de todo aquel que fuese enemigo de la misma, y que, a diferencia de los años 80, no podía cederse ningún espacio bajo riesgo de volver a perder las conquistas del proyecto revolucionario.
Sin embargo, estas “conquistas” del gobierno revolucionario en su regreso al poder sirvieron únicamente para la construcción de su narrativa, porque en la práctica lo que sucedió fue la instalación de un modelo económico basado en el capitalismo de compadres o de compadrazgo (cronycapitalism), que paralelamente brindó algún tipo de asistencia social gracias a la cooptación y el manejo opaco de la cooperación venezolana, que ascendió a los casi 4 mil millones de dólares.
La principal característica de este capitalismo de compadrazgo es el contubernio que se da entre las élites políticas con las económicas, que en Nicaragua se expresó a través del llamado “modelo de diálogo y consenso”, entre el FSLN y el gran capital. Este pacto le permitió al sector privado expandir sus negocios, incidir en por lo menos 124 (de 326) leyes y políticas entre 2008 y 2018, integrarse a las directivas de 43 instituciones estatales, conseguir enormes beneficios fiscales y financieros, aunque eso fuese en detrimento de los derechos laborales y la justicia social y ambiental. Durante diez años, cuatro de cada diez leyes aprobadas por la Asamblea Nacional fueron consensuadas con el gran capital.
Mientras el empresariado celebraba esta alianza, el Gobierno neutralizaba las huelgas, a los sindicatos, permitía condiciones laborales precarias y garantizaba un incremento controlado en el salario mínimo. Este modelo, que aunque en la actualidad pueda estar pasando por algún tipo de fractura o inestabilidad, ciertamente no está agotado, como lo ha querido hacer ver el gran capital nicaragüense.
Por tanto, por una parte se profundizó un modelo económico cleptócrata, extractivo y neoliberal, mientras se restringían las libertades de la ciudadanía en un acelerado cierre del espacio cívico, esta combinación de elementos dotó de razones de sobra al surgimiento de una amplia masa opositora y autoconvocada formada por nuevos y viejos movimientos sociales, quienes al salir a las calles fueron neutralizados por el terror, las armas y la muerte.
* Este texto es un fragmento de la ponencia presentada por Olga Valle, directora del observatorio Urnas Abiertas, en el panel “El estado de la democracia en Centroamérica a 200 años de independencia” durante la IX Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales impulsada por CLACSO.
