23 de marzo 2021
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En marzo de 2020 llegó la triste noticia que no queríamos escuchar en Nicaragua: el primer caso confirmado de covid-19, aunque claramente lo estábamos esperando. Era imposible pensar que el virus no llegaría a nuestro país, donde se le abrieron las puertas y ventanas para que entrara sin restricciones por tierra, mar o aire; el Estado se encargó de hacer que el SARS-COV-2 circulara con libertad, como si de un grato huésped se tratara.
Mientras el mundo se alarmaba por la ola de contagios y muertes que se presentaban en Europa, Estados Unidos, Asia y América del Sur, donde las cifras transparentes —o por lo menos mucho más que en Nicaragua— reportaban miles de muertos todos los días; mientras los países adoptaban las medidas necesarias para evitar en la medida de lo posible el crecimiento de la curva de casos nuevos, en nuestra tierra de lagos y volcanes, el Gobierno llamó a marchas, reuniones, aglomeraciones sin sentido, y apertura migratoria regular. Las medidas recomendadas por la OPS/OMS de mantener el distanciamiento físico y evitar las concentraciones de personas, fueron burladas por el Estado de Nicaragua, quien en su lugar organizó las marchas “por amor en tiempos del covid”, como si del título de una novela se tratase.
El 2020 fue un año difícil para todo el mundo, pero en el contexto de la pandemia, el régimen dictatorial que encabeza Daniel Ortega, se encargó de hacerlo más pesado aún, y basta con mencionar algunos ejemplos para entender las razones bajo las cuales se puede aseverar esto:
- La apertura migratoria ya mencionada.
- La indiferencia ante las recomendaciones emitidas por la OMS/OPS
- El prohibir en un inicio el uso de materiales de protección al personal de Salud.
- La falta de regulación a los precios de los materiales de protección y medicamentos, imposibles de costear fácilmente para el ciudadano promedio.
- La minimización de los datos estadísticos sobre el desarrollo de la covid-19 en el país, por parte del Minsa.
- Los entierros clandestinos y nocturnos de personas fallecidas por el virus en los hospitales.
- La continuidad de las clases presenciales en todos los niveles de educación pública.
- La fantasiosa y cruel idea de la inmunidad de rebaño, sin antes haber garantizado el proceso adecuado.
- El despido de personal de Salud que manifestó su preocupación por la mala gestión gubernamental de la pandemia.
- La centralización de las pruebas de covid-19 al Minsa, impidiendo que se realicen en el sector privado de Salud.
A esta lista se le pueden agregar otros factores, o se pueden derivar otros de los ya mencionados. En temas de salud pública, políticas sanitarias y epidemiología, nuestro país ha saldo reprobado y por mucho. Al día de hoy, la mayor parte de la población nicaragüense ha tenido familiares contagiados por covid-19, fallecidos o incluso, han sido pacientes a causa de la misma enfermedad.
Pero ahora en 2021, las cosas no parecen cambiar mucho en este tema, el Gobierno sigue minimizando el problema, manipulando las cifras, incumpliendo las recomendaciones sanitarias para la prevención y mitigación de los casos, continúa desvalorizando la integridad física y psicoemocional de la población, e increíblemente, ignorando las necesidades de los únicos a los que de verdad les ha tocado desatar una lucha mortal contra la pandemia en primera línea: el personal de Salud.
¿Cómo es posible que, gracias a las donaciones de vacunas recibidas, el país ya cuente con miles de dosis y aún no se haya puesto en marcha un plan general de vacunación para los profesionales sanitarios que están cara a cara con el virus?
Es inadmisible pensar que los médicos, enfermeros, laboratoristas, conserjes, técnicos y otros trabajadores de los hospitales, no sean una población de alto riesgo; pero así es como está funcionando el de por sí socavado sistema de Salud en Nicaragua, donde no se pensaría siquiera en mandar a misiones a un soldado sin proveerle armas y municiones, se escandalizarían si se enviara a un policía a cubrir un tiroteo, sin antes darle chalecos antibalas y pistolas, se burlaría de la presencia de los bomberos en un incendio, sin sus respectivos camiones cargados de agua y sus trajes de protección; esto porque claramente sería absurdo en cada uno de los casos.
Pero sí se manda al personal médico y de enfermería a enfrentarse con uno de los peores virus en la historia de la humanidad, que ha arrastrado consigo millones de muertes alrededor del mundo; sí se les orienta seguir atendiendo a la población, sin antes proveerles de los equipos necesarios para su debida protección, dicha incoherencia ha dejado su costo a nivel gremial en los trabajadores de la Salud, pues ya estos profesionales acumulan en sus listados al menos 116 defunciones y unos 884 casos de contagios, según lo reportado por la Unidad Médica Nicaragüense en su comunicado #2-2021.
Increíblemente, Nicaragua sigue esperando de donaciones de vacunas, porque aparentemente no hay suficiente presupuesto para comprar más dosis, patrón que ha seguido esta administración nacional, menos para la Salud y más para las armas y para la propaganda política perpetua.
De seguir con actitudes gubernamentales como las que se han presentado hasta ahora, seguiremos pereciendo como pueblo, y no solo por culpa del virus, sino de la mala gestión estatal implementada en su paso por Nicaragua. No hemos podido regular los casos de la cepa inicial que nos afectó, y ya se aproximan nuevas variantes de las cuales no se puede esperar benignidad, siendo potencialmente más transmisibles y por ende más difíciles de tratar.
Es un tema que nos debe preocupar a todos, incluyendo a los adeptos al régimen sandinista, pues por mucho que el Gobierno quiera convencer de que todo está controlado, que todo está bien, que está normal; no es así y no lo será a menos que haya acciones concretas y bien definidas en materia sanitaria contra el virus, el discurso político de la Presidencia, no puede convencer al covid de irse del país, la enfermedad no distingue de asuntos políticos, por eso debemos estar claros que la salud es primero y es un Derecho Humano que se debe respetar y garantizar de forma integral.
